AGENCIAS
La policía española podrá expulsar inmigrantes a Marruecos sin mediar permiso judicial en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, según una ley aprobada el jueves por el Parlamento.
La Ley de Seguridad Ciudadana incluye una cláusula de devolución de extranjeros sin autorización de residencia que pretende responder a la presión migratoria que sufre España en esos enclaves al norte de África. La norma ha sido rechazada por la oposición y organizaciones humanitarias y de derechos humanos como Human Rights Watch.
La ley fue aprobada por 181 votos a favor del gobernante Partido Popular y 141 en contra y pasó al Senado, donde podría sufrir alguna modificación. A pesar de las críticas, los populares -con mayoría absoluta en las cámaras- no parecen dispuestos a dar marcha atrás.
Más de 4.600 extranjeros, en su mayoría de origen subsahariano, franquearon las vallas que separan Marruecos de Ceuta y Melilla en casi 20.000 intentos de entrada registrados en 2014, según datos del Ministerio del Interior. La cifra es más del doble que el año pasado pese a que las autoridades reforzaron la seguridad de ambos vallados, de seis metros de altura, con mallas que impiden trepar y alambres con pinchos.
«Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España», dice texto aprobado.
Human Rights Watch aseguró en un comunicado que este procedimiento de expulsión automática es una «clara violación» de la legislación europea e internacional en materia de derechos humanos.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, invitó a los países y organizaciones críticas a hacerse cargo de los inmigrantes que llegan a España y facilitarles una atención digna y un empleo.
Actualmente los inmigrantes que logran pisar territorio español tienen derecho a asistencia legal y a solicitar asilo. Con la nueva ley podrán ser expulsados si no superan la línea fronteriza, que abarca varios metros.
Los extranjeros que entran en los enclaves son normalmente recluidos en un Centro de Internamiento para Extranjeros por un máximo de 60 días. Si logran ser identificados, se inicia un proceso de repatriación. Pero si no es posible, algo que ocurre en muchos casos, son liberados.
La Ley de Seguridad Ciudadana también establece nuevas sanciones por tenencia y consumo de drogas en vía pública, prostitución y participación en manifestaciones frente al Parlamento o las llamadas infraestructuras críticas. La oposición socialista cree que el gobierno trata de frenar la respuesta social que han provocado algunas medidas de austeridad en plena crisis económica y han bautizado a la legislación «ley mordaza».
La norma establece multas que van desde los 600 euros (744 dólares) hasta los 600.000 (744.432 dólares) si por ejemplo se perturba gravemente el orden en los alrededores del Congreso o el Senado.
Los manifestantes que traten de impedir a las autoridades ejecutar un desahucio podrían afrontar el pago de hasta 30.000 euros (37.215 dólares), lo mismo que las personas que distribuyan imágenes de policías que pongan en riesgo a los agentes, sus familias o la operación que desarrollan.
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