El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta informó que la Suprema de Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la acción de inconstitucionalidad promovida por algunos diputados de oposición en contra de la Ley de Educación, luego de que el máximo tribunal del país advirtió que en dicha legislación no se pretende ninguna expropiación de inmuebles de instituciones educativas privadas, tal como lo acusaron los detractores de la 4T.
En conferencia de medios, el titular del Poder Ejecutivo ofreció diálogo con los rectores de las universidades para plantear que es legítima la Ley de Educación y que no tiene ningún fin negativo contra el sector privado.
- “La Corte desechó la acción de inconstitucionalidad. Habrá diálogo permanente con los dueños de las escuelas, no fue una ley expropiatoria como dijeron. Fue solamente para presentarse como siempre han sido la derecha encubierta en Puebla”, cuestionó.
- Respecto a la acción de inconstitucionalidad 131/2020 el máximo tribunal de justicia en el país determinó el “desechamiento de plano por ser notoriamente improcedente”, según consta en el archivo electrónico de este poder.
En junio pasado, aproximadamente 50 instituciones educativas privadas se ampararon contra la Ley de Educación de Puebla o algunos de sus artículos, confirmó Arturo Guerra, presidente de la Federación de Escuelas Particulares de Puebla, por considerar que atentaba contra las propiedades de las instituciones.
En videoconferencia de prensa, indicó que los casos de cada una ya están siendo revisados por despachos de abogados, y que hay otras más que también están considerando solicitar la protección de la justicia federal, pero por sus propios medios.
- No obstante instituciones como el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) aseguró que la Ley de Educación de Puebla guarda similitud con la Ley General de Educación, por lo que atribuyó las críticas que ha recibido a la decisión el Congreso de Puebla de aprobar el ordenamiento sin tomar en cuenta las opiniones y observaciones de la ciudadanía.
“La inclusión ciudadana en los procesos legislativos y en las decisiones de mayor relevancia estipuladas por el gobierno debe ser prioridad para mantener la sana convivencia”, concluyó el Igavim en un estudio que realizó del tema./LA JORNADA-PUNTOporPUNTO
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