Despúes de la contracción económica inédita que derivó en la pérdida y suspensión de millones de empleos en México durante el segundo trimestre del 2020, los meses posteriores se han ido recuperando algunas plazas laborales con la reapertura, sin embargo, ésto no se ha traducido en una recuperación efectiva del bienestar de la población.
- La reapertura de actividades económicas y sociales sí impulsó una baja en el desempleo y el descanso laboral; pero se conservan las problemáticas en la caída general del ingreso de los hogares, la precarización de los empleos, la sobrecarga laboral doméstica, y especialmente, los altos niveles de ansiedad y problemas emocionales, dijo Graciela Teruel Belismelis, directora del EQUIDE-IBERO, en su participación en el panel «Propuestas de las OSC para mejorar el acceso a los derechos sociales en el contexto de la pandemia Covid-19» organizado por el Coneval.
Al corte de agosto del 2020, mes en que ya se observa una importante recuperación del empleo, se registró que 31.6% de los hogares declararon que al menos un integrante del hogar perdió su trabajo fuente de ingresos y la reducción promedio de los ingresos de las familias fue de casi la mitad (46.3%), de acuerdo con cifras de la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19).
Por su parte, la seguridad alimentaria también se ha visto vulnerada a escala nacional; mientras en el 2018 el 45% de la población tenía acceso a alimentación y para julio se redujo a 30 por ciento. Adicionalmente, la problemática de salud mental también se disparó como consecuencia de la recesión económica: 1 de cada 3 mexicanos reportan síntomas severos de ansiedad.
Covid-19 golpea más fuerte a los pobres
Estas problemáticas se profundizan al momento de analizarse por estrato socioeconómico; la encuesta reflejó que los mexicanos que pertenecen a los niveles de ingresos más bajos son quienes presenten mayor vulnerabilidad ante la pandemia, no sólo por su incapacidad económica para enfrentar la crisis sino por sus condiciones específicas de exposición al contagio, de desprotección laboral, de ubicación geográfica y marginación.
- La encuesta reflejó que mientras la población más rica del país conservó durante la pandemia un nivel prácticamente nulo de inseguridad alimentaria severa (1%), en la población más pobre el 18% se encontró en esta situación.
- Los mexicanos en los estratos más bajos de ingreso también reportaron más pérdidas de empleo y una contracción mucho más severa de los ingresos.
- El problema de ansiedad y estrés impactó de manera más profunda a la población en pobreza; mientras en los niveles socioeconómicos más altos el 20% enfrentó síntomas, en los más bajos la cifra escala hasta el 40 por ciento.
En este sentido, la directora del EQUIDE-IBERO puntualizó también la necesidad de dar seguimiento a las problemáticas de desarrollo social y sus impactos diferenciados entre la población. Enfatizó que la política pública y el gasto ejercido en dirección a contrarrestar los efectos de la pandemia serán determinantes para el bienestar de la población.
Hay irregularidades en plan alimentario de la 4T
México importa casi la mitad de los alimentos que consume, así como la mayor parte de los insumos, maquinaria, equipo y combustibles para la agricultura. El diagnóstico está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de la llamada Cuarta Transformación. Y también la meta: romper esa tendencia con al menos dos programas para lograr la ansiada autosuficiencia alimentaria nacional.
- Sin embargo, en el primer año de su puesta en marcha ambos programas funcionaron a ciegas: sin reglas de operación, sin indicadores adecuados, sin información para medir su cumplimiento, sin padrones confiables, sin mecanismos para prevenir actos de corrupción y con tres mil millones de pesos sin comprobar, revelan dos informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2019.
Uno es Producción para el Bienestar, que administra directamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y otorga apoyos económicos a productores agrícolas para dotarlos de liquidez y elevar la producción nacional de granos, café y caña de azúcar.
- El otro es Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado de la Sader. Éste busca incrementar el ingreso de los productores pequeños y medianos de maíz, frijol, arroz, trigo planificable y leche, comprando su producto a un precio pactado de antemano y superior al del mercado. El diferencial es pagado como un subsidio por parte del gobierno.
En este último caso el órgano fiscalizador encontró las mayores anomalías, empezando porque Segalmex gastó ocho mil 100 millones de pesos en 2019 cuando en el Presupuesto de Egresos sólo se habían autorizado seis mil millones.
Del total ejercido, la dependencia sólo pudo acreditar el destino de tres mil 924 millones en 45 mil 300 subsidios para la compra de maíz, frijol, arroz y trigo y otros mil 149 millones en gastos de operación.
Segalmex no pudo acreditar destino de los tres mil millones de pesos restantes
Los mil 149 millones destinados a gastos de operación corresponden a 14.2 por ciento del gasto total del programa, cuando Segalmex sólo podía dedicar a este propósito un máximo de cinco por ciento.
- Los apoyos que sí se pudieron comprobar se destinaron en su mayoría a grandes productores, en lugar de los pequeños y medianos a los que está dirigido. En el caso del maíz, los productores con mayores ingresos concentraron 68 por ciento de los subsidios; en el caso del frijol y del arroz, la mitad, y en el caso del trigo planificable, acumularon 41 por ciento.
No fueron los únicos problemas que encontró la Auditoría. La Segalmex careció de un padrón completo tanto de la población objetivo como de los beneficiarios del programa y tampoco acreditó que el total de beneficiados cumplieran con todos los criterios de elegibilidad.
- Operó además sin un programa de adquisiciones por producto, no dispuso de un programa de acopio calendarizado de los destinos y cantidades de granos, no acreditó los informes y resultados de las tomas físicas de inventarios, no contó con mecanismos para el control de los inventarios ni de las mermas por producto y tampoco informó sobre el destino del maíz y la leche que fueron acopiados mediante el programa. También careció de metodología para fijar precios de garantía.
En lo que respecta al programa Producción para el Bienestar, el órgano fiscalizador advirtió “riesgos de corrupción” que pueden afectar su operación como que los beneficiarios no están obligados a cumplir con los objetivos al no existir sanciones en caso de incumplimiento, o que el personal de ventanilla encargado de atenderlos podía condicionar los apoyos.
Pese a ello, “los controles establecidos por la Sader para mitigar los riesgos de corrupción no fueron suficientes ni adecuados”, indica la ASF.
Se identificaron también apoyos que fueron entregados hasta el final de la época de siembra y no antes del ciclo agrícola, principalmente a productores en zonas indígenas de alta o muy alta marginación, además de que el programa tuvo mecanismos débiles para garantizar la calidad, confiabilidad y autenticidad de la información de los padrones de beneficiarios, revela el órgano fiscalizador.
- Esto se hizo evidente porque en tres mil 246 apoyos, equivalentes a cinco mil709 millones de pesos, no se identificaron los tipos de cultivos subsidiados en tanto que en otras 14 mil ayudas, que sumaron 51 mil 770 millones de pesos, no se identificó el tipo de productor.
El programa tampoco consideró fuentes alternativas de ingresos para que los productores lograran una mayor autosuficiencia económica y no dependieran siempre de este apoyo con cargo al erario./Agencias-PUNTOporPUNTO
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