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El próximo 16 de diciembre vence el arraigo impuesto a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, quien está sujeta a investigación por el secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron que la inculpada ha mantenido silencio acerca de las órdenes que ella y su esposo dieron a los policías de Iguala y Cocula para que secuestraran a los estudiantes y luego los entregaran a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Durante el arraigo en que se mantiene a María de los Ángeles Pineda –en el Centro Nacional de Investigaciones, en las instalaciones de la PGR ubicadas en la colonia de los Doctores, en la ciudad de México–, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ha acudido en diversas ocasiones a solicitarle que declare en torno a los datos que han arrojado las indagatorias, sin que ella acepte comparecer.
Desde su aprehensión, el 5 de noviembre pasado, en un domicilio de la colonia Santa María Aztahuacán, delegación Iztapalapa, Pineda Villa se negó a responder cuestionamientos del personal de la Seido en relación con lo sucedido la tarde y noche del pasado 26 de septiembre y la madrugada del día 27, cuando los normalistas fueron agredidos por policías municipales de Iguala y Cocula.
Posteriormente 43 estudiantes fueron privados de su libertad, entregados a integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos, quienes supuestamente los habrían asesinado y calcinado los cuerpos, de acuerdo con las investigaciones de la PGR.
María de los Ángeles Pineda Villa es hermana de Alberto, El Borrado, y Mario, El MP, dos integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva; ambos fueron asesinados por bandas rivales en el estado de Morelos a finales de 2009.
Al concluir el arraigo, la PGR determinará si consigna a María de los Ángeles Pineda por secuestro, delincuencia organizada y lavado de dinero, o si la deja en libertad por falta de elementos probatorios para inculparla.
Algunos policías detenidos por su involucramiento en la desaparición de los estudiantes han señalado que ella era el enlace con los líderes de Guerreros Unidos.
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