La lucha contra corrupción en el gobierno de la 4T no muestra resultados; por el contrario, hay indicadores que advierten que dicha práctica cuesta al país hasta 9% del Producto Interno Bruto (PIB) y que no hay un plan bien estructurado para combatirla.
- La organización Transparencia Internacional reportó que México es el país peor evaluado en la Organización para Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE); en el lugar 36 de 36 economías, por debajo de Grecia, Hungría y Turquía.
- En su más reciente medición, señaló que en 2019 –durante el primer año de gobierno de la 4T– nuestro país apenas mejoró un punto su calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción; al obtener un 29 unidades, en una escala donde cero es “mayor percepción” y 100 “menor percepción”.
Tal repunte, apuntó la organización, que le permitió a México ubicarse en la posición 130 de 180 países evaluados; donde Dinamarca y Nueva Zelanda son los países menos afectados, con una nota de 87 puntos; seguidos de Finlandia, con 86 unidades.
4T NO TIENE PLAN CONCRETO CONTRA CORRUPCIÓN
El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC), Fernando Sentíes Palacio, explicó que los indicadores nacionales e internacionales advierte que en la 4T no hay resultados positivos en el combate a la corrupción.
- Apuntó que hay mucha voluntad por parte del presiente Andrés Manuel López Obrador; pero no hay un plan claro, con acciones concretas que permite reducir y mejorar la posición de México en dicha materia. “Los indicadores nos confirman que lejos de avanzar, estamos retrocediendo; y hay que cambiar la estrategia”.
El especialista indicó que los escándalos desatados alrededor del hermano del presidente, Pío López Obrador; las propiedades del titular de CFE, Manuel Bartlett; y la venta de ventiladores al IMSS a un sobre precio, de León Manuel Bartlett Díaz, hijo de director de la CFE.
Así como las decisiones del gobierno de hacer múltiples adjudicaciones directas de contratos públicos; en lugar de de licitaciones; ponen en duda los resultados del gobierno de la 4T; y evidencia que “siguen las mismas prácticas que tanto han criticado al sexenio anterior”.
COSTOS DE LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO
El titular de la AMPEC señaló que los datos del Inegi indican que la corrupción cuesta a México 2% del PIB; aunque hay mediciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que advierte que las pérdidas alcanzan hasta 9% de dicho indicador.
- Señaló que a nivel de las empresas, apenas 3% de las organizaciones que operan en el país –incluidas las micros y pequeñas-, cuentan con programas de integridad; lo que significa que 97% de las compañías es vulnerable a involucrarse en actos de corrupción.
- El especialista apuntó que los sectores donde hay una mayor concentración de licitaciones y contratos públicos; como energía, construcción, infraestructura y salud son los más proclives o sensibles a enfrentar sobornos o acciones ilegales.
“La corrupción no se abate; la corrupción de combate y se controla, como sucede en materia de seguridad. El problema es que, como en la inseguridad, la corrupción en México está fuera de control.
“No se trata de abatirla, se trata de combatirla de una manera efectiva y controlable; usando todos los mecanismos públicos y privados para inhibir esos actos de corrupción que ahorita están pasando”, concluyó Fernando Sentíes.
CLAVES Y CIFRAS DE CORRUPCIÓN
El Inegi reportó que:
- 19.2% creció la incidencia de corrupción en México; al pasar de 25 mil 541 a 30 mil 456 actos, por cada 100 mil habitantes, entre 2017 y 2019.
- 12 mil 700 millones de pesos alcanzo el costo de la corrupción, durante el primer año de gobierno de la 4T; con un alza de 64.1% respecto al cierre del sexenio pasado.
- 3 mil 822 pesos es el gasto promedio anual por persona en sobornos; para realizar trámites, servicios públicos y contacto con autoridades.
GOBIERNO ASEGURA BAJA EN LA PERCEPCION DE CORRUPCIÓN
Al dar a conocer la Evaluación Nacional de Riesgos, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que en México se ha disminuido el fenómeno de la corrupción.
- Nieto Castillo aseguró, que hace tres años el 61% de la población consideraba que vivía en un espacio de alta corrupción, ahora esa percepción se redujo al 44%.
“México llegó a ser el país 138 de 180 países analizados por transparencia internacional como el país más corrupto. En 2017, 61% de las mexicanas y mexicanos considerábamos que vivíamos en un espacio de alta corrupción y al día de hoy esa cifra se ha reducido a 44%”, señaló Santiago Nieto.
ESTRATEGIA SE ENFOCA A CASOS EMBLEMÁTICOS
La estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción apuesta por un enfoque moral, desarticulado y enfocado en casos emblemáticos, describió Sarahí Salvatierra.
- La investigadora del centro de análisis e investigación Fundar, explicó que el Presidente llegó al poder con la bandera del combate a la corrupción y la impunidad, pero cuando asumió el cargo lo hizo impulsando en la austeridad.
- Dijo que, por lo complejo del fenómeno, el combate a la corrupción debe ser mediante una buena coordinación interinstitucional, articulada, pero en esta administración federal, algunas instituciones que tienen tarea importante en ese propósito e, incluso el propio Sistema Nacional Anticorrupción, han sido invisibilizadas.
- Destacó que eso ha generado el debilitamiento de algunas dependencias, por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que ni siquiera lidere el tema pues lo lleva la Fiscalía General, además que desde que llegó este gobierno, se le redujo su presupuesto en 70 por ciento.
Indicó que la cruzada contra la corrupción del presidente López Obrador se ha apoyado básicamente en la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República.
La especialista consideró que el trabajo de la UIF ha sido relevante, pero no de manera articulada con otras dependencias, que le permitiría tener mayores hallazgos relevantes, que se sostengan hasta su judicialización y defensa en tribunales.
“Este gobierno ha optado por una estrategia segmentada y eso ocurre también a escala estatal”, remarcó.
BUSCAN HACER JUSTICIA SELECCIONADA
La especialista en temas de corrupción y transparencia opinó que se ha optado por investigar y perseguir casos emblemáticos de corrupción con el fin de revertir la impunidad y recuperar la confianza ciudadana.
“No se está apostando por destruir redes de corrupción, es más este enfoque de que la corrupción se da entre funcionarios públicos que incumplen un marco normativo, cuando debiera entenderse el problema de una manera más amplia y extendida”, abundó.
De no hacerlo así, añadió, se estaría apostando por una estrategia que se enfocaría más en una cacería de brujas y sus alcances serían limitados.
- Recalcó que debe entenderse que el fenómeno de la corrupción es más complejo, estructural, donde interactúan actores públicos y privados que genera distorsión de recursos públicos, apropiación de instituciones, decisiones y hasta leyes en favor de grupos económicos o políticos que lo que hacen es generar o incrementar las condiciones de desigualdad y que tienen impacto en derechos humanos, concretamente en la protección de garantías.
Llamó la atención en que, además de que se ha apostado por casos emblemáticos, el problema es que se han mediatizado y politizado mucho, tal el es el caso de la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
Consideró que a consecuencia de ello se puede poner en riesgo la investigación y persecución del delito y se abre la posibilidad de que se diluya la probabilidad de que haya sanciones. “Eso, al final lo que puede generar es que los delitos y quienes los cometen queden impunes”.
- En el caso concreto de la Estafa Maestra, que es un problema “heredado” por la anterior administración, este gobierno se ha enfocado en el procesamiento de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles y no toda la red que participó en el desvío de recursos.
También comentó que el hecho de que no hay una política criminal de combate a la corrupción complica el combate a ese fenómeno. Eso dificulta comprender cómo se hace la selección de los casos que se persiguen y los que no./Agencias-PUNTOporPUNTO
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