Los recursos entregados a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) disminuyeron en 70% durante el primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2019) en comparación del último de Enrique Peña Nieto (2018).
- De acuerdo con una revisión de este diario a las cuentas públicas, durante el último año de Gobierno de Peña Nieto, 10 mil 433 organizaciones civiles recibieron 6 mil 209 millones de pesos.
- Sin embargo, en 2019, primer año de administración descendió a mil 841 millones de pesos, pero el número de organizaciones apoyadas incrementó a 19 mil 177.
- La disminución significa un 70% menos de recursos transferidos a organizaciones civiles, cuya justificación principal del actual Gobierno es que los apoyos se entregan de manera directa.
En lo que va del actual Gobierno, además de la disminución de los apoyos económicos, el presidente López Obrador ha criticado a las organizaciones civiles.
El pasado 28 de agosto, durante su conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo evidenció a nueve organizaciones civiles que recibieron 13.8 millones de dólares de financiamiento del extranjero para, presuntamente, oponerse a su administración.
“Esto es transparentar todo, obviamente van a ejercer su derecho de réplica. Todas estas organizaciones han interpuesto recursos legales, amparos contra el Tren Maya“, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde febrero de 2019, el Presidente delineó su política sobre apoyo a dichas organizaciones: “no les gusta el cambio pero no vamos a entregar dinero a organizaciones, los apoyos van directo a los beneficiarios, no habrá intermediarios. Nos amenazan de que tomarán las oficinas, que tomen las oficinas, pero no vamos a ceder, se acaba la corrupción”.
Organizaciones como Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) acusaron al mandatario de “persecución política, y a la criminalización que el gobierno de López Obrador lanzó en plena conferencia, en donde tilda a las organizaciones sociales e indígenas de ser financiadas por organismos internacionales para oponerse expresamente al megaproyecto del Tren Maya”.
ONGs rechazan recibir financiamiento internacional
Tres de las nueve organizaciones civiles señaladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador de recibir financiamiento de fundaciones internacionales para oponerse al Tren Maya, rechazaron esas acusaciones y lo retaron a “decir la verdad”, enfatizaron que no detendrán su trabajo de defensa de los derechos de las comunidades y el territorio y exigieron una disculpa pública el mandatario.
- En conferencia virtual, representantes de los centros Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), y el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil (CRIPX), acompañados por miembros de Amnistía Internacional (AI) México, subrayaron que las afirmaciones del titular del Ejecutivo federal pretenden estigmatizar la labor de los defensores de derechos humanos y “promover un ambiente de intolerancia y deterioro del estado de derecho”.
“No nos van a detener ni a callar. Exigimos al titular del Ejecutivo una disculpa pública por las declaraciones irresponsables que hizo. Tomando en cuenta el riesgo en que nos pone, lo responsabilizamos a él por cualquier cosa que nos pueda pasar a las organizaciones señaladas, a sus integrantes y familias”, aseveró Gustavo Alanís, director ejecutivo de Cemda.
Refirió que el presidente “está muy mal informado. Es claro que nos encontramos frente a una campaña muy sucia, muy claramente orquestada y armada desde el gobierno federal que es inaceptable (…) Lo que dijo es falso, y vemos que detrás de todo esto lo que busca es descalificar, desprestigiar, amenazar, estigmatizar, deslegitimizar, calumniarnos y censurarnos, y eso es inaceptable”.
Remarcó que es lícito que las organizaciones civiles reciban financiamiento de diferentes fuentes, incluidas fundaciones del extranjero, y toda esa información es transparente, auditable y todo se declara ante las autoridades financieras como la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria.
- Edith Olivares, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de AI México, recordó que el derecho internacional sobre estas garantías protege la libertad de opinión, expresión y el derecho a defender derechos de todos los ciudadanos, por lo que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, por investigar y buscar información y difundirla por cualquier medio.
Subrayó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales de los que México forma parte, garantizan los derechos a expresarse, a organizarse y a expresar su oposición o acuerdo con las decisiones de cualquier gobierno.
“AI está sumamente preocupada por el interés que parece haber en la Presidencia de la República de desacreditar las labores de las organizaciones civiles cuando éstas se oponen a sus decisiones y propuestas. En el marco de la legalidad en México, las organizaciones podemos acceder a diferentes tipos de recursos, en algunos casos provenientes de fundaciones internacionales, lo cual es legal (…) Resulta alarmante que el gobierno federal esté dedicando recursos (tiempo, dinero, fuerza laboral de empleados y tecnología) para investigar a las ong, sobre todo en medio de la crisis sanitaria que atravesamos”.
- Sara López, del CRIPX, indicó que las organizaciones “seguiremos alzando la voz, sobre ante proyectos de destrucción y muerte. El Tren Maya nos va a venir a quitar y destruir lo que hemos defendido por años: la vida y el territorio”.
Exigió al Presidente de la República una disculpa pública porque “nos ha ofendido, nos ha calificado de conservadores, de estar en contra del desarrollo, y no somos eso señor presidente, estamos en defensa de la vida, de los derechos humanos de todas las comunidades. Seguiremos en esa defensa. Basta ya de criminalizar a todas las organizaciones”.
Sergio Madrid, director del CCMSS, lamentó la intención de estigmatizar a las ONG a través de un ambiente de intolerancia y deterioro del estado de derecho.
“Deploramos las afirmaciones sin sustento, en el sentido de que nos disfrazamos de ambientalistas y defensores de derechos humanos, nuestras organizaciones tienen entre 20 y 40 años trabajando con autoridades y pueblos indígenas. No estamos disfrazados. En el fondo lo leemos como una intensión de neutralizar a las organizaciones civiles, de cerrar el paso a toda observación crítica, para que los proyectos que esta administración tiene en el sureste, puedan realizarse sin obstáculo y llegue la inversión extranjera que se apropiará de la tierra y los recursos naturales. El Tren Maya facilitará ese proceso de robo de la tierra a las comunidades”.
SAT pondrá lupa a asociaciones filantrópicas
Las donatarias que recibieron dinero de empresas factureras o que destinen más de la mitad de los recursos que reciben actividades distintas a las que fueron autorizadas podrían perder su licencia para operar.
De acuerdo con la propuesta de Miscelánea Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene registro de que al menos dos mil donatarias han recibido recursos con empresas factureras, lo que, según el documento, representa un daño al erario.
- El reporte del SAT correspondiente a 2019 detalla que las donatarias recibieron el año pasado casi 200 mil 260 millones de pesos, de los cambios, 66 de cada 100 pesos se destinaron a actividades distintas a las que tienen autorizadas.
- Según el registro oficial del SAT, en México existen casi 14 mil 300 donatarias autorizadas para recibir recursos que son deducibles del Impuesto Sobre la Renta.
La propuesta también incluye obligar a que todas las compras que realicen las donatarias queden registradas en comprobantes fiscales por internet, y en caso de que no exista un recibo fiscal que ampare la operación, los proveedores estarán obligados a pagar el impuesto.
«Esta medida propiciará que las personas morales con multas no lucrativos recaben el comprobante fiscal de sus operaciones, con lo que se evitará la evasión por parte de quienes les enajenen bienes o servicios».
2,000 organizaciones civiles realizaron operaciones con factureras el año pasado
Conflicto
En agosto, el gobierno federal, acusó a nueve asociaciones civiles de oponerse al proyecto del Tren Maya, apoyadas por organizaciones internacionales como las fundaciones WK Kellogg, NED, del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rockefeller, Climate Works y Ford.
- En este sentido, la Fundación WK Kellogg aclaró que mucho antes del desarrollo del Tren Maya, había apoyado organizaciones en el sur del país, que se esfuerzan por hacer que todos los niños puedan prosperar en las comunidades donde viven.
“Las subvenciones que la fundación brinda en áreas de apoyo como salud, educación, producción de alimentos e interpretación de idiomas para el acceso a la justicia. También apoyan el trabajo en la defensa de los derechos humanos, los derechos indígenas y la protección del medio ambiente. la Fundación WK Kellogg respeta la búsqueda activa de estos temas por parte de sus beneficiarios, según lo determinen; pero la fundación no dirige el uso de fondos ”, aclaró la ONG en una declaración a este diario.
Añadió que tiene presencia en México desde 1944 y apoya a más de 100 organizaciones del país. “El enfoque de la fundación en la península de Yucatán comenzó en 2010, ocho años antes de que iniciaran las conversaciones públicas sobre el Tren Maya”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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