Muchas ocasiones la clase política subestima o menosprecia la capacidad de inteligencia de la ciudadanía quien perfectamente comprende todo lo que sucede alrededor de la vida pública de nuestro país.
Sabe perfectamente que el sistema de justicia en nuestro país no está diseñado para procesar y llevar a la cárcel a los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, cometan delitos en contra del buen desempeño del servicio público; o bien, que los partidos políticos dispongan de una parte de sus prerrogativas y nos la ofrezcan como donativo, cuando el dinero es de la ciudadanía y no de los partidos.
En el primer caso se sabe que al tomar posesión de algún cargo público o de elección popular, los integrantes de la clase política verán incrementado su patrimonio, en proporción al grado de corruptibilidad que les sea permitido o que ellos impongan.
Que cuando lleguen a ser diputados o senadores, hay quien crea que es suficiente hacer caso omiso a la ley y tomar lo que alcancen, sin pudor ni rubor alguno. Así han pasado 17 años con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los que ha documentado 458 expedientes y sólo se han consignado a 7 presuntos responsables de delitos, cuando sólo en el Senado la ASF en la Cuenta Pública 2016 documentó que se omitió comprobar 1,200 millones de pesos, como si se tratara del cambio de las tortillas, caray.
Pero no sólo eso, sino que también la ciudadanía sabe que la mayor parte de las candidaturas a cargos de elección popular, son compradas a las dirigencias de sus partidos o son heredadas, como si los cargos de elección fueran patrimonio personal o a la espera de colonizar el poder político.
Por supuesto que en legislaturas pasadas se hizo del conocimiento público la práctica de los moches, consistente en solicitar un porcentaje del costo total de alguna obra para gestionar recursos públicos. En 2015 se supo que en Inglaterra un político del Partido Conservador y otro del Partido Laborista fueron sorprendidos pidiendo moches, lo que les costó su carrera política. ¿Y en México?
La Evaluación Nacional de Riesgo 2019-2020 que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) arrojó que entre ellos se encuentra, la delincuencia organizada, corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados en el país. Además existe una transición de la delincuencia del ámbito físico hacia el cibernético, derivada de la pandemia por el COVID-19.
Por eso es que la banca múltiple tiene un alto riesgo de ser infiltrada y utilizada por grupos delictivos para lavar dinero, así como la banca múltiple relacionada con centros cambiarios, debido a la cantidad de operaciones, usuarios y montos. Esto puede explicar las diversas ocasiones en que han sido penetrados los sistemas de pagos SPEI del Banco de México.
Por eso el papel anticorrupción que juega la UIF es determinante, junto con otras instituciones del Estado mexicano, para erradicar prácticas que perjudican el sistema financiero mexicano, incluida las que realizan algunos personajes de la clase política.
Les guste o no, hay quien debe entender que este país le pertenece a quienes estamos del lado del estado de derecho, de sus instituciones y de sus ciudadanos que, como usted, se busca de manera honesta el sustento para llevarlo a casa.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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