Hace unos días senadores de oposición propusieron una iniciativa para crear una amnistía de ley en favor de los miembros de las autodefensas de Michoacán encarcelados. Esta amnistía beneficiaría principalmente a uno de sus líderes más conocidos, el doctor José Manuel Mireles.
Un total de 13 legisladores del PAN, PRD, PT y Nueva Alianza dieron a conocer la propuesta que beneficiaría a 383 autodefensas de Michoacán que enfrentan un proceso penal por delitos del fuero federal, como delincuencia organizada y portación de arma de fuego.
Exigen su libertad inmediata bajo el argumento de que hubo una ausencia de Estado, de que actuaron por la necesidad de salvaguardar la integridad física y, sobre todo, de defenderse de los abusos del crimen organizado.
De aprobarse la iniciativa, se beneficiarán sólo aquellos procesados que estén acusados de haber cometido delitos del orden federal en Michoacán entre el 24 de febrero del 2013 al 1 de septiembre del 2014 y que hayan sido detenidos entre el 7 de marzo del 2013 y el 1 de septiembre de este año.
También, que hayan pertenecido a las autodefensas y que su participación en esas conductas se encuentren motivadas por un estado de necesidad para salvaguardar su integridad física y la de su familia ante los ataques del crimen organizado.
La iniciativa se basa en el argumento de que los vigilantes encarcelados fueron detenidos por razones políticas o sin pruebas suficientes.
Las autodefensas, que también existen en otros estados del país, han llamado la atención internacional por ser lo que llaman grupos de justicia por propia mano, que solo buscan la seguridad de sus comunidades ante el fracaso de las autoridades.
En Estados Unidos, especialistas observadores de los sucesos en México aseguran que las condiciones de esta amnistía y el hecho de que la propuesta haya sido escrita por senadores de partidos de oposición sugiere motivos políticos y podría estar dirigida para desacreditar las políticas del gobierno hacia los grupos de autodefensa.
Aseguran que las fechas que figuran en la propuesta parecen haber sido elegidas específicamente para garantizar la libertad del líder vigilante José Manuel Mireles, quien fue detenido el 27 de junio y quien ha sido un fuerte crítico de la estrategia de seguridad del gobierno de Michoacán y su política hacia las fuerzas comunitarias.
Como recordamos, en enero el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto llegó a un acuerdo con las fuerzas de autodefensa para institucionalizar los grupos e incorporarlos a las unidades de defensa rural.
Sólo una pequeña parte de los vigilantes de Michoacán estuvieron dispuestos a unirse a estas unidades de defensa institucional, y la mayoría ha optado por estar fuera de la ley en la defensa de sus pueblos.
Sabemos que la captura de Mireles fue recibida con críticas y protestas generalizadas, incluyendo una campaña para animar a los partidarios a raparse la cabeza en solidaridad con el líder, cuya cabeza fue rapada en la cárcel.
Incluso antes de la detención de Mireles, una encuesta realizada por la casa Parametría mostró que más del 70 por ciento de los entrevistados tenía una imagen positiva de las fuerzas de autodefensa, lo que significa —según estos especialistas en Estados Unidos—, que el apoyo a los grupos podría ser políticamente ventajoso para los grupos de oposición.
Pero seamos concretos, aparte de las consideraciones políticas, la ley de amnistía conlleva el riesgo de que podría también liberar a miembros que participaron en actividades delictivas.
La propuesta nació con ese error de origen, y es que supone que todos los elementos de las autodefensas estaban motivados por el deseo de proteger a sus comunidades, cuando hay indicios de que estos grupos han sido infiltrados por criminales que solo buscan beneficio propio. Cuidado con eso. Gracias. Hasta mañana.
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