SUPERDELEGADOS de AMLO bajo INVESTIGACIÓN por CORRUPCIÓN, NEPOTISMO y ABUSO SEXUAL

Al menos 18 Delegados de Programas para el Desarrollo, mejor conocidos como “superdelegados”, han sido denunciados por presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, delitos que son investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

• Tres de los funcionarios investigados dejaron su cargo en busca de la candidatura de Morena al gobierno de sus estados. Se trata de Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado en Chihuahua; Índira Vizcaíno Silva, de Colima, y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero, quien es hermano de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
• De acuerdo con información del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Bienestar a la que tuvo acceso Animal Político, las indagatorias en curso derivan de denuncias presentadas en 2019 y 2020.

Los superdelegados son los representantes del Ejecutivo federal en los estados y tienen la encomienda de verificar la cobertura y aplicación de los programas sociales del gobierno.

Gobernadores de oposición acusaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirió a sus delegados poderes que se equiparan a las atribuciones de los propios gobernadores. A su vez, dada su exposición a nivel estatal, tales funcionarios se posicionaron como naturales candidatos a las gubernaturas de los estados donde operan.

• En octubre del año pasado, Irma Sandoval reveló que nueve delegados estaban bajo investigación por mal uso de los programas sociales que tienen a su cargo: Aldo Ruiz (Aguascalientes), Juan Carlos Loera (Chihuahua), José Antonio Aguilar Castillejos (Chiapas), Índira Vizcaíno (Colima), Mauricio Hernández Núñez (Guanajuato), Rodrigo Abdalá (Puebla), Gabino Morales (San Luis Potosí), José Jaime Montes Salas (Sinaloa) y Jorge Luis Taddei (Sonora).

La lista de funcionarios indagados se duplicó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al OIC, que depende de la SFP, investigar a otros delegados por incurrir en el delito de promoción personalizada con el uso indebido de recursos públicos.

Proselitismo con sombrero ajeno

En el expediente SER-PSC-71/2020, de diciembre de 2019, la Sala Regional Especializada del TEPJF concluyó que 14 superdelegados violaron el artículo 134 constitucional por hacer campaña a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador con el reparto de programas sociales.

• Los funcionarios investigados por el OIC a instancias del TEPJF son los delegados de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval; Estado de México, Delfina Gómez; Veracruz, Manuel Huerta; Yucatán, Joaquín Díaz Mena; Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera; CDMX, María Cristina Cruz, y Coahuila, Reyes Flores Hurtado.
• También Roberto Pantoja, de Michoacán; Katia Meave, de Campeche; José Antonio Aguilar Castillejos, de Chiapas; Mauricio Hernández, de Guanajuato; Rodrigo Abdalá, de Puebla; Gabino Morales, de San Luis Potosí, y Aldo Ruiz, de Aguascalientes.

La información obtenida por Animal Político indica que varios de estos superdelegados no sólo hicieron proselitismo a favor del presidente López Obrador, sino de ellos mismos.

• Un caso es el de la delegada de Colima, Índira Vizcaíno, quien renunció al cargo el 31 de octubre. La indagatoria, con el folio 2019/DE308, inició a raíz de una denuncia presentada por la diputada federal morenista Claudia Yáñez Centeno, también de Colima, quien acusó a Vizcaíno -tanto en la SFP como en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE, antes Fepade)- de hacer un uso discrecional de los recursos de programas sociales para hacer campaña.

Otro delegado que es investigado por promoción de su imagen con recursos públicos es el sinaloense José Jaime Montes Salas, a raíz de una denuncia integrada en el expediente 2020/DE555. La acusación afirma que, en medio de la pandemia, el funcionario hizo campaña con la entrega del programa de pensión para adultos mayores “68 y Más”, en compañía del Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

• El superdelegado de San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, acumula la mayor cantidad de indagatorias abiertas por la SFP en su contra (8 en total). El expediente 2019/DE70 se inició a partir de una denuncia que acusa al funcionario de cometer actos de proselitismo político en comunidades de Tamazunchale, donde el delegado, presuntamente, dijo que los programas sociales llegaban gracias a él y a la delegada regional Briseida García.
• Otra investigación en curso contra el superdelegado potosino, la 2019/DE31, está relacionada con la megafiesta que el funcionario organizó por su cumpleaños en abril del año pasado y que, según la denuncia, habría costado 2 millones de pesos. Otras tres investigaciones señalan probables despidos injustificados.

Denuncias de abuso sexual

La denuncia más grave contra el delegado de San Luis Potosí, Gabino Morales, forma parte del expediente 2019/DE79, donde se le acusa de abuso sexual y acoso laboral cuando se desempeñaba como dirigente estatal de Morena; también se le señala de agresiones sexuales en contra de mujeres que trabajan como Servidoras de la Nación.

En febrero de 2019, diputadas federales de Morena demandaron al Presidente López Obrador destituir a Morales Mendoza, quien, señalaron, ha continuado al frente del cargo público pese a que ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado “por hostigamiento, amenaza, difusión ilícita de imágenes, abuso sexual y violencia política”. Además, sostuvieron, fue inhabilitado por el órgano disciplinario del partido, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), sin consecuencias para él.

Consultado por Animal Político, Morales Mendoza se limitó a decir que “no ha tenido ninguna notificación” de las investigaciones de la SFP en su contra, aunque no se pronunció sobre el contenido de las acusaciones.

A principios de octubre se dio a conocer en medios que otro delegado, el veracruzano Manuel Huerta, también fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado por presunto abuso sexual. Este medio no pudo corroborar si en la SFP existen denuncias por estos hechos en contra del funcionario, ni si la institución ha iniciado de oficio alguna investigación al respecto.

Acusaciones de nepotismo

Juan Carlos Loera fue hasta hace una semana el delegado federal de Chihuahua, cargo que dejó para contender por la candidatura de Morena al gobierno estatal. Esta semana retomó su curul como diputado federal.

• En el expediente 2019/DE45, la SFP investiga al funcionario por presunto nepotismo, debido a que una sobrina suya, Myrna Brighite Granados de la Rosa, habría sido contratada en la delegación que él encabezó.
• Este señalamiento de nepotismo alcanza hasta a la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, pues la sobrina del ahora exdelegado trabajó en 2019 como su secretaria particular con un sueldo de 45 mil pesos mensuales, aun teniendo la licenciatura trunca.

La acusación incluye a dos compadres de la subsecretaria Montiel: Luis Fernando Duarte González, delegado regional en Parral, y su esposa, Ishtar Ibarra Barraza, directora de área de Bienestar en la Ciudad de México. Reforma confirmó el año pasado que Montiel fue madrina de bautizo de una de las hijas de ese matrimonio.

La denuncia añade que Ishtar Ibarra vive en Chihuahua, aun cuando, por el cargo que tiene, debería despachar en la capital del país.

Otros parientes de De la Rosa tienen cargos en la SEP, el SAT y el IMSS, según registros públicos. El ahora diputado federal señaló en entrevista que su sobrina nunca trabajó para él directamente en la delegación estatal.

“A mí se me notificó de una entrevista que me harían funcionarios de la SFP, la cual se realizó hace ya casi un año, en la que se aclaró esto; esta persona, yo no sé si en el vínculo familiar sea efectivamente mi sobrina, los sobrinos son los hijos de los hermanos, y ella es hija de una prima, que no estuvo, nunca jamás, bajo mi coordinación, ni en la delegación ni en Chihuahua, y eso seguramente se aclaró, porque no hubo más, que yo me haya enterado, al menos hacia mí, alguna investigación, señalamiento o sanción”, sostuvo.

• Una denuncia semejante de nepotismo concierne al superdelegado de Aguascalientes, Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez. Como parte del expediente DGDI/DE84, se señala que dos primos del funcionario, Mariana Acela Picazo Sánchez y Miguel Ángel Sánchez Ramos, fueron contratados bajo el mando de Ruiz Sánchez.
• La acusación expone que ambos familiares ingresaron al servicio público a la entonces Coordinación Nacional de Prospera, que inicialmente dependió de la delegación a cargo de Ruiz Sánchez y posteriormente migró a la SEP.

El delegado reconoció el parentesco familiar, pero aseguró que él no fue responsable de la contratación de sus primos. Además, dijo que nunca trabajaron directamente para él.

“Yo no he contratado familiares directos en la delegación de Bienestar, eso es una denuncia que nos llegó el año pasado, se respondió que estas personas que se señalan no están trabajando conmigo directamente, no están en Bienestar. Yo no soy el responsable de las contrataciones, para eso hay un responsable, en lo que a mí me toca, en mi responsabilidad, yo no he permitido ni promocionado familiares”, sostuvo.

Otras dos indagatorias contra Aldo Ruiz están relacionadas con presuntos despidos injustificados, y una más con la promoción personalizada denunciada por el TEPJF.

La hasta hace poco delegada de Colima, Índira Vizcaíno, también fue denunciada por presunto nepotismo, en el expediente con folio 2020/DE27.

La denuncia señala que la hermana de la ahora exdelegada, Juaenedi Vizcaíno Silva, ingresó a trabajar a la Secretaría de Bienestar al mismo tiempo que su pariente con el cargo de asesora de la titular de la dependencia, en ese entonces María Luisa Albores.

Posteriormente, a partir de este año, Juaenedi Vizcaíno fue ascendida a Directora de Vinculación con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), que está bajo la coordinación de la Secretaría del Bienestar.

Superdelegados buscarán convertirse en candidatos

Al igual que sucedía en los tiempos del PRI, cuando el siguiente paso para un funcionario a cargo de programas sociales era ser candidato, los coordinadores de Programas Integrales de Desarrollo de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se alistan para dejar sus puestos en busca de una candidatura, aunque varios de ellos arrastran señalamientos de promoción con fines electorales, acoso sexual, corrupción y faltas administrativas en el manejo de recursos que ha llevado a la Secretaría de la Función Pública a investigarlos.

• Para el proceso electoral de 2021, al menos nueve delegados estatales de la Secretaría del Bienestar están por dejar sus cargos con el objetivo de convertirse en candidatos: se trata de Pablo Amílcar Sandoval (Guerrero), Jesús Alejandro Ruiz (Baja California), Víctor Manuel Castro (Baja California Sur), Katia Meave (Campeche), Roberto Pantoja (Michoacán), Gabino Morales (San Luis Potosí), Manuel Peraza (Nayarit), Indira Vízcani (Colima) y Juan Carlos Loera (Chihuahua).

Politólogos coinciden en que la figura de superdelegados se construyó como puestos con poder político a partir de contar con recursos económicos para repartir, y así, a nombre del gobierno, poder posicionarse frente a otros actores políticos.

De los nueve superdelegados que ya se mencionan como posibles abanderados de Morena, cinco tienen alguna acusación: promoción con fines electorales, irregularidades en el manejo de recursos y faltas administrativas al manejar de programas sociales; también se les involucra con el uso de información oficial para fines político-electorales y hasta hostigamiento y acoso sexual.

“Han hecho un uso propagandista y personal de los recursos públicos algunos de los superdelegados con miras a una carrera política más larga, pasándose a la gubernatura”, criticó la politóloga y profesora de la Universidad Iberoamericana, Ivonne Acuña.

• Algunas de las carreras de los superdelegados han estado marcadas por polémicas. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados en enero de este año que ante esa institución habían sido presentadas 102 denuncias contra exdelegados y delegados del Bienestar, de las que 24 fueron concluidas sin elementos para continuar y ocho más ya estaban en proceso de fincar responsabilidades, aunque no aclaró contra qué funcionarios sí habían procedido.

“El cargo mismo les da la posibilidad de ser aspirantes naturales a la gubernatura de sus estados. Este cargo distorsiona las condiciones político-electorales del estado al generar aspirantes artificiales a puestos de elección popular”, afirmó Edgar Ortiz Arellano, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Uno de los superdelegados que ya renunció a su cargo es Pablo Amílcar Sandoval, quien busca la nominación de Morena a la gubernatura del estado de Guerrero. El también hermano de la secretaria de la Función Pública ha sido denunciado por uso indebido de programas sociales e incluso por la promoción de su imagen para posicionarse como candidato.

“Renuncié porque creo que es tiempo de hacer política con el estándar moral más alto, y eso implica separar la política de Guerrero, de la política social que encabeza el presidente. Es una convicción personal que las cosas se hagan con honestidad y transparencia”, afirmó el pasado 1 de octubre.

Otra en plena búsqueda es Indira Vizcaíno, superdelegada en Colima. En su caso se trata de la superdelegada con más denuncias en contra ante la SFP.

• A la también expresidenta municipal de Cuauhtémoc se le acusa de uso de recursos públicos para promover su imagen, de entrometerse en el trabajo legislativo al intentar imponer a María Elena Adriana Ruiz Visfocri en la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEC), y de no cumplir con la entrega de programas sociales, según reportó la prensa local del estado.
• Aunque hace unos días afirmó que aún valora competir por la candidatura a la gubernatura, Vizcaíno es ubicada en el primer lugar de las preferencias electorales rumbo al 2021, según algunas encuestas .

En la lista de los superdelegados que se preparan para separarse de su cargo está Gabino Morales Mendoza, quien ha sido señalado de proferir amenazas, y realizar actos de hostigamiento y acoso sexual, así como por la utilización de programas sociales para posicionar su figura rumbo a las elecciones de 2021.

Diputados federales de Morena incluso pidieron su destitución, la cual no prosperó.

A unos días de que deje su cargo, ha rechazado esos señalamientos y ha vaticinado un triunfo contundente de Morena en el estado hoy gobernado por el PRI.

“Es inevitable ya el triunfo del pueblo de México, el movimiento está bien posicionado independientemente de cómo esté el partido (Morena)… el partido es el pueblo, no sus dirigentes, el movimiento está vivo y creemos que será un triunfo inevitable”, aseguró.

• Juan Carlos Loera de la Rosa, el superdelegado de AMLO Chihuahua, es otro de los que alistan su salida de la Secretaría del Bienestar para contender por la gubernatura, hoy en manos del PAN. En su gestión, ha enfrentado denuncias de tráfico de influencias, nepotismo y peculado, aunque ninguna ha prosperado.
• Las preferencias del morenista han crecido debido a que ha enfrentado al gobernador Javier Corral en el conflicto que el panista sostiene con el presidente López Obrador por la entrega de agua con Estados Unidos. Encuestas como Consulta Mitofsky , lo colocan entre los primeros lugares para reemplazar a Javier Corral.

Otro de los delegados identificado en campaña es Alejandro Ruiz Uribe, quien no ha tenido empacho en promocionar su imagen rumbo a la gubernatura de Baja California con el programa» Domingos de colado», mediante el cual se entregan apoyos a los ciudadanos para la edificación de sus viviendas con recursos del gobierno federal.

“Si este gobierno habla de honestidad e integridad y quiere dirigirse como una autoridad de carácter moral, debe postular a los mejores aspirantes, entonces deberían resolver primero estos señalamientos por su desempeño como servidores públicos”, destacó Ortiz Arellano.

Una figura polémica

Desde su creación, la figura de los llamados superdelegados generó polémica, debido a que la oposición aseguró que ese cargo serviría de plataforma para formar candidatos a gobernador. Así sucedió con Jaime Bonilla, quien antes de ser electo como titular del ejecutivo de Baja California, fue el delegado del gobierno de López Obrador en esa entidad.

Antes de iniciar su gobierno, López Obrador informó que desaparecería las delegaciones federales y en su lugar crearía 32 coordinaciones, las cuales concentrarían las funciones de hasta 20 delegados que había por entidad con los gobiernos anteriores.

• Los primeros 32 coordinadores fueron dirigentes estatales de Morena (16), legisladores locales o federales (seis) y candidatos a puestos de elección popular (seis), entre ellos, cuatro a gobernador: Carlos Lomelí (Jalisco), Pablo Amílcar Sandoval (Guerrero), Delfina Gómez (Estado de México) y Joaquín Díaz Mena (Yucatán).
• “Con esta figura el presidente quería amarrarle las manos a los gobernadores para que no pasara como con Enrique Peña Nieto, donde abusaban de los recursos públicos, pero es el colmo que iban a monitorearlos, pero ahora resulta que ellos necesitan que los monitoreen porque hacen mal uso de los recursos”, consideró Ivonne Acuña.

Además de rechazarlos, la oposición intentó poner “candados” para que los superdelegados no pudieran aspirar a un puesto de elección popular, pues temían que ese cargo se convirtiera en plataforma y no en un puesto de servicio público.

La diputada Dulce María Sauri presentó una iniciativa para establecer la prohibición constitucional de que participen como candidatos a la gubernatura del estado donde ejerzan su encomienda, a menos de que se separen tres años antes de la fecha de las elecciones, sin embargo su iniciativa no prosperó.

Para el politólogo de la UNAM, Rafael Morales, la figura de superdelegados no tiene por qué ser satanizada, pues, consideró, si un funcionario realiza una buena gestión, está en su derecho de aspirar a otro cargo.

“Constitucional y legalmente tienen todo el derecho para poder buscar una carrera política, desde luego beneficiándose por un trabajo previo. Es legítimo y meritorio, siempre y cuando hayan podido desempeñar correctamente la función para la que fueron designados”, consideró./Agencias-PUNTOporPUNTO