AGENCIAS
Las evidencias recabadas hasta ahora sobre una matanza perpetrada en 2011 por el cártel de los Zetas en el estado de Coahuila, que incluyen 3.450 vestigios óseos, apuntan al secuestro de 28 personas, de las cuales al menos 11 fueron asesinadas, informó hoy la fiscalía estatal.
El titular de la Procuraduría de Justicia (fiscalía) de Coahuila, Homero Ramos Gloria, presentó en conferencia de prensa avances parciales sobre los crímenes de marzo de 2011 contra habitantes de Allende, Piedras Negras, Nava y otros poblados de la región conocida como Cinco Manantiales.
En contraste con la cifra de víctimas corroborada por la fiscalía, fuentes de la alcaldía de Allende afirman que en esa ocasión llegaron a esos poblados alrededor de 40 camionetas con hombres armados para llevarse a unas 300 personas.
«En enero de este año se realizó el operativo de Búsqueda en Vida Coahuila Norte, encabezada por la Subprocuraduría, en coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno», señaló Ramos.
Mencionó que el operativo participaron más de 250 efectivos policiacos y miliatres que buscaron a víctimas en los municipios de Guerrero, Allende, Zaragoza, Morelos, Nava, Piedras Negras, Acuña, Jiménez, Hidalgo, Monclova y Sacramento.
«Durante el operativo se localizaron 3.450 indicios óseos. De éstos, la Unidad Científica de la Policía Federal ha dictaminado que en 2.977 de ellos no es posible determinar su origen ni obtener ADN por el grado de calcinación que alcanzaron», agregó.
Destacó que los 473 vestigios restantes son analizados para obtener su ADN y los resultados contribuirán al esclarecimiento de los hechos.
De acuerdo con Ramos, las evidencias recolectadas hasta ahora «apuntan lamentablemente al secuestro de 28 personas», y de ellas se tienen la certeza de que 11 fueron asesinadas y sobre 17 más se desconoce su paradero.
Mencionó que al anochecer del 18 de marzo de 2011 llegaron a diversos domicilios de los municipios de Allende y Piedras Negras un número no determinado de sujetos armados. Según las investigaciones se sabe que provenían del estado de Tamaulipas y que fueron apoyados y protegidos por policías municipales de Allende.
«Su objetivo era localizar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones financieras con recursos cuya procedencia se atribuye a actividades de un grupo de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habrían tenido un desacuerdo», apuntó.
Al no ser ubicada esa persona en las casas registradas, «el grupo armado privó de la libertad, con el objetivo de causarles un daño o perjuicio, a diversos familiares cercanos y junto con ellos a sus trabajadores, así como a civiles que tenían, o que quienes ejecutaron la orden asumieron que tenían, alguna relación con quien buscaban».
«Derivado del censo llevado a cabo en el municipio de Allende, se sabe que fueron 48 las viviendas destruidas por el grupo armado y posteriormente saqueadas», añadió el funcionario.
Precisó que la Procuraduría ejecutó cuatro órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de estos hechos. Dos de ellos son exefectivos de la Policía Municipal que estaban en activos en ese momento: María Guadalupe Ávalos Orozco y Jeús Alejandro Bernal Guerrero.
Los otros dos son Fernando Ríos Bustos y Germán Zaragoza Sánchez, presuntos miembros de los Zetas.
«De estos avances se dará vista a las autoridades federales para que en el ámbito de su competencia ejerzan la facultad de atracción y procedan a la investigación y encausamiento de probables responsables por delitos del orden federal», concluyó Ramos.
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