La Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal no ha dado resultados y debe haber un cambio, de lo contrario, “los efectos serán absolutamente negativos”, dijo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
- Al presentar el estudio “La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2018-2024); análisis desde la perspectiva de coherencia de políticas públicas”, Rivas dijo que “dos años es tiempo suficiente para un gobierno que llega con arrastre social, con el apoyo de las Cámaras (del Congreso), que supuestamente ha trabajado más de una década en construir una idea de qué tipo de gobierno debiera ser. Estos dos años deben ser el fin de los pretextos. (…) Seguir con el mismo trazo es un error. Los efectos serán absolutamente negativos”.
- Advirtió que hay errores de la política pública muy importantes. “No podemos decir hoy que en México tengamos mejores condiciones de seguridad y que tengamos mayor claridad. (…) El actual gobierno exhibe una serie de contradicciones que es lo que nos ha impedido tener resultados positivos para reducir los delitos; 2019 fue el peor año en matera de homicidio doloso, lesiones dolosas, feminicidios , trata de personas, narcomenudeo, robo a negocio, el segundo peor año en materia de extorciones, el tercero peor en materia de violaciones, el quinto peor en materia de secuestro, de robo con violencia, y octavo en materia de robo a transeúnte”.
Añadió que “en este 2020, pese a que hay una transformación en la forma en que vivimos los ciudadanos (por la pandemia), tuvo como efecto reducir los delitos comunes, pero no la violencia que sigue creciendo, y aparentemente 2020 se perfila para cerrar como el año más violento de la historia, rebasando al año pasado. Ni siquiera con la pandemia logramos frenar la violencia que existe en el país”.
Consideró que en materia de seguridad, “predomina la inercia, el desorden, la improvisación, y esto se transforma en un desperdicio de recursos, en violación a los derechos humanos, violencia e impunidad”.
Rivas afirmó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública “es incongruente con las propuestas que nos hicieron en campaña; desatiende lo que prometieron a los 30 millones de mexicanos que votaron por este gobierno”.
Añadió que el auge de las Fuerzas Armadas fue algo que se criticó en la campaña del 2006, 2012 y 2018 y ahora este gobierno las sobre utiliza casi en todo, desde la construcción de obras hasta el despliegue para contener la migración en el sur del país.
“Perseguir las mismas estrategias es un error. No hay forma de que no sea diferente, sobre todo cuando estas estrategias no plantean escenarios que sean un proceso paulatino. no hay diseño institucional que diga que las cosas empeoraron, pero habrán de mejorar”, comentó Francisco Rivas.
- Afirmó que el gobierno dice atacar la violencia y la inseguridad desde la raíz, y dedica una buena parte del gasto a programas sociales, pero no se observan mecanismos de coordinación entre la política de desarrollo social con políticas de salud, economía y seguridad para disminuir la violencia.
- “Atacar las causas no significa dar dinero a la gente, es entender por qué esa población en ese contexto está siendo parte o víctima del problema. ¿Dar dinero cuando estamos sumidos en la peor crisis económica que se recuerde, y que no es una crisis que inició con la pandemia, el año pasado ya veníamos con problemas?”, se preguntó.
Afirmó que no se han acabado las masacres ni las violaciones a los derechos humanos, mientras que la Ley de Amnistía era una oportunidad para despresurizar los penales y corregir los errores del sistema de justicia, “pero no hay ninguna evidencia de que se esté implementando”.
Llamó a dignificar el sistema penitenciario federal y local, y criticó que el gobierno federal centralice el gasto en seguridad y reduzca o desaparezca los fondos en esa matera.
“México en el mejor de los momentos, hace dos sexenios en 2006 llegó a gastar 1.2% del PIB (en seguridad pública). En los últimos dos sexenios el abandono ha sido impresionante. En el sexenio pasado no llegamos a gastar ni siquiera el 1% del PIB, pero en éste, estamos por el 0.08% del PIB”, aseveró.
- Francisco Rivas mencionó que eventos como la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, o la exhibición de armamento por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) representaron un problema para las instituciones de seguridad.
“¿Cuál es el rol del Estado frente a la delincuencia organizada? ¿Habrá un abandono? No es que el gobierno pueda o no quiera combatir la delincuencia, es su obligación combatir los delitos”, sostuvo.
“Los últimos 20 años México ha vivido procesos de violencia, procesos de descomposición y esa violencia ha llegado a su máxima expresión en los últimos dos años; si no construimos políticas sustentadas en datos, en información, capaces de que podamos verificarlas, lo que veremos es un significativo empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos y este gobierno pasará la historia como el más violento del país”, afirmó Rivas.
Encuentran 10 fallas en la Estrategia de Seguridad
Francisco Rivas calificó como lamentable que un gobierno “que se asume moralmente superior a sus opositores, no cumpla con sus promesas de campaña, y que por sus decisiones propicie un modelo de seguridad fallido”.
Enumeró 10 errores que, desde la óptica del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), comete la estrategia de seguridad federal:
- La militarización se ha extendido a diversos sectores de la administración pública. Las Fuerzas Armadas no regresaron a los cuarteles y hoy gozan de un poder sin precedentes. En tanto, la Guardia Nacional se consolida como una institución militarizada en los hechos.
- El uso de la política social para prevenir el delito es un sofisma. No hay correlación alguna entre los apoyos de programas prioritarios y la incidencia delictiva. No hay cohesión ni liderazgo en la agenda de prevención ligada a los programas sociales.
- El “pleno respeto a los derechos humanos” se contradice y vulnera prácticamente a diario desde el púlpito presidencial. Con la eliminación del Fondo de Protección los defensores de derechos humanos y periodistas están en el desamparo total.
- Las autoridades federales presumen ser feministas, pero niegan la violencia de género y la familiar. El verdadero feminismo está en las calles demandando la seguridad que el Estado les niega. Pese a los esfuerzos emergentes de planes y programas, no hay rectoría por parte del gobierno federal ni resultados que anunciar.
- La legalización de la marihuana con fines lúdicos y medicinales es inminente tras la aprobación de la reforma en el Senado, pero no se observa una política de drogas clara de la administración federal. Se pronostican severos problemas en la implementación de dicha reforma, algunos derivados de la falta de presupuesto.
- La administración federal predica diariamente en contra de las políticas neoliberales. Sin embargo, su política penitenciaria se centra en la continuidad del modelo privatizador de los penales federales.
- La eliminación del FORTASEG derrumba todo discurso federalista y socava las opciones locales de desarrollo policial. La implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica se vuelve prácticamente irrealizable sin recursos presupuestales.
- La “pacificación del país” por medio de la “regeneración ética” es un soliloquio presidencial. En la práctica, persisten las acciones de persecución e interdicción del crimen al mismo tiempo que un discurso que ve en estas la causa del incremento de la violencia y la inseguridad.
- La política de combate a los recursos de procedencia ilícita representa la principal ventana de oportunidad para el gobierno federal. Sin embargo, la asignación presupuestal no indica que sea una prioridad. Proyectos improvisados como la Guardia Financiera debilitan la coordinación entre las autoridades del sistema antilavado y generan dispendios de recursos humanos y financieros.
- La coherencia no es un atributo de las políticas públicas que se derivan de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La incongruencia entre el discurso y los hechos es una desafortunada constante en un gobierno que se asume moralmente superior a sus opositores y a cualquier voz crítica.
Uso del Ejército muestra la debilidad del Estado
El actual gobierno mexicano apostó por la creación de la Guardia Nacional y el uso de las Fuerzas Armadas para atender el problema de violencia e inseguridad en el país, lo que especialistas en la materia consideran es solo muestra la debilidad del Estado ante la problemática.
Lo anterior fue expuesto durante la mesa de análisis ‘Seguridad y crimen: más allá de hacer un balance, ¿qué estrategias podrían realmente funcionar?’, realizada este martes en el marco de la Cumbre de Negocios 2021.
«(El uso) del Ejército pareciese un acto de fuerza, pero en realidad es una muestra de debilidad del Estado mexicano», planteó en su intervención Jaime Domingo López Buitrón, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
- El también extitular del Cisen consideró que de aquí a cinco años podría verse un debilitamiento de las Fuerzas Armadas, lo que calificó de «gravísimo», pues las organizaciones criminales se van a sentir con la capacidad y el poder de retarlas.
- «Estaremos viendo también un tema de debilitamiento del Ejército de aquí a cinco años… El Ejército, al que ahora le estamos apostando todo, va a sufrir las consecuencias de atender temas que le son ajenos», agregó.
- Edna Jaime Treviño, directora de la asociación civil México Evalúa, señaló que las organizaciones criminales en México son capaces de cambiar sus actividades (de narcotráfico, a trata, a huachicol) porque hay una ausencia del Estado.
«Porque el Estado no está presente desde la parte punitiva, ni como proveedor de servicios básicos ni de esquemas que prevengan (la actividad delictiva). Es esta debilidad lo que está en el trasfondo de la seguridad pública… nuestro problema fundamental es la debilidad institucional y la ausencia del Estado en muchos aspectos», comentó la activista.
Por su parte, Falko Ernst, analista de la organización civil internacional Crisis Group, manifestó que el uso de las Fuerzas Armadas es necesario en las localidades más vulnerables, pero enfatizó que este no es el único instrumento al que los gobiernos pueden recurrir.
«¿Cómo balanceamos la aplicación necesaria de la fuerza? donde tenemos población tan vulnerable que necesita la protección del gobierno. Tenemos un Estado de conflicto que hace necesaria la aplicación de la fuerza en algunos momentos, pero no es el único instrumento… Necesitamos combinar la fuerza con otras alternativas», expuso.
Fortalecimiento institucional y acciones localizadas
Edna Jaime y Falko Ernst aplaudieron que uno de los componentes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sean los programas sociales, pero consideraron que esto no es suficiente para atender el problema de violencia, pues, explicaron, se requieren políticas de prevención.
«Es una idea muy atractiva poder ir a las causas del crimen y romper con los ciclos de carreras criminales violentas. El problema es que los programas sociales del presidente no están dirigidos para eso; no son programas de prevención del crimen y la violencia; la política de prevención se concibe de manera diferente, y en ese sentido no creo que vayamos a ver grandes resultados… Confundimos política social con políticas de prevención», lamentó Edna Jaime.
- La directora de México Evalúa indicó que se requiere partir de un diagnóstico local para identificar los factores de riesgo y diseñar instrumentos especiales para cada región.
- Por su parte, Falko Ernst, analista de la organización civil internacional Crisis Group, manifestó que el uso de las Fuerzas Armadas es necesario en las localidades más vulnerables, pero enfatizó que este no es el único instrumento al que los gobiernos pueden recurrir.
«¿Cómo balanceamos la aplicación necesaria de la fuerza? donde tenemos población tan vulnerable que necesita la protección del gobierno. Tenemos un Estado de conflicto que hace necesaria la aplicación de la fuerza en algunos momentos, pero no es el único instrumento… Necesitamos combinar la fuerza con otras alternativas», expuso.
Fortalecimiento institucional y acciones localizadas
Edna Jaime y Falko Ernst aplaudieron que uno de los componentes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sean los programas sociales, pero consideraron que esto no es suficiente para atender el problema de violencia, pues, explicaron, se requieren políticas de prevención.
«Es una idea muy atractiva poder ir a las causas del crimen y romper con los ciclos de carreras criminales violentas. El problema es que los programas sociales del presidente no están dirigidos para eso; no son programas de prevención del crimen y la violencia; la política de prevención se concibe de manera diferente, y en ese sentido no creo que vayamos a ver grandes resultados… Confundimos política social con políticas de prevención», lamentó Edna Jaime.
- La directora de México Evalúa indicó que se requiere partir de un diagnóstico local para identificar los factores de riesgo y diseñar instrumentos especiales para cada región.
- Falko Ernst comentó que se necesita una metodología, programas sociales con enfoque de prevención, alternativas económicas para las comunidades que padecen violencia e instrumentos legales, como la despenalización de la marihuana
«Lo que debería hacer el Estado mexicano, y la comunidad internacional en general, es desarrollar planes localizados para atender la violencia en las comunidades más afectadas», destacó.
También abogó por la transparencia y rendición de cuentas, porque sin estos aspectos, explicó, las Fuerzas Armadas seguirán siendo una «caja negra» en la que haya espacio para el crimen organizado.
Mientras que López Buitrón refirió que el problema central de esta administración es que se tiene un «mal diagnóstico» y una «lectura sesgada» de la seguridad, la violencia y la impartición de justicia.
«(Las autoridades) están en una lectura sesgada, por ejemplo, (en su estrategia) no se menciona el desorden jurídico que abona a la inseguridad y tampoco tenemos inversión en el Poder Judicial ni en el carácter penal», indicó.
Por lo que coincidió en que si no hay un fortalecimiento de capacidades institucionales y se regresa a las corporaciones a sus perímetros, difícilmente se resolverá la situación de inseguridad y de violencia y, por el contrario, podría haber una participación directa por parte de Estados Unidos.
La jugada de EU
López Buitrón y Falko Ernst plantearon que el tema de seguridad en México no necesariamente será de interés o de competencia del virtual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Para el directivo del CCE, más allá de Biden y de su equipo de gobierno, las agencias de investigación de EU tienen una impresión de que México es un «narcoestado fallido».
«El pronóstico que las agencias tienen de México es desfavorable y observan este deterioro (de seguridad). Es posible que vean acciones, eventualmente, más agresivas por su propio interés y no por el de México, y tomarán determinaciones… Si no se toman acciones, la jugada que sigue de parte de EU es, más que opinar, participar», enfatizó.
- De acuerdo con López Buitrón, a esto se suma una fractura en la relación de confianza entre las autoridades mexicanas y las estadounidenses —especialmente a partir de la detención del general Salvador Cienfuegos—, lo que tendrá resultados más negativos para México que para EU.
- En este aspecto, Falko Ernst manifestó que México no debe esperar demasiado de la administración de Joe Biden, pues hay mucho que resolver en EU, y para ese país México todavía no es la prioridad de los conflictos exteriores.
«La situación en México está siendo percibida desde afuera como una guerra latente, que no llama la atención como una situación especial o de urgencia», dijo Ernst, aunque consideró que con Biden puede haber mayores posibilidades de un diálogo.
En el panorama nacional, Edna Jaime expresó que la seguridad pública nunca ha estado en el centro de la agenda y, por el contrario, los gobiernos se distraen con otros factores. Y el actual gobierno, acusó, tampoco tiene interés en el tema.
«Nos vamos siempre por falsos debates, no hay atajos a la necesaria tarea de fortalecer a las instituciones civiles, es algo que requiere mucho tiempo, y esta administración desdeña todavía más en el tema», dijo.
Oposición calificó como ‘fiasco’ la estrategia de seguridad de AMLO
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, calificó como “un fiasco” en materia de seguridad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador debido a las cifras de este 2020.
- “Las cifras oficiales de víctimas de la violencia y la inseguridad en lo que va del año comprueban que este gobierno resultó un total fiasco e incumplió su promesa de brindar seguridad a los mexicanos. El 2020 superó la violencia e inseguridad del 2019 que ya se había convertido en el año más violento en la historia de México”.
El líder nacional del PAN reiteró su llamado al presidente López Obrador para que cambie la estrategia, voluntad política, se persiga y detenga a las bandas criminales, porque su estrategia de “abrazos y no balazos” solo las alienta y expande.
«El año 2020 va ser el más violento del que se tenga memoria, debido a que el gobierno de la 4T ha resultado un total fiasco y su sexenio será recordado como el más violento de la historia del país, señaló el presidente nacional del PAN, Marko Cortés (…) 32 mil 738 víctimas de homicidio y feminicidio registradas de enero a noviembre de este año (…) Llegamos a los escenarios que reiteradamente advertimos. Este gobierno incumplió con su promesa de darnos seguridad y claudicó en la lucha contra el crimen organizado y ofreció abrazos”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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