La denuncia ciudadana se ha convertido en los últimos años en la única defensa que tienen los mexicanos para hacer entender a las autoridades que deben hacer su trabajo con profesionalismo y honestidad.
En medio de este clima de criminalidad rampante, en el que las policías han quedado rebasadas y el gobierno se dedica a ofrecer cifras alegres en lugar de estructurar una propuesta que realmente disminuya la delincuencia, debemos hacer escuchar nuestra voz.
El pasado sábado 26 de julio, varias familias de personas desaparecidas en Querétaro, haciendo valer este derecho, se concentraron fuera de las oficinas del Gobierno del Estado con el fin de solicitar una audiencia con el gobernador, el procurador, el Consejo de Seguridad, el delegado de la PGR o el comisionado de la Policía Federal.
El propósito era poder acordar acciones de búsqueda y localización de personas que han desaparecido recientemente en este Estado, ante la inacción de las autoridades locales y estatales.
La respuesta, vía un trabajador de gobierno, fue que en días próximos se les recibiría. Por supuesto, las familias solicitaron se les notificara de formas escrita y oficial para confiar que el gobernador cumpliría su palabra de atenderlas, pero este sencillo trámite de repuesta al derecho de audiencia les fue negado.
El pasado domingo amanecieron ponchadas las llantas de la camioneta de trabajo de una miembro de esas familias, quienes entienden esto como una amenaza para intimidarlas y que no sigan exigiendo se busque a sus seres queridos.
Ante estos actos de hostigamiento, las familias decidieron volverse a movilizar para exigir ser atendidas por el gobernador, haciendo un plantón en uno de los carriles de una de las carreteras principales del estado, dejando varios más libres para facilitar el tránsito.
Su demanda es la misma: ser atendidas por las máximas autoridades de Querétaro encabezadas por el gobernador, así como con dependencias federales, para insistir en acordar un mecanismo de búsqueda urgente de sus desaparecidos.
El bloqueo fue infructuoso porque no solo no fue atendida de manera oficial su demanda, sino que el gobierno del Estado envió una gran cantidad de efectivos de seguridad a intimidar.
A uno de los manifestantes lo agredieron dos policías encapuchados cuando estaba estacionando su vehículo para sumarse al plantón, y con varios de los familiares se han acercado hombres civiles para decirles “les vamos a partir la madre” y otras expresiones amenazantes.
Diversas ONGs han manifestado su apoyo a estas familias que lo único que han hecho es ejercer su derecho a la protección y la seguridad, funciones a las que están obligadas la autoridades, comenzando por el gobernador.
Estas ONGs exigen que se garantice la seguridad e integridad de las familias de desaparecidos en Querétaro, y hacen responsable al gobernador del Estado, José Calzada Robirosa, de cualquier acto contra ellos cuya legítima demanda debe ser atendida.
Muchos especialistas nos lo han mencionado, pero nos resistíamos a creerlo, pero tal parece que en México funcionan dos tipos de autoridades; por un lado, el Gobierno Federal que insiste que el índice de criminalidad va a la baja, cuando numerosas voces tanto nacionales como internacionales lo desmienten.
Y por el otro, los gobiernos locales, esos virreinatos corruptos en muchos casos que manejan el gobierno a su antojo y que les preocupa todo menos la seguridad de sus gobernados.
Desde esta tribuna exigimos se respete el derecho de audiencia y el derecho de las familias a exigir justicia y búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, y exigimos acciones urgentes e inmediatas de búsqueda al gobierno del Estado de Querétaro, y a las dependencias federales a través del Plan Nacional de Búsqueda.
Estos hechos se dieron a conocer por la valentía de estas personas, pero ¿cuántos casos similares pasan en otros estados que no se llegan a conocer? ¿cuántas familias ceden al amedrentamiento de los gobiernos estatales y municipales que los obliga a callar y a someterse con actos vandálicos? Gracias. Hasta mañana.
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