Desde el punto de vista de la ciencia política, el fin del Estado es, la seguridad. Esto quiere decir que, luego entonces, por encima de la seguridad pública se encuentra, la seguridad. Por esta razón es que el texto constitucional debería contener un concepto de seguridad, como función de Estado, de la que se desprendan las tres funciones de gobierno de la seguridad: la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional.
Es por estas razones que quizá la administración del presidente López Obrador transita por una complicada etapa en la seguridad mexicana, cuyo uno de sus principales problemas consiste, en la conceptualización de la seguridad mexicana.
El modelo de seguridad que se encuentra contenido en el texto del artículo 21 constitucional, tiene como premisa el establecimiento del orden y paz públicos, -que constituyen la seguridad pública-, en la cúspide de la seguridad mexicana.
Por esta razón es, que la seguridad nacional y la seguridad interior no tienen cabida en el texto constitucional, porque dogmática e ideológicamente el diseño de la seguridad gira en torno a estos elementos de la seguridad pública y, por ende, al existir una confusión en el diseño contemplado en la Constitución, por inercia cae al Presupuesto de Egresos de la Federación y al Plan Nacional de Desarrollo (PND).
La lógica de este planteamiento es la siguiente. Mientras que la Constitución establece los anhelos del pueblo mexicano, en el PND se definen las directrices como política de Estado o como política pública, mientras que el Presupuesto de Egresos les otorga recursos para ejecutarlos. Esto quiere decir que, el Presupuesto y el PND son complementos ejecutores de política pública, a los designios de la Constitución.
Esta sincronía constitucional, de planeación y legal no puede ser posible sin la voluntad del Ejecutivo Federal y los de las Entidades Federativas, para poner en acción la estructura legal y del sistema de seguridad del país.
La detención del líder del cartel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepez Ortíz, “El Marro”, solo es un golpe que vino a reorganizar los grupos delincuenciales por la disputa de la plaza en Guanajuato y algunas otras localidades del país. Lo esencial es detener a los lideres de estos grupos, minimizar su poder económico, a la par de combatir la corrupción en los cuerpos de seguridad.
La detención de El Marro funcionó, porque hubo una sincronía en facultades, atribuciones y organización, entre el Ejército Mexicano y las autoridades de seguridad de Guanajuato.
Lamentablemente el retrato actual de la seguridad mexicana es una obsolescencia dogmática e ideológica, cuyos conceptos se confunden con la magnilocuencia que representa hablar de temas de seguridad nacional.
Este es un retrato viejo, cuyo modelo e implementación datan de 1992 es, en parte, una de las causas por las cuales no es posible actualizar métodos, procedimientos y protocolos y una de las causas por las que no hay sincronía entre la Constitución, el PND y el Presupuesto de Egresos, sumado a una politización de la seguridad, en el que Federación y Entidades se culpan mutuamente por las fallas estructurales u operativas de la seguridad, pero buscan a toda costa la mejor participación de recursos federales para seguridad.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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