Las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción han llegado al círculo más cercano del exjefe de Gobierno y actual senador, Miguel Ángel Mancera.
Al menos cinco altos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México anterior han sido señalados públicamente por la Contraloría General y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, e incluso son buscados en el extranjero por la Interpol.
Mientras que la prensa ha revelado investigaciones de las autoridades en contra de otros exintegrantes del gabinete mancerista y cinco funcionarios de menor rango más están en prisión en medio de un proceso legal.
Jaime Slomianski
Fue nombrado titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU) en 2016, antes ocupó la dirección general de Servicios Urbanos en la Secretaría de Obras.
- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) logró que se girara una orden de aprehensión en contra del exfuncionario por un presunto daño a la hacienda pública por 29 millones 454,238 pesos.
- Slomianski habría participado junto a otros funcionarios en la contratación de empresas para asesoría en obras públicas incluyendo su planeación, ejecución y evaluación, pese a esas tareas eran parte de las funciones de la AGU.
Para las licitaciones el titular de la AGU debió firmar y autorizar cada una de ellas, por lo que se le considera directamente responsable. Slomianski interpuso después varios recursos de amparo, sin embargo la acusación continúa.
Actualmente la Fiscalía tiene una orden de aprehensión vigente en su contra, también se encuentra inhabilitado por la Contraloría General.
Raymundo Collins
Ocupó la dirección general del Instituto de Vivienda (INVI) desde 2012, al ser nombrado por Mancera; tras la renuncia del entonces jefe de Gobierno, fue titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública durante unos cinco meses, hasta el fin del sexenio en diciembre de 2018.
- Collins es buscado por el supuesto uso irregular de recursos para la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, pues en lugar de destinarse para la construcción de vivienda social fue para departamentos de clase media, según confirmó en enero la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Fue funcionario durante tres administraciones continuas en el Gobierno capitalino, ocupando diversos cargos en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.
- Un juez autorizó a solicitud de la Fiscalía capitalina una orden de aprehensión en su contra en diciembre de 2019 e incluso giró una ficha roja de búsqueda ante la Interpol, sin embargo otro juez descartó la primera orden ya que el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, del que se le acusaba había prescrito.
En septiembre la Fiscalía consiguió una segunda orden de aprehensión por los mismos delitos; también se encuentra inhabilitado por la Contraloría local para ejercer cargos públicos.
Edgar Tungüí
Es nombrado titular de la Secretaría de Obras (Sobse) en 2015 y después tras la renuncia de su antecesor, Ricardo Becerra, quedó al frente de la Comisión de Reconstrucción.
En ambos cargos estuvo relacionado con los trabajos de demolición de inmuebles y reconstrucción tras sismo del 19S.
- Actualmente es acusado del desvío de 46 millones de pesos que debían destinarse para viviendas de damnificados, irregularidad en la que habría actuado en colusión con el exsecretario de Desarrollo Urbano, Felipe de Jesús Gutiérrez.
Felipe de Jesús Gutiérrez
Como titular de la Secretaría de Desarrollo y Vivienda (Seduvi) desde octubre de 2014 enfrentó acusaciones y denuncias de ciudadanos sobre la autorización irregular de cambios de uso de suelo y polígonos de actuación, lo que permitía construir edificios mucho más altos de lo permitido por el Programa de Desarrollo Urbano de las alcaldías.
Al inicio de su administración la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que se habían encontrado 48 autorizaciones de polígonos de actuación fuera de la norma y detuvo las construcciones hasta que ajustaran los proyectos.
- Gutiérrez Gutiérrez es presunto responsable, junto con Tungüí, del desvío de 46 millones de pesos para la reconstrucción, lo que constituye el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. También hay una ficha roja de Interpol en su contra, pues se encontraron indicios de que había abandonado el país en varias ocasiones.
Aunque intentó ampararse al argumentar que se trataban de recursos federales y no era competencia de la Fiscalía capitalina, en agosto un juez le negó el recurso por lo que aún está pendiente su captura.
Edgar Amador Zamora
Renunció como secretario de Finanzas –cargo que ocupó desde 2012– menos de una semana después de que Mancera dejara el cargo como jefe de Gobierno para buscar una candidatura presidencial.
- El exsecretario se encuentra hoy inhabilitado por la Contraloría General capitalina, luego de que la dependencia encontrara irregularidades en el Fideicomiso para la Reconstrucción integrado con recursos públicos, privados y donaciones internacionales con un acumulado de 8,000 millones de pesos aproximadamente.
No se ha informado que este alto funcionario de Mancera tenga un proceso en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia.
Sin embargo, la jefa de Gobierno indicó en agosto que tuvo una reunión con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para hablar sobre indagatorias ante posibles actos de corrupción durante la administración anterior, sin dar detalles de quiénes estarían involucrados.
Otros funcionarios buscados
Apenas este martes la Fiscalía General de Justicia anunció el inicio de una carpeta de investigación en contra de funcionarios que ocuparon la entonces Procuraduría capitalina, por irregularidades en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI en la ciudad conocido como ‘el Rey de la Basura”.
- Entre los funcionarios investigados se encuentra el exprocurador Rodolfo Ríos Garza, así como la entonces fiscal de Asuntos Especiales, Margarita Vázquez, según información extra oficial dada a conocer por El Universal .
Estos y otros tres exfuncionarios de la Procuraduría serían responsables de irregularidades y omisiones en la investigación de las denuncias por prostitución y trata de personas en contra del político.
Además, Héctor Serrano, el exsecretario de Movilidad y hoy diputado federal, estaría entre los involucrados en la operación de un centro de espionaje contra rivales políticos de Mancera, incluyendo a la actual jefa de Gobierno y al presidente, Andrés Manuel López Obrador.
En la mira también se encuentra el secretario particular de Mancera, Luis Serna, a quien se le investiga a nivel federal por irregularidades en su patrimonio , según una investigación de la Fiscalía capitalina revelada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
- En particular, las acusaciones contra Serna hicieron público que el colaborador de Mancera cuenta, presuntamente, con un patrimonio inmobiliario del que se hizo dueño gracias al uso de una tarjeta de crédito que pertenecía a una empresa proveedora del gobierno capitalino.
- Serna habría gastado en propiedades cinco veces más de lo que obtuvo como empleado del gobierno –un aproximado de 5.6 millones de pesos frente a más de 30 millones– por lo que el crédito recibido para esas operaciones es investigado.
- En 2015, Luis Ernesto Serna Chávez, nombre completo del particular de Mancera, reconoció que su familia era dueña de cinco departamentos y tres casas; además de joyas, relojes y obras de arte, pero todo estaba a nombre de su cónyuge. A su nombre, sólo registró dos cuentas bancarias de entre 100,000 y 500,000 pesos.
Mientras tanto, otros funcionarios de menor rango ya están en cárcel o en medio de un proceso legal; se trata de Miguel Ángel Vásquez, exsubsecretario de Administración y Capital Humano; Édgar Takahashi y Hedilberto «N», de la Secretaría de Obras; y Berenice «N» y José Iván «N», de Finanzas.
Se fugan de México
El 27 de agosto de 2019 la Contraloría capitalina presentó una denuncia que señalaba de un desvío de recursos públicos a Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), y al ex Comisionado para la Reconstrucción, Edgar Tungüí, no obstante dos semanas después ambos funcionarios huyeron de México, acciones de las que tuvo conocimiento la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.
- Fueron a través de los registros del flujo migratorio del Instituto Nacional de Migración, que la institución que es encabezada por Ernestina Godoy se enteró de la salida del país de los ex servidores públicos, quienes huyeron el 9 de septiembre de aquel año, tras enterarse de que eran investigados por el uso ilegal de atribuciones y facultades, que habrían cometido con recursos que serian destinados para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo de septiembre del 2017.
Al enterarse de su partida del territorio mexicano, la Fiscalía capitalina solicitó el 13 de septiembre de ese mismo año las órdenes de aprehensión en contra de Gutiérrez y Tungüí, quienes promovieron amparos para evitar su detención, sin embargo el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo, Adulfo Vergara Cruz, negó la protección de la justicia a ambos ex funcionarios según consta en las resoluciones judiciales 880/2019-V y 812/2019-VII.
Tras la negación de los amparos, la Fiscalía capitalina a través de su homologa federal solicitó a la Interpol fichas rojas en contra de los ex funcionarios, para que sean buscados en más de 190 países.
Sin embargo a más de un año de estas acciones legales por parte de la institución que procura la justicia, no se ha logrado la detención de ninguno de los dos.
- Consta en la carpeta de investigación CI-FSP/B/UIB2C/D/03688/08-2019, que Gutiérrez y Tungüí fueron acusados funcionarios de haber desviado 46 millones 319 mil 259 pesos del fideicomiso 7579-2, el cual se constituyó con recursos públicos, privados e internacionales que fueron donados para la reconstrucción de edificios que colapsaron luego del temblor de hace tres años.
El expediente refiere que el modus operandi para desviar los recursos consistió en la aprobación de proyectos para la reconstrucción del edificio Aluminio 166, en la colonia Popular Rastro, Venustiano Carranza, que fueron detectados a través de un peritaje de 11 fojas hecho por la procuraduría, en el que concluyeron que los funcionarios no entregaron el dinero para las obras programadas.
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