ANIMAL POLÍTICO
Un juez federal ordenó la inmediata liberación de dos mujeres que fueron detenidas por el Ejército mexicano en junio pasado, durante los hechos ocurridos en en una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en donde 22 personas perdieron la vida.
El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México decretó el sobreseimiento del proceso penal que se les instruyó por los delitos de acopio de armas de fuego, y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
“Lo anterior, en virtud de que durante la audiencia final, el Agente del Ministerio Público de la Federación presentó conclusiones no acusatorias en favor de ambas, mismas que fueron ratificadas en la propia diligencia”, indica una nota informativa dada a conocer este lunes 15 de diciembre.
Actualmente, ambas mujeres se encuentran en el Centro Federal Femenil de Readaptación Social en Tepic, Nayarit, por lo que el Juzgado le giró la orden “a la autoridad penitenciaria y exhorto al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, en turno, a efecto de que sean puestas en libertad”.
De acuerdo con el juez federal, ambas mujeres estuvieron presentes en los hechos ocurridos en junio pasado, en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde perdieron la vida 22 personas que se encontraban en el interior de una bodega.
En noviembre pasado, el entonces titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, aseguró que las dos mujeres son inocentes, puesto que no eran parte del presunto grupo criminal al que pertenecían los 22 muertos en una bodega de Tlatlaya, en el Estado de México.
Dijo que, de acuerdo con una investigación realizada por la CNDH, las dos mujeres fueron torturadas y agredidas sexualmente por funcionarios estatales para que validaran una versión falsa dada por el Ejército en el sentido de que hubo un enfrentamiento.
Hasta ahora, siete soldados del Ejército mexicano cuentan con auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, encubrimiento y abuso de autoridad, debido a que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que los militares asesinaron a los presuntos delincuentes cuando éstos ya se habían rendido.
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