AGENCIAS
El Senado de la República exhortó a las Legislaturas de los estados y del Distrito Federal a revisar sus tipos penales de abuso sexual y de otras formas de violencia en donde las víctimas sean menores de 18 años de edad.
Lo anterior, con la finalidad de modificar sus ordenamientos, bajo los criterios internacionales que establece la Convención de los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía.
En la Gaceta Parlamentaria se publicó el exhorto donde se pide al Ejecutivo Federal que, a través de la Secretaría de Gobernación, se conforme una estrategia integral de prevención, atención y protección del abuso sexual y otras formas de violencia de la que son víctimas las niñas, niños y adolescentes.
En el dictamen avalado se establece que en los códigos penales locales se aplican penalidades diferentes inclusive en delitos equiparados, en los que además se detectó que tratándose de menores, las edades también son variables.
Asimismo, el texto precisa información relacionada con estadísticas sobre maltrato, agresiones físicas, violencia sexual, pornografía infantil, abuso sexual, entre otros.
México registra altos índices de abuso sexual infantil, en donde 77 por ciento de las víctimas son niñas, con un promedio de edad de 5.7 años, además que en todos los casos la víctima conocía al agresor.
Con esta información, se considera necesario que la legislación federal y local se armonice, a fin de combatir eficazmente los delitos que atentan contra la salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo en otro acuerdo aprobado se pide a las secretarías de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social, a que en coordinación con sus homologas estatales implementen políticas públicas focalizadas en la atención y mejoramiento de la calidad de vida de los menores y adolescentes en situación de pobreza en el país.
Para ello, se propone crear una estrategia integral de desarrollo infantil temprano, de tipo intersectorial, que cuente con estándares comunes de aplicación nacional y estatal con un sólido enfoque de diversidad cultural, que permita el acceso efectivo de la población indígena a esos servicios.
Además, impulsar y crear empleos formales con las prestaciones previstas en ley en las regiones con mayor población infantil en situación de pobreza, permitiendo el fortalecimiento de las capacidades productivas y de ingreso de las jefaturas de familia.
Asimismo, a través del diseño de estrategias que favorezcan la integración de las comunidades indígenas con mayor rezago y en situación de pobreza a la cadena productiva.
De igual forma, del impulso de programas y estrategias que brinden atención integral a las carencias de la población indígena, así como estrategias universales en aquellas carencias sociales presentes en una mayor parte de la población y que afectan a los grupos con menor número promedio de carencias sociales.
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