El también investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que dicho proceso legislativo se ha concentrado en aspectos puntuales que necesita el poder Judicial desde un punto de vista cupular, lo que deja de lado un impacto a la justicia que recibe la población.
“El mayor problema es que es mucho ruido y pocas nueces, hay reformas muy importantes que necesita la justicia mexicana como fortalecer a los poderes judiciales locales dándole un recurso judicial como el amparo”, agregó en entrevista para Forbes México.
- Añadió que hay un buen contexto para hacer cambios en el rubro, ya que hay una disposición del presidente y del órgano legislativo; además del cambio de rumbo que hubo en las elecciones de 2018.
- Suárez Ávila insistió en la necesidad de emitir un Código de Procedimientos Mercantiles y Civiles, así como reformar la educación jurídica en el país.
Para agilizar los procesos de justicia, subrayó el abogado, se debe dotar a las entidades federativas de recursos como el amparo, para que así el Poder Judicial de la Federación (PJF) sólo intervenga en casos extraordinarios.
“Si tuviéramos una reforma donde los estados pudieran tener un amparo o un medio similar tendríamos que muchos de los problemas de la justicia se terminarían ahí y no tendrían que escalar al juicio de amparo, el cual es muy caro”, acotó.
- Aunque el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar, han asegurado que la reforma judicial está encaminada para terminar con la corrupción y el nepotismo, Suárez Ávila insistió en que hace falta más elementos para ello.
El jurista comentó que para tales propósitos, el dictamen prevé la creación de una escuela federal de formación judicial, para que así en esta institución se forjen los jueces y se dejen de lado las malas prácticas.
A pesar de ello, dijo ver algunas debilidades en su construcción, puesto que no ve claridad en que los procesos y reactivos estén elaborados con apoyo de instancias externas, como lo señalan las recomendaciones de las garantías para operadores de justicia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“La escuela como esta propuesta sigue siendo muy concentrada al interior del Poder Judicial, la apuesta está ahí pero para mí no es todavía muy claro que ese sea efectivamente el camino con el que se pueda terminar el problema de corrupción y negocios que arrastra desde hace varios años el poder judicial”, sentenció.
Reforma «debilita» la autonomía del Poder Judicial
El Congreso mexicano avaló el pasado lunes una reforma judicial entre las críticas de legisladores de la oposición porque consideran que «debilita» la autonomía del Poder Judicial y la separación con el Ejecutivo.
- Con 319 votos a favor y 88 en contra, la Cámara de Diputados avaló la iniciativa constitucional propuesta por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, con el apoyo del mandatario Andrés Manuel López Obrador.
- «Este dictamen implica un riesgo por sus consecuencias, sobre todo para la autonomía del Poder Judicial y en cuanto a los controles de los Poderes de la Unión», aseguró la diputada Pilar Ortega al anunciar el voto en contra del derechista Partido Acción Nacional (PAN).
La reforma, aprobada el 27 de noviembre por el Senado, generó polémica desde que López Obrador y Zaldívar la anunciaron en conjunto en febrero.
La iniciativa, que ahora deberá avalar la mayoría de los congresos estatales por ser constitucional, establece un servicio de defensoría pública, una Escuela Federal de Formación Judicial y una renovación de la carrera judicial.
- También fortalece las facultades del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a cargo del presidente de la Suprema Corte, para «combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el poder judicial».
- Además, se buscará capacitar a los jueces para que tengan un perfil «más cercano», «capacitado» y «sensible».
- Asimismo, se hace «una apuesta» para avanzar en «paridad de género» y, según los objetivos del Gobierno, impulsar un «nuevo perfil» de defensores públicos que sean «verdaderos abogados de los pobres».
«Marcará el inicio de una nueva época en el sistema jurídico mexicano porque abona al fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos», defendió la diputada Aleida Alavez, del gobernante Movimiento Regenación Nacional (Morena), al presentar el dictamen.
La reforma recibió el apoyo de partidos de oposición como el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
- Pero el PAN y el liberal Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron que la reforma «genera desconfianza» porque el oficialismo apresuró su aprobación.
- “El proceso legislativo de la reforma está truncado, es insuficiente», aseveró Adriana Medina, legisladora de MC.
La relación entre Zaldívar y López Obrador despierta más sospechas desde el 1 de octubre, cuando el presidente de la Corte apoyó declarar la constitucionalidad de la consulta popular del Gobierno para juzgar a los expresidentes del «periodo neoliberal».
- Los opositores acusaron al Gobierno de utilizar como moneda de cambio el aval de la reforma, que también crea tribunales de apelación con la integración de más de 200 magistrados, amplía la discrecionalidad de la Suprema Corte en la revisión de amparos y transforma la manera de sentar precedentes.
Por ello, al anunciar el voto en contra de la bancada de MC, el diputado Juan Carlos Villarreal denunció que la reforma conduce “a una concentración desmedida de poder, inclusive con un empoderamiento inexplicable del presidente de la Suprema Corte».
“La parte medular crítica de esta reforma constitucional es la doble presidencia, esto es la evidencia y prueba de que se van a generar conflictos de interés”, sentenció.
Preocupa a relator de la ONU inconsistencias en la reforma judicial
El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán, manifestó su preocupación por las inconsistencias en la reforma judicial que fue aprobada en el Senado y se discute en la Cámara de Diputados.
Lo anterior, de acuerdo con una carta que envió al gobierno de México y que hizo pública este miércoles el senador Germán Martínez, de Morena.
En la carta, fechada el pasado 30 de noviembre, el abogado García Sayán indica que el conjunto de iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia, aun cuando fortalecen en parte la administración de justicia, “presentan potenciales inconsistencias frente a estándares internacionales sobre independencia judicial”.
- El relator de la ONU recuerda al Estado mexicano que, en su último examen periódico sobre México de febrero de 2019, el Comité de Derechos Humanos ya había manifestado sus preocupaciones y recomendaciones sobre iniciativas legislativas previas que podrían afectar la independencia judicial.
- Por ello, recomienda al gobierno tomar “medidas inmediatas” para proteger la plena autonomía, independencia, imparcialidad y seguridad de los jueces, magistrados y fiscales.
- Además, señala que antes de proceder a una discusión estrictamente parlamentaria, se debería llevar a cabo una amplia discusión nacional para que se garantice la participación de magistrados y jueces, así como sociedad civil en la construcción del proyecto de reformas.
Otro de los temas que llama la atención del relator son los cambios bruscos de adscripción, ya que, según manifiesta, podrían atentar contra principios de estabilidad en el cargo, enfatizados en la resolución del Consejo de Derechos Humanos que alienta a los Estados, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas.
“Dada la amplia extensión territorial de México, un cambio de adscripción de distrito o de circuito judicial lleva implícito un cambio en el proyecto de vida personal, profesional y familiar, que requiere un proceso de asimilación temporal para realizar los ajustes económicos y logísticos necesarios, lo cual amerita una resolución razonada que respete el principio de razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad”.
- A su vez, Germán Martínez envió una carta al relator especial para informarle que la reforma fue redactada exclusivamente por la oficina del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y que, pese a su esfuerzo, como coordinador de los trabajos, por organizar “auténticos” foros de Parlamento Abierto sobre el tema, incomodaron al presidente de la Suprema Corte y “no permitió la deliberación abierta y plural”. Por ello, dijo, declinó en la encomienda de seguir coordinando los trabajos para dichas reformas.
El senador manifestó que comparte la preocupación del relator sobre el atentado que implica la reforma contra el principio de independencia judicial establecido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en contra de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por la ONU desde 1985.
“No creo en una monarquía judicial. Si quienes tienen la encomienda de controlar el poder desde los cauces de la Constitución no se autocontrolan, nuestra eficiencia juzgadora está en riesgo, y también, si quienes ostentamos la representación de la Nación, nos sometemos a paraísos prometidos desde otro poder o sucumbimos al servilismo, la división democrática del poder está en duda”, expresó en su carta el legislador morenista./Agencias-PUNTOporPUNTO
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