En el contexto internacional predomina la desazón luego de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que opera bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en torno a los eventos en la sangrienta noche del 26-27 de septiembre de 2014.
El informe que el grupo presentó hace unos días causó mella en gobiernos y analistas, principalmente de Estados Unidos, país donde se cree que la reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto dejó muchas preguntas sin respuesta, postura que confirma la profundidad de la corrupción a nivel local y nacional alrededor de la trágica muerte de los jóvenes.
Se asegura que el gobierno de México —beneficiario de más de dos mil millones en asistencia de seguridad por parte de Estados Unidos a través de la «Iniciativa Mérida» en los últimos ocho años— no sólo emitió un informe falso el año pasado basado en declaraciones bajo tortura para desviar la atención, sino que obstaculizó activamente la labor del GIEI.
Los análisis allá aseguran que muchos detalles del secuestro, tortura y ejecución de los 43 jóvenes probablemente nunca serán conocidos, porque gran parte de la evidencia se ha contaminado o destruido, anulando de facto la credibilidad del gobierno mexicano.
Para ellos, el GEIE ha reconstruido una explicación verificable de eventos en los que la policía local, la Policía Federal y el Ejército enloqueció después de que los estudiantes se apoderaron de autobuses, como lo habían hecho en otras ocasiones con la tolerancia de sus propietarios, para emprender una protesta al día siguiente.
Dicen que las autoridades mexicanas rastrearon los movimientos de los alumnos, levantaron barricadas y emprendieron ejecuciones sumarias, y afirman que el encubrimiento se inició inmediatamente, culminando cuatro meses después, en un informe de la Oficina del Procurador General de la República en el que se acusa falsamente que los estudiantes estaban involucrados con narcotraficantes.
La reacción internacional para el informe ha sido fuerte, pero allá creen que la actitud del presidente mexicano ha sido equivocada y de bajo perfil; advierten que no podrá escapar a la responsabilidad personal por el escandaloso encubrimiento, la obstrucción, y la corrupción de las corporaciones policiacas, y condenan que la violencia que se ejerció contra los estudiantes no ha sido ni admitida, ni condenada, ni castigada, lo que refuerza la cultura de larga data del México de la impunidad.
Organizaciones estadunidenses presionan al gobierno de Barack Obama a emitir una respuesta enérgica ante lo que consideran una postura mexicana contaminada con mentiras deliberadas y opinan que Washington debería preguntarse si los millones de dólares de asistencia de la «Iniciativa Mérida», que se supone son para entrenar y equipar a corporaciones de seguridad mexicanas para promover una cultura de la legalidad, han sido una buena inversión.
PARA EL REGISTRO No sorprende que candidatos priistas, y sin duda de otros partidos, estén coludidos con el narcotráfico en Tamaulipas. Ese estado fronterizo está marcado profundamente por el crimen organizado que ha logrado incrustarse en todos niveles de gobierno. No sorprendería tampoco que en los próximos días estalle la violencia luego de que partidos se atrevan a llevar cabo una obligada purga de «narcoaspirantes». Gracias y buen inicio de semana.
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ANTONIO BETANCOURT
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