María de los Dolores Soto, activista de Amnistía Internacional (AI), sostuvo que de 1964 a la fecha se tiene un registro de 177 mil 800 desapariciones en México, mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sólo reconoció 73 mil 249 personas desaparecidas o no localizadas en dicho periodo de tiempo, de las cuales 75% tienen entre 15 y 30 años, “lo que significa que la juventud mexicana está desapareciendo”.
Y que tan solo en los cuatro meses de pandemia se ha reportado la desaparición de mil 342 personas en todo el país. En tal sentido, subrayó: “La desaparición de personas no está en cuarentena”.
- En el marco del ciclo de actividades virtuales denominado “Cultura de los derechos humanos: retos y perspectivas”, realizado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Soto destacó que la pandemia de covid-19 ha incrementado la crisis que viven las familias de las personas desaparecidas, pues éstas se encuentran invisibilizadas.
Además, la desaparición de una persona conlleva una disminución de los ingresos familiares, porque invierten su dinero en la búsqueda, y en la mayoría de los casos –abundó– los desaparecidos contribuían con la economía, lo que repercute en la salud y alimentación, entre otros derechos.
- En el tercer conversatorio “Grupos en situación de vulnerabilidad frente a la covid-19”, la antropóloga Noemí Domínguez Gaspar; la coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, Sofía González Talamantes, y la activista de AI, María de los Dolores Soto, coincidieron en que la crisis sanitaria evidenció las desigualdades estructurales históricas que padecen los grupos en situación de vulnerabilidad en México.
Domínguez Gaspar recalcó que existe una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas de México y particularmente de Oaxaca, pues no hay suficiente cobertura para atender el cumplimiento de los derechos colectivos, así como el reconocimiento del pueblo afro-mexicano.
Tras señalar que las comunidades desplazadas se encuentran en doble situación de vulnerabilidad en el marco de la pandemia, indicó que no es suficiente la traducción de mensajes preventivos en lenguas indígenas para hacer frente al reto que implica el covid-19, puesto que se requiere atender otras problemáticas, como la falta de servicios médicos y la autosuficiencia alimentaria, lo que proyecta un panorama complicado.
- En tanto, la coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, Sofía González Talamantes, puntualizó que la contingencia sanitaria evidenció la crisis en los Centros de Reinserción Social (Cereso), pues uno de los grandes problemas es el hacinamiento, dado que las celdas creadas para cuatro personas son dormitorio de hasta 30 personas.
“La sana distancia para prevenir contagios en los Ceresos es imposible”, sostuvo, y recalcó que desde el comienzo de la pandemia Documenta AC advirtió que si no se tomaban las medidas adecuadas para evitar contagios, esta situación generaría efectos graves.
La única fuente oficial que ofrece datos de contagios al interior de los Centros, agregó, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El pasado martes 18, ese organismo informó que se tenía un registro de 2 mil 139 casos confirmados de coronavirus y 109 fallecimientos en distintos Ceresos, siendo la Ciudad de México, Puebla, Chihuahua y Jalisco las entidades con el mayor número de casos.
Sin embargo, alertó que la cifra real de decesos podría ser mucho mayor, pues hay centros penitenciarios que no aportan la información completa.
- La única fuente oficial que ofrece datos de contagios al interior de los Centros, agregó, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
- El pasado martes 18, ese organismo informó que se tenía un registro de 2 mil 139 casos confirmados de coronavirus y 109 fallecimientos en distintos Ceresos, siendo la Ciudad de México, Puebla, Chihuahua y Jalisco las entidades con el mayor número de casos.
Sin embargo, alertó que la cifra real de decesos podría ser mucho mayor, pues hay centros penitenciarios que no aportan la información completa.
Estoy dispuesta a llegar donde sea: madre de desaparecidos
Sus ojos reflejan en fotos aquel cansancio de 12 años de buscar en cerros, campos y laderas algún indicio de sus cuatro hijos desaparecidos —presuntamente por policías— en Guerrero y Veracruz. También frustración por el peregrinar en fiscalías, y lidiar con ministerios públicos y policías que le han pedido hacerse a un lado, o dejar de preguntar.
“Sé que mis hijos ya no están conmigo, pero quiero saber la verdad. Estoy dispuesta a llegar a donde sea, porque mientras no haya justicia, no habrá paz”, dijo vía telefónica la señora María Herrera Magdaleno, principal impulsora en el Poder Judicial de la Federación para que el gobierno mexicano acepte la competencia del Comité de la ONU en casos de desaparición.
- El 28 de agosto del 2008, sus hijos Jesús Salvador, entonces de 25 años, y Raúl de 19, desaparecieron en Atoyac, Guerrero. Al principio, María pensó que su tardanza se debió a algún percance, pero pasaron horas y días sin saber de ellos. “Fui a la presidencia municipal de mi pueblo (Pajacuarán, Michoacán), luego a Sahuayo, a Zamora y luego a Guerrero. Ahí nos atendió el jefe de la policía ministerial de Atoyac, pero él sabía lo que había pasado con mis hijos; él y el comandante en turno y los policías, ellos habían desaparecido a mis hijos. Supuestamente nos apoyaron, nos trajeron dando vueltas, y después de ser insistentes, nos amenazaron”.
Tras la amenaza de muerte, María salió de Guerrero. Sin derrotarse, viajó con pocos recursos a la Ciudad de México para implorar ayuda en la puerta del Senado de la República, y luego en la Cámara de Diputados, donde un legislador le prestó un vehículo para que regresara a Atoyac, a dar seguimiento a la desaparición de sus dos hijos.
Aún con el dolor a cuestas y luego de vender una propiedad y objetos para mantener su búsqueda, el 22 de septiembre del 2010, en Poza Rica, Veracruz, otros dos de sus hijos, Gustavo, entonces de 27 años, y Luis Armando de 24, también desaparecieron.
“Ya no regresaron. Otro golpe más. Yo ya no tenía fuerzas para seguir adelante, pero tuve que sobreponerme por mis nietos y mis hijos; seguir tocando puertas”, relató la señora María Herrera, quien en el 2011 encontró en una plaza pública al poeta Javier Sicilia a quien le pidió ayuda, y éste la integró al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
- El 23 de junio del 2011, en el Castillo de Chapultepec, la señora María Herrera presenció el acto de perdón que ofreció el entonces presidente Felipe Calderón a familias y víctimas de la delincuencia, y ocho años después, el 24 de junio del 2019, la señora estuvo presente en Palacio Nacional junto con otras 200 madres y familiares de personas desaparecidas, donde pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador agilizar la localización con vida de las más de 73,000 personas desaparecidas que hay en el país. Ahí, el Primer Mandatario instruyó al canciller Marcelo Ebrard a realizar el procedimiento de aceptación de la competencia del Comité de la ONU.
Luego de que ayer 26 de agosto, el presidente López Obrador formalizó al Senado ese procedimiento, la señora Herrera expresó: “Esto (las desapariciones) no tiene que seguir pasando. Mientras el gobierno no haga algo, presionado por toda esta gente (de la ONU) que viene a apoyarnos, porque ellos les van a ir dando la pauta a seguir, esto va a seguir pasando, porque no hay quién les haga presión (a las autoridades mexicanas), porque no hay quién les haga saber lo que tienen que hacer y la forma que lo tienen que hacer.
“Esto (la declaración de competencia del Comité) para mí es un gran aliciente, es algo que tenemos que celebrar, no lo digo personalmente, sino por todas las madres de desaparecidos que necesitamos tener en nuestra alma, corazón, mente y en el cuerpo, una respuesta a la cual tenemos derecho”.
La batalla judicial
Durante sendas reuniones con madres de desaparecidos en el 2018 (Museo Memoria y Tolerancia) y el 2019 (Palacio Nacional), el presidente López Obrador ofreció la intervención de expertos de la ONU para esos casos. Sin embargo, la Cancillería recurrió a los jueces para evitar esa situación, explicó Sofía de Robina Castro, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
- Precisó que en marzo del 2018 se interpuso un amparo en nombre de la señora María Herrera para solicitar al gobierno federal que aceptara la competencia del Comité de la ONU. El 26 de enero del 2019, el juez resolvió en favor, pero el 26 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard recurrió la sentencia, por lo que un Tribunal Colegiado debió resolver, pero en noviembre del 2019 turnó el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 4 de marzo del 2020, la Segunda Sala de la Corte aceptó atraer el caso, por lo que está a la espera de que un ministro elabore el proyecto de sentencia.
“Como lo ha manifestado la propia Mary Herrera es una oportunidad para miles de familias que no han encontrado verdad y justicia para acceder a una instancia más que pueda resolver y analizar sus casos y acercarlos a la verdad y la justicia; también sería un acto de congruencia de este gobierno cuando refiere que el tema de la desaparición es una de sus prioridades”, dijo la abogada./Agencias-PUNTOporPUNTO
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