La inseguridad pública y la galopante criminalidad se han convertido en un factor que afecta negativamente a la economía nacional. Aunque las autoridades de la Secretaría de Hacienda se empeñen en no abordar el tema en público, el impacto de la delincuencia organizada en la productividad es real y desde hace meses es preocupante.
Las empresas gastan un promedio de 30 mil 450 pesos anuales en la prevención del delito y en zonas de alta criminalidad el gasto es mayor. Las grandes compañías pueden con estos costos, no así las pequeñas y micros quienes pagan por un tiempo, pero terminan cerrando sus puertas arrojando a sus trabajadores al desempleo.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), las compañías de todo tamaño sufren pérdidas de una amplia gama de ataques criminales. El más importante es robo a mano armada, que afecta al 23 por ciento, el robo a los empleados, con el 18 por ciento, y la extorsión con el 16 por ciento de las empresas que informaron sobre el delito.
Pero esos no son los datos preocupantes del sondeo, el problema es que sólo el 15 por ciento de los delitos contra las empresas son reportados a las autoridades, y es lógico en un país en el que las instituciones policiales no merecen ninguna confianza. El no denunciar estos hechos ha impulsado a los criminales a seguir delinquiendo por la improbabilidad de siquiera ser denunciado y mucho menos ser perseguido o encarcelado.
Este panorama negro para el sector empresarial está lejos de terminar ya que en los últimos años los grupos criminales han diversificado la manera en la que obtienen ingresos. Sin dejar el tráfico de estupefacientes, los cárteles de la droga han incursionado en el secuestro, el robo y la extorsión para financiarse.
Las empresas más afectadas se asientan en estados como Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas, localidades donde se vive una intensa lucha entre cárteles. Y aunque todas las empresas son potencialmente objetivos para la actividad ilícita, últimamente se ha dirigido a empresas exitosas.
En 2012 Los Caballeros Templarios atacaron instalaciones propiedad de una subsidiaria local de Pepsico, y son los principales sospechosos del asesinato de un ejecutivo local de ArcelorMittal, un productor de acero multinacional que opera en Michoacán.
En 2013 la ola de extorsiones obligó a tres de las más importantes empresas de propiedad mexicana —ICA, Grupo Carso y Cemex— a escribir una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto, quejándose de extorsión y de la posibilidad de que los grupos delictivos se hayan insertado en el gobierno financiando proyectos de obras.
La actividad empresarial normal es, por supuesto, un elemento básico de una sociedad libre, pero los ataques criminales a las empresas han dado al traste con esa filosofía de negocios.
En México los costos directos que las empresas orientan al crimen, como los pagos de extorsión o bienes robados, y los costos indirectos tales como la inversión en seguridad, han terminado por por afectar su productividad y sustento mismo. Urge solución.
PARA EL REGISTRO La decisión de la panista Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, de contender por la Presidencia de la República en 2018 dará mucho de qué hablar. Por lo pronto, un factor importante en contra es el gobierno de su marido, que no pudo concretar reformas legislativas y dejó al país sumido en sangre por una fallida guerra contra el crimen organizado. La panista va a un escenario donde irremediablemente le reclamaran los errores del gobierno pasado, que son muchos. Suerte. Gracias y buen inicio de semana.
@betata75
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