La relación política entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal coincide en la prestación de los servicios que cada poder le corresponde, pero que hoy no se encuentra en su mejor momento.
Si bien es cierto que políticamente, Jalisco es una Entidad Federativa importante, por su número de habitantes, por la cantidad de presupuesto federalizado a esa entidad y por el número de votantes que aporta en una elección federal, no así por la visión de Estado o el talento para gobernar de algunos de los integrantes de su clase política, que pasa desapercibida en el contexto nacional.
Prueba de ello es el desempeño de las políticas públicas locales de seguridad y de salud, que hacen de Jalisco uno de los primeros lugares en desaparecidos y en dengue, principalmente.
Pero el problema de la seguridad en Jalisco no es nuevo. En la pasada administración el Fiscal estaba bajo la sospecha de proteger a un cartel, de tal manera, que algunas de las instancias de seguridad nacional no le tomaban llamadas u omitían coordinarse con las autoridades de seguridad de Jalisco; prueba de que algo andaba mal es, los bloqueos de 2015 en cuando menos 25 puntos de esa entidad, así como el uso de armamento de uso militar por la delincuencia para derribar un helicóptero del Ejército.
Al cambio de gobierno en 2018 las condiciones de seguridad permanecieron igual. El presupuesto local de Jalisco y federalizado solo sirvió para conservar el gasto corriente y el gasto de inversión, pero persistió el mismo modelo de seguridad heredado de la anterior administración con sus sistemas, subsistemas y procesos, se cumplieron compromisos políticos y se nombró a mandos que desconocen en seguridad y se ratificaron algunos de la pasada administración; prueba del modelo fallido lo constituye, los sucesos del 5 y 6 de junio pasado.
Pero en una responsabilidad federalizada y compartida, la estrategia de seguridad de la presente administración federal tampoco ha rendido los frutos necesarios en Jalisco y en gran parte del país. Políticamente a la Federación le conviene mantener una inacción en Jalisco, y en los estados que no quieran alinearse políticamente a la cuarta transformación.
Los mutuos desencuentros en las políticas públicas tienen origen en una serie de diferencias políticas entre Enrique Alfaro, entonces candidato a gobernador y el entonces candidato López Obrador, cuando el primero no quiso sujetarse a las instrucciones políticas de la elección local del 2012 del segundo.
Hoy el carácter de ambos personajes y las posibles diferencias no superadas de ese entonces impide que los acuerdos políticos fluyan, y las deficiencias en las políticas públicas locales y federales, ambas en seguridad y ahora de salud, han puesto a Jalisco y probablemente a otros estados, en una disyuntiva entre ejercer el poder y dejar que otros lo ejerzan.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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