Las empresas están en riesgo. El Gobierno federal no está obligado a intervenir para que puedan seguir operando, pero el salvaguardar las fuentes de empleo sí debería ser una prioridad.
- Desde el inicio de la actual emergencia sanitaria el mensaje que provino desde Palacio Nacional fue claro: no se rescatarán a negocios privados con dinero público.
- El Inegi estima que más de 12 millones de mexicanos han perdido su empleo a raíz del COVID-19 y al menos 10 mil empresas bajaron la cortina de manera permanente en todo el país.
- Dentro de las grandes compañías que dieron a conocer que su situación financiera atraviesa por una complicada situación destaca Aeroméxico, dirigida por Andrés Conesa, que se acogió al capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos con el objetivo de enfrentar sus obligaciones futuras tras el impacto de la pandemia.
- Otro caso, pero bajo circunstancias diferentes es Banco Famsa fundado en 2007 en Monterrey. El último día de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización de la institución para operar, con lo cual se dio inicio al proceso de su liquidación.
Para el doctor en economía Raymundo Tenorio la actual administración podría ayudar no necesariamente a rescatar, pero sí a que las empresas en territorio nacional mantengan su operación.
“El gobierno tiene que salvar la economía real, es decir a los negocios que producen bienes y servicios con el diferimiento de cuotas de seguridad social o el pago de impuestos fijos y esto no significa que ya no le van a pagar, al contrario, les serviría como una válvula de escape en medio de esta crisis”, dice el profesor emérito del Tec de Monterrey/REPORTE INDIGO-PUNTOporPUNTO
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