Se sabe que los gobiernos en su afán de mostrar buenas cuentas a la ciudadanía se valen de estrategias para sondear y manipular a la opinión pública.
Se sabe también que en política, los aspirantes en campaña siempre prometen más de lo que pueden cumplir; y se sabe que no hay gobierno que no mienta, con tal de mostrarse como una administración ejemplar.
La seguridad pública no es ajena a estos métodos y tal parece que las cifras de combate a la delincuencia vienen de tiempo atrás sufriendo algunos manipuleos que de no existir los monitores ciudadanos, ni siquiera nos daríamos cuenta de que no son tan reales como dicen.
Ya han sido varias las organizaciones que han levantado la voz para señalar estas inconsistencias. Primero fue el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, luego la organización Alto al Secuestro, y ahora el Observatorio Ciudadano Nacional.
Esta última ha identificado las principales discrepancias en las cifras de delitos denunciados por dos fuentes estadísticas oficiales del país, poniendo en duda la validez de los datos que señala un gran descenso en los homicidios.
Y es que después de analizar 2 mil 13 datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Secretariado Ejecutivol del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), encontró grandes diferencias que indican que están usando sistemas inconsistentes para reunir y compilar información sobre delitos.
En algunos casos, la información reportada por el INEGI y el SESNSP mostró tendencias delictivas contradictorias en el mismo estado.
En Puebla, por ejemplo, el INEGI reportó un aumento del 17 por ciento de los homicidios entre 2012 y 2013, mientras que las cifras del SESNSP mostraron una disminución de casi el 26 por ciento en el estado durante el mismo período. Y así numerosos ejemplos que arrojan como conclusión que no hay información confiable para producir un diagnóstico de la violencia en el país.
En torno a este tema, la ONG internacional In Sigth Crime afirma que el presidente Enrique Peña Nieto ha trabajado para resaltar los logros de seguridad de México, argumentando que la tasa de homicidios durante los primeros seis meses de 2014 había caído un 27 por ciento respecto al mismo período en 2012.
Lo cierto es que no está claro de dónde proviene su información, ya que el informe del ONC, con cifras distintas, ahora plantea la cuestión de qué tan confiables son las cifras que dio a conocer el mandatario la víspera.
Mientras que el ONC atribuye las diferencias entre las cifras del INEGI y SESNSP a las variaciones en la metodología, es posible también que sean los cálculos políticos los que sean buena parte de la ecuación.
Con demasiada frecuencia las estadísticas de delincuencia son manipuladas por los gobiernos, quienes a toda costa quieren controlar la información para adaptarse a la narrativa de seguridad que desean presentar.
Por ejemplo, Venezuela tiene una reputación particular para adulterar las cifras de homicidios, y las últimas versiones a la baja de asesinatos en Honduras no son precisamente por eficiencia, sino por un cambio drástico en la forma en que los asesinatos son contados oficialmente.
Por estas razones, además de metodologías defectuosas y a conveniencia, se deben tomar las estadísticas de países violentos en general, de manera crítica y con mucha reserva.
Independientemente de la cantidad de tasa de homicidios en México haya o no disminuido, la administración de Enrique Peña Nieto está perdiendo la batalla estadística cuando se trata de sus propios índices de aprobación.
Y todo parece indicar que la baja de popularidad del mandatario tiene que ver con la percepción general en torno al empeoramiento de la seguridad, lo que puede estar relacionado con el hecho de que mientras los asesinatos aparentemente han disminuido, los delitos como el secuestro y el robo a mano armada tienen un dramático aumento. Gracias. Hasta mañana.
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