RITA MAGAÑA TORRES
El encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Olivas Ugalde, reconoció que en el caso de Oceanografía sí hubo daño patrimonial a Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que se cobraron 525 millones de pesos.
Durante una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso Oceanografía, el funcionario federal respondió a la presidenta de la Comisión, Lisbeth Hernández, sobre posible daño patrimonial a Pemex.
Al respecto, el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas precisó que cuando se incumple un contrato se causa un daño patrimonial y se producen daños y perjuicios, y en este caso, se aplicaron las clausulas penales por dicha cantidad.
El funcionario federal se dijo convencido de que las inhabilitaciones y la sanción económica a las que se hizo acreedora la empresa Oceanografía están apegadas a derecho “y lo vamos a defender en los tribunales”.
Por su parte, Mario Delgado, del PRD, manifestó a Olivas Ugalde que el titular del Órgano Interno de Control de Pemex, Daniel Ramírez Ruiz, negó en reunión previa con la Comisión que hubiera existido dicho daño patrimonial.
Al respecto, el funcionario público aclaró que el OIC de Pemex se refería al asunto con Banamex, en el que no hubo daño patrimonial a Pemex, debido a que es una relación entre particulares. Agregó que no se determinaron responsabilidades porque se aplicaron las penas convencionales incluidas en los contratos.
De no haberse aplicado la sanción, si se hubieran podido fincar responsabilidades, explicó. Hemos actuado conforme a derecho y lo defenderemos a través de los juicios y recursos que tengamos a la mano.
Además, la perredista Dolores Padierna, cuestionó si el caso Oceanografía es importante por su cuantía o por la corrupción que existe en Pemex, al otorgar contratos a amigos privilegiados ¿qué hace la SFP para evitar la corrupción que daña al patrimonio público?
En tanto, Jesús Casillas, del PRI, cuestionó acerca de las acciones que realizó la dependencia a raíz de las recomendaciones y observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), antes de que detonara el caso Oceanografía.
En su respuesta, Olivas declaró que la SFP no tiene todas las facultades para combatir a la corrupción.
Al respecto, pidió que cuando se aborde el tema del Sistema Nacional Anticorrupción se le otorgue a la dependencia facultades para poder información en materia bursátil, de sistemas de ahorro para el retiro y de sociedades de ahorro y cooperativas, a fin de redondear las investigaciones.
Asimismo, es necesario que la Cámara de Diputados asigne más recursos a estados para que los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio quedaran totalmente digitalizados, con el propósito de que se pudiera consultar las propiedades de cualquier persona desde cualquier lugar en esa base de datos.
En su exposición, Olivas detalló que con relación a las fianzas presentadas por Oceanografía en montos menores, se procedió a aplicar procedimiento disciplinario a servidores públicos encargados de verificar que las fianzas cumplieran con lo pactado.
Se sancionó a Joel Bermúdez Castro, gerente de suministros y servicios administrativos para perforación y servicios a proyectos y Luis Ignacio García Mendoza, subgerente de seguimiento y control de contratos, fueron destituidos e inhabilitados por un año.
Y el coordinador de contratos, José Juan Félix Arenas Muñoz y el coordinador especialista A, Erik Cabañas Ramírez, fueron destituidos e inhabilitados por seis meses.
Además, se investiga el aspecto patrimonial e intervención de funcionarios que participaron en su relación e Pemex con Oceanografía.
Puntualizó que de 2006 a 2014 Oceanografía celebró 82 contratos y 94 convenios por 44 mil 977.26 millones de pesos. La empresa participó en adjudicaciones directas, licitaciones públicas nacionales, internacionales en 406 ocasiones, de las cuales se firmaron contratos en 82, abundó.
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