La única asociación de comercio petrolero de Estados Unidos solicitó al gobierno del presidente Donald Trump que intervenga en la discriminación a inversionistas emprendida por su homólogo Andrés Manuel López Obrador.
- En una carta, el Instituto de Petróleo Americano (API, por sus siglas en inglés) denunció cambios regulatorios en México que relegan a firmas inversionistas de Estados Unidos, lo que viola los compromisos del capítulo de inversiones del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
- «Por ejemplo, inversionistas de Estados Unidos está encarando dificultades para obtener permisos de un rango de actividades, incluidas estaciones nuevas o con nueva marca, estaciones de almacenamiento de terceros interesados, combustibles importados, terminales de líquidos, terminales de gas natural licuado», expuso la asociación.
Los empresarios acusaron a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de retrasar la concesión de permisos para transferir la propiedad de estaciones de servicio en un máximo de 90 días.
Asimismo, se quejaron de las inspecciones realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que ha cerrado el bombeo a estaciones de servicios de empresas estadounidenses por infracciones menores. Así como de un trato desigual con Pemex, donde importadores privados deben cumplir con especificaciones como bajo contenido de azufre y gasolina, mientras que Pemex recibe exenciones.
- Otro atropello es la entrada en vigor el 1 de julio en la Política Pública de Almacenamiento de Petrolíferos que dará ventajas a Pemex.
- La asociación acusó retrasos en permisos para la importación de combustibles por parte de la Secretaría de Energía.
- La carta fue dirigida a la Secretaría de Energía, Estado, Comercio y a la oficina de Representación de Comercio de los Estados Unidos.
«Nosotros los exhortamos a usar los canales diplomáticos con el presidente de México y sus contrapartes del gabinete (en México)para urgir al gobierno de México a sostener los compromisos del T-MEC para tratar a los inversionistas y exportadores de Estados Unidos justamente en la vispera de la entrada en vigor del T-MEC», expuso la asociación.
4T redobla su apuesta ante las críticas del sector energético
La administración de Andrés Manuel López Obrador se encuentra en plena lucha con el sector privado ante los cambios que ha sufrido el sector desde el año pasado. El gobierno pone todo de su parte para permitir que los exmonopolios Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retomen su papel dominante en el sector energético, una visión que promueve de manera activa con miras hacia 2024.
- El choque de posturas más reciente viene desde el influyente Instituto Americano del Petróleo (API), que ha pedido la intervención de altos funcionarios de la administración de Donald Trump para frenar lo que considera un trato “discriminatorio” contra sus agremiados con inversiones en el país, para favorecer el camino a Pemex.
“Estas acciones son discriminatorias contra miembros de API que, además, pueden contravenir los compromisos de México en el Tratado Nacional de protección de inversiones, dentro de los capítulos de Inversiones tanto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLACN) y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, apuntó Michael Sommers, director general del Instituto, en una carta dirigida a funcionarios del gobierno de Donald Trump fechada el 11 de junio.
El reclamo, que se enfoca en las empresas del sector de hidrocarburos y petrolíferos, se une a los realizados por la embajada de Canadá y la Delegación de la Unión Europea a mediados del mes pasado para externar las preocupaciones de las firmas de sus países sobre las modificaciones que se están realizando en el sector eléctrico en México, y que amenazan con afectar sus inversiones en el país.
“En los últimos meses, empresas canadienses con inversión y proyectos en el país han enfrentado diversos desafíos, manifestando su preocupación por la política de cancelación de las subastas de energía limpia”, dijo Graeme C. Clark, embajador designado de Canadá, en una carta enviada a la titular de Sener
- Las cartas de ambas embajadas se enviaron antes de la publicación intempestiva de la nueva política de confiabilidad para el sistema eléctrico, y del alza de casi 800% a las tarifas que pagan ciertas centrales renovables.
- El sector empresarial y las asociaciones de firmas renovables han manifestado su preocupación por estos cambios y han interpuesto juicios de amparo en contra del gobierno, ganando hasta ahora suspensiones que frenan estas modificaciones por el momento.
- Pero el gobierno tiene lista la publicación del Programa Sectorial de Energía 2020-2024, un instrumento que muestra la guía de las acciones que deberá tomar la administración para llevar a cabo su “rescate de la soberanía energética”, una visión enfocada a que el Estado tome más participación y control del sector.
“Para atender la problemática de Pemex es necesario recuperar la rectoría del Estado a través de Sener, con la participación de los órganos reguladores coordinados en materia energética alineados a la política de rescate del sector energético nacional, que le permitan competir en igualdad de circunstancias con los demás agentes económicos del mercado”, dice el documento enviado por la Secretaría, que pide se exente de la consulta pública y se apruebe en sus términos.
- Este anteproyecto de Programa muestra la firme intención del gobierno de dar cada vez más apoyos tanto a Pemex como a CFE para fortalecerse su posición en un mercado que iba ganando algunos espacios de los exmonopolios legales. Si bien el gobierno cumple con su promesa de no modificar la Constitución para revertir la reforma energética, está aprovechando los huecos regulatorios que se dejaron desprovistos de actualización durante el sexenio pasado, justo para fortalecer a las empresas estatales, afirma Daniela Flores, analista de la consultora Talanza Energy.
“No han actualizado las reglas de juego desde la reforma del 95 en muchos casos. Y ese fue un error de la administración pasada, el no dejar todo bien amarrado”, opina la especialista.
Los retrasos en la emisión de permisos por parte la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que acusa API es muestra de estos agujeros porque esa lentitud se da desde la administración pasada, dice Flores.
Las acciones tomadas por el gobierno pudieran dar argumentos a las firmas que se vean afectadas a presentar arbitrajes internacionales, al considerar que sus inversiones se están viendo afectadas por beneficiar a las empresas estatales, cuestiones que tanto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como el nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevén como causas para realizar estos reclamos, apunta Miguel Flores Bernés, socio de la firma legal Greenberg Trauring./Agencias-PUNTOporPUNTO
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