RITA MAGAÑA TORRES
Al recibir el Senado las respuestas a preguntas parlamentarias por el II Informe de Gobierno, el documento refiere que en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno federal emprendió acciones para conocer la ubicación de los estudiantes, brindar atención a las víctimas e impartir justicia, a partir de la verdad de los hechos.
En sus respuesta el presidente Enrique Peña Nieto hace referencia que no sólo atrajo la investigación, sino también asumió el control de seguridad en Iguala y otros municipios de esta entidad.
Informa que al 30 de octubre de este año se tenían 56 detenidos, entre policías municipales e integrantes del grupo conocido como Guerreros Unidos, realizó 13 cateos a inmuebles, aseguró 6 vehículos como instrumentos del delito, y vinculado a la desaparición de los estudiantes.
Señala que el 4 de noviembre fueron detenidos el ex edil de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, ambos prófugos de la ley.
Destacó que con estas acciones se continúa trabajando, como prioridad en encontrar a los estudiantes desaparecidos y regresar la tranquilidad a los habitantes de esa región de Guerrero.
Al mismo tiempo, precisó que se busca garantizar que los responsables de estos lamentables hechos obtengan la sanción que establece la ley, se fortalecen las instituciones de seguridad, a fin de recuperar la confianza de la sociedad.
Sobre el caso Tlatlaya, donde se dio la ejecución de civiles por militares, el Ejecutivo apunta que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que según los artículos 37 y 57 de Código de Justicia Militar, al concluir la agresión armada intervino el agente del ministerio público del fuero común, adscrito a Tejupilco, estado de México, quien realizó las primeras diligencias.
Resalta que el resultado fue la aprehensión y en proceso ministerial varios elementos de la Sedena: un teniente de infantería, por ejercicio indebido de servicio público y encubrimiento de no procurar impedir la consumación de un delito
También, agrega, a tres elementos más por abuso de autoridad, ejercicio indebido del ejercicio público, homicidio calificado y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, y tres elementos más por ejercicio indebido de servicio público.
El PRD solicitó el nombre y grado castrense de los militares que son investigados por el enfrentamiento en la comunidad rural de San Pedro Limón, del citado municipio.
Al respecto, la Presidencia de la República explica que está imposibilitado para dar los nombres de militares, porque la Constitución señala la obligación de garantizar la protección de derechos humanos de las personas sin distinción alguna, pero detalla los grados castrenses y delitos de los que se les acusa.
La lista es: un Teniente de Infantería, por ejercicio indebido de servicio público y encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito; un Sargento 2º de Infantería y dos soldados de Infantería, acusados de homicidio calificado y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo; y otro soldado de Infantería, un cabo y un soldado de Transmisiones, acusados de ejercicio indebido de servicio público.
El documento, que contiene las respuestas de Enrique Peña Nieto, señala que, de manera paralela, se sigue un proceso penal en el fuero militar contra los militares ante el Juez Sexto Militar adscrito a la I Región Militar.
Ello, mediante los delitos de desobediencia e infracción de deberes militares a cada militar según su comisión o empleo, delitos considerados contra la disciplina militar y, por ende, competencia exclusiva del fuero de guerra, en términos de previsto por el artículo 57 del Código de Justicia Militar.
En cuanto a la reforma hacendaria, el gobierno federal cuestionado por el PRI, PAN y PRD, señala que ha tenido resultados positivos, pues los ingresos tributarios aumentó en 6.3 por ciento en el periodo de enero a julio de este año, con lo cual se fortalece la capacidad financiera del Estado.
Detalla variaciones positivas en el gasto programable en el citado periodo en diversos rubros.
Así, el gasto en inversión física tuvo un incremento anual de 28.9 por ciento, el gasto en educación incrementó 4.9 por ciento, en actividades de vivienda y servicio a la comunidad creció 19.2 por ciento, en proyectos de transporte aumentó 82.6 por ciento, y en apoyo a actividades del sector primario se elevó en 12.1 por ciento.
El Ejecutivo federal considera que los mayores ingresos tributarios han permitido compensar el efecto de la revisión a la baja de la plataforma de producción de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Y es que, a causa de los problemas de medición, la paraestatal revisó a la baja la plataforma de producción correspondiente a 2014, de 2.52 millones de barriles diarios a 2.35 millones.
Por el contrario señala que gracias al crecimiento de los tributarios, a julio de 2014 los ingresos públicos totales son mayores al programa, a pesar de que hay un faltante en los ingresos petroleros de alrededor de 30 mil millones de pesos.
El documento califica a la reforma fiscal como una modificación progresiva y redistributiva del ingreso. Explica que se evitó el IVA en alimentos y medicinas, lo cual hubiera provocado un incremento de la pobreza de 14 millones de personas.
Además de que 10 por ciento de la población con mayores ingresos aporta 54 por ciento de la recaudación adicional; las tasas del Impuesto Sobre la Renta afecta a menos de 1 por ciento de los mexicanos; las ganancias de la Bolsa de Valores pagan 10 por ciento de impuestos, detalla.
Destaca que en mayo de este año, el gobierno federal recibió 5 mil 500 millones de pesos provenientes de un pago definitivo extraordinario de 310 grupos empresariales por concepto del ISR, como resultado de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, que eliminó la mayoría de los regímenes preferenciales y tratamientos especiales.
Peña Nieto, en las repuestas, hace énfasis en la distribución de los recursos recaudados a las personas que menos tienen, por medio de los programas diseñados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y los instrumentos de la Política Social de Nueva Generación.
Es decir, la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), que reporta 3.1 millones de personas beneficiadas, y el rediseño del Programa Oportunidades, ahora llamado Prospera.
La reforma educativa, puntualiza lo enviado al Senado de la República, al contestar una pregunta del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha beneficiado a 806 mil 851 alumnos de comunidades con alto índice de pobreza y marginación, que han recibido alimentación mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
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