El próximo año, el país erogará casi uno de cada cuatro pesos del gasto en la prestación de bienes y servicios públicos a la sociedad en cubrir el pago a pensionados y jubilados, por lo que el monto para este rubro ascenderá a un billón 64 mil millones de pesos, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.
El gasto representa una “bola de nieve” para la nación, pues crece un promedio de 7% real cada año, debido al envejecimiento de la población y los privilegios de las pensiones públicas, asegura Alejandra Macías, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
- Además de la presión fiscal por el pago de pensiones —que de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda aumentará de 4.2 a 5.3% del PIB entre 2020 y 2026-, el gasto en pensiones es también inequitativa, ya que los jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) reciben en promedio 77 veces más recursos que los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, afirma la especialista.
- Por primera vez en la historia México ejercerá un billón 64 mil millones de pesos en el pago de pensiones y jubilaciones de los distintos regímenes de beneficio definido, lo que implicará que el país gastará casi uno de cada cuatro pesos (23%) del gasto en la prestación de bienes y servicios públicos a la sociedad (gasto programable) en cubrir la mesada de los pensionados, también la proporción más alta de la historia en este concepto, revelan cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.
“Es un gasto que crece como bola de nieve, del orden del 7% real cada año, debido a nuestra transición demográfica y los privilegios de las pensiones públicas. Aparte de que literal se come el espacio fiscal porque cada vez hay menos recursos para funciones esenciales como salud, educación o seguridad, el gasto en pensiones es también profundamente injusto, pues los pensionados de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro reciben en promedio 77 veces más que, por ejemplo, los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores”, explicó a Excélsior Alejandra Macías, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En los Criterios Generales de Política Económica, la Secretaría de Hacienda prevé que la presión fiscal del pago de pensiones pase de 4.2 a 5.3% del PIB entre 2020 y 2026, lo que implicará que pase de 21.9% del gasto programable este año a 29.9% hacia 2026.
“Esta presión fiscal seguramente será mayor que los cálculos del Paquete Económico 2021. ARí no se tiene en cuenta la eventual reforma a las afores, que, aunque el gobierno diga que no trae costos fiscales adicionales, considero que sí los tendrá porque incrementará la cobertura de la pensión mínima garantizada. Tampoco en este cálculo se tiene en cuenta efecto que tendrá la contrarreforma pensional de la CFE que reduce la edad de pensión para sus trabajado res”, añadió Macías.
- La especialista del CIEP reconoció que es muy complejo mitigar el impacto fiscal del gasto en pensiones, pero considera que pueden existir vías legales para hacerlo.
“Un grupo de ciudadanos podríamos elevar una solicitud de estudio de los derechos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demostrar cómo el Estado mexicano incumple con garantizar distintos derechos, como la salud, educación o seguridad por el bajo presupuesto que le asignan, en parte porque debemos destinar cada vez más a pagar pensiones”, expresó Macías.
Explicó que una acción así tendría que provenir de las personas afectadas por la situación actual, que son quienes no tendrían los mismos beneficios de las pensiones públicas (generación afore e informales), además de aquellos a quienes tampoco se les garantiza el acceso a derechos sociales por insuficiencia presupuestal por tener que destinar más recursos al pago de pensiones.
“Mientras en la ciudadanía no exista una presión para que nos garanticen el acceso a los derechos, el gobierno hará con el presupuesto lo que quiera. El statu quo en el tema de la bomba pensional continúa porque nadie hace nada por intentar revertir la situación”, comentó Alejandra Macías.
Pensiones desiguales
El documento del CIEP refiere que la distribución del gasto en pensiones es desigual, pues el gasto por pensionado de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro (LyFC) es 77 veces más que el gasto por beneficiario de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
- El gasto pensionario por un trabajador el IMSS equivale a 138,719 pesos; mientras que si es del ISSSTE el gasto es de 233,306 pesos y el gasto por la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores es de 18,609 pesos.
Villa remarcó que este tipo de desigualdades se deben atender a través de una reforma en pensiones que no solo se enfoque en las generaciones que cotizó a partir de 1997; sino también a la generación de transición.
- Los Criterios Generales de Política Económica 2021 mencionan que en 2019, el pasivo pensionario del IMSS, ISSSSTE, CFE, Pemex y otras instituciones públicas representó el 47.7% del PIB por más de 11 billones de pesos.
Analistas alertan por presión del gasto de pensiones en finanzas publicas
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta el reto de realizar cambios de fondo para reducir la presión del gasto pensionario sobre las finanzas públicas, coinciden analistas.
Proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos muestran que la carga fiscal de este compromiso puede alcanzar 6% del Producto Interno Bruto (PIB) de México en los próximos ocho o 10 años.
La propuesta de reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) del gobierno federal ha sido calificada positivamente, porque aliviaría una parte del complicado esquema de pensiones que prevalece en México.
Sin embargo, los cambios en la CFE, anunciados la semana pasada, y que permitirían que sus trabajadores se jubilen a los 55 años, muestran que no hay claridad en si el gobierno de la Cuarta Transformación enfrentará a sindicatos y otras organizaciones con elevadas pensiones con carga directa al erario.
“Establecer y emprender una hoja de ruta, cuanto antes, mejor. No existe una única reforma pensional que vaya a solucionar todos los problemas del sistema mexicano. Más allá de algunas iniciativas, es importante construir la institucionalidad que permita al sistema mexicano de pensiones adaptarse e implementar ajustes en un contexto de envejecimiento acelerado.
“No podemos dejar de enfatizar que es clave comenzar cuanto antes”, dice el BID en su documento Diagnóstico del sistema de pensiones mexicano y opciones para reformarlo.
- La evaluación sobre la carga fiscal del denominado “tsunami pensionario” hacia 2030 es coincidente entre especialistas. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) destacó que sólo para 2020, la carga pensionaria alcanzará 4.5% del PIB, con lo que la propuesta de cambios al sistema de Afore del Ejecutivo federal no ataca el problema estructural.
“La crisis vino a cambiar todo el panorama, pero este tema no es nuevo, llevamos tiempo discutiendo y si no es en este momento que se incluyan más cosas, pueden pasar otros 25 años para hacer cambios y las implicaciones generacionales serían grandes”, dijo la investigadora del CIEP, Alejandra Macías.
- Para el especialista en la materia, Pedro Colmenares, la propuesta de modificaciones al SAR no debe verse como una reforma de pensiones, ya que se trata solamente de cambios paramétricos que atacan problemáticas específicas del IMSS.
“Lo bueno de la iniciativa es que sucedió a partir de un acuerdo político y nos deja el mensaje de que sólo así se puede avanzar para atender los problemas nacionales.
“Lo malo es que una iniciativa pequeña respecto del desafío total de la agenda enorme del régimen del Seguro Social y de los otros sistemas de pensiones… Lo feo es que todavía no se enfoca el verdadero problema que tenemos que es tener un método universal de protección”, dijo.
Para el expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez, y actualmente consultor de la rma Integralia, se está desaprovechando un
gobierno con alto grado de aceptación entre los mexicanos, un Congreso que le favorece y la posibilidad de avanzar en cambios más profundos.
“Es uno de los tres problemas o retos que enfrenta el país para los próximos 30 años. Hay muchos diagnósticos y por alguna razón que me temo es por política, se decidió autoconstreñir la reforma”, dijo. /Agencia- PUNTOporPUNTO
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