La entrada en vigor del nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abrirá la puerta para que las empresas energéticas estadounidenses inicien procesos de arbitraje en contra del gobierno mexicano, derivado de las acciones tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es un proceso largo y complicado para ambas partes, pero que se presenta como una opción viable ante el actual clima para hacer negocios en este sector, coinciden analistas consultados.
- Las tensiones en el sector energético por la disputa entre el gobierno y las empresas privadas ha escalado desde el año pasado tras una serie de cambios y decisiones que han afectado tanto firmas en el sector de hidrocarburos como el eléctrico.
- Las empresas extranjeras han acudido a sus embajadas para pedir el apoyo de sus gobiernos para entablar un diálogo con la administración, en específico con Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), ante una serie de medidas que a su juicio suponen una afectación a las inversiones realizadas en el país.
Pero la brecha entre el sector privado y el gobierno se ha ampliado con los meses, y dos asociaciones de firmas energéticas estadounidenses han pedido al gobierno de Donald Trump su intervención ante estos giros en la política pública del sector.
“La industria energética no es el único sector que está considerando al T-MEC como posible salvador (…), diario tengo conversaciones para decir cómo se pueden proteger”, afirma Duncan Wood, director del Instituto México en el Centro Woodrow Wilson, con sede en Washington.
- El Instituto Americano del Petróleo (API) y la asociación Americana de Manufactura de Combustibles y Petroquímicos (AFPM) enviaron cartas a la administración de Trump este mes, acusando de cambios en las reglas en el sector energético mexicano que los ponen en desventaja y que buscan favorecer a la petrolera estatal Pemex.
“Estas acciones son discriminatorias contra miembros de API que, además, pueden contravenir los compromisos de México en el Tratado Nacional de protección de inversiones, dentro de los capítulos de Inversiones tanto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLACN) y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, dijo Michael Sommers, director general del Instituto, en una carta dirigida a funcionarios del gobierno de Donald Trump fechada el 11 de junio.
AFPM también se refirió a la entrada en vigor del tratado, y que las acciones del gobierno pudieran violar algunos de sus capítulos.
“Con la entrada del T-MEC obviamente habrá que sujetarse a él (…) y lo que dicen las empresas es que tienen bases para afrontar y ganar un arbitraje contra México”, afirma Lucía Ojeda, socia de la firma legal SAI Derecho y Economía.
Las empresas de Estados Unidos pueden ver a las acciones tomadas por el gobierno de López Obrador como una serie de medidas que al final pueden equipararse a una expropiación, y así iniciar un arbitraje para buscar resarcir esos daños, agrega la especialista. “Es un proceso largo y costoso, pero si al final ven un daño significativo en sus inversiones, las empresas van a acudir al arbitraje”, considera.
- Las empresas estadounidenses también apuestan a que, si bien no pueda darse una intervención directa del presidente Trump, sí puede haberla del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dice Duncan Wood.
- “Es un abogado especializado en comercio internacional, ha sido procurador de varios casos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha tenido mucho éxito. A él le gusta este tipo de pelea”, afirma el especialista.
- API y AFPM señalaron temas como los cambios a la política de almacenamiento de petrolíferos, el retraso de permisos en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la eliminación de regulaciones para sujetar el poder de mercado de Pemex.
Las denuncias se unen a otras realizadas por Canadá en mayo donde acusaba de cambios en la política en materia eléctrica, con modificaciones al otorgamiento de Certificados de Energías Limpias, y el frenos para el inicio de operaciones de centrales renovables, aunque en esa ocasión, la embajada no se pronunció acerca del T-MEC.
La administración de López Obrador ha apostado por reforzar la posición de los exmonopolios estatales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y algunas de estas acciones han derivado de disputas que han llegado a los tribunales mexicanos.
SCJN PONE FRENO A LA POLÍTICA GENÉTICA DE AMLO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional en contra de la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener), interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), además de otorgarle la suspensión para frenar todos sus efectos hasta que se resuelva el fondo del asunto.
- “La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, explica el máximo tribunal en una acuerdo publicado este lunes.
- Ahora la SCJN debe analizar esta controversia, que pretende determinar si la regulación emitida por Sener invade las tareas o los objetivos que persigue el ente antimonopolios.
“Es un asunto que amerita la revisión de la Corte, porque nos parece relevante que se definan los límites del regulador frente a los principios constitucionales que hablan, entre otras cosas, de la competencia”, afirmó Palacios.
El ente antimonopolios considera que la política en materia de confiabilidad de la red eléctrica compromete el acceso abierto a la red de transmisión y distribución, deja en segundo plano el criterio de un despacho eléctrico más económico, le da ventajas a la CFE sobre otros participantes porque puede decidir quiénes pueden entrar a la red, y establece barreras para la entrada de nuevos operadores eléctricos.
- La Sener ha defendido que la publicación del acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, a mediados de mayo, busca poner “orden” en el abasto de electricidad, y que la seguridad y confiabilidad de la red deben estar por encima de otros objetivos previstos en la constitución.
Pero el sector privado, asociaciones de firmas renovables y ambientalistas se han inconformado por su publicación, y han logrado algunas suspensiones para frenar su aplicación dentro de los juicios de amparo que se han interpuesto en su contra./Agencias-PUNTOporPUNTO
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