La propuesta del presidente López Obrador de suprimir los fideicomisos públicos ha desatado una serie de reacciones, por las consecuencias que ello representa y cuando siendo oposición, señalaron a los fideicomisos como auténticas cajas chicas del gobierno federal, que proveen recursos frescos para ser usados a discreción o con fines políticos.
Pero por la ausencia de mecanismos de fiscalización, seguimiento y al amparo del secreto fiduciario, esta figura ha sido utilizada indebidamente.
En el sexenio del presidente Vicente Fox, los fideicomisos del gobierno federal se incrementaron de 1,387 en 2004 a 1,409 en 2005, y el monto de sus activos pasó de 675 mil millones de pesos a 742 mil millones de pesos en ese periodo.
Para 2011 en la administración de Felipe Calderón, existían unos 400 fideicomisos que administraban poco más de 360 mil mdp y en la administración de Enrique Peña Nieto se sostuvo con 374 de estos instrumentos, con 772 mil mdp.
La propuesta de la presente administración de suprimir el fideicomiso del fondo de desastres naturales ha traído una serie de críticas, que parece no están bien orientadas.
Según sus Reglas de Operación, el Fondo de Desastres Naturales está constituido por tres instrumentos financieros: Un fondo revolvente, a cargo de la SEGOB; los recursos del fondo asignados al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos, y finalmente, el fideicomiso del fondo de desastres naturales.
Este fideicomiso está diseñado como apoyo a los gobiernos de los estados y dependencias de la administración pública federal para restituir la infraestructura dañada, como consecuencia del paso de un fenómeno natural que haya causado daños, con la condición de que los estados deben asegurar su infraestructura.
La supresión de los fideicomisos de la administración pública federal, como medida para obtener recursos frescos para atender la contingencia sanitaria del virus SARS-Cov2, no soluciona la curva de contagios y abre otros frentes.
Tampoco la reducción del 75% de los recursos presupuestales para servicios generales, materiales y suministros, señalas en las partidas 2000 y 3000 del Presupuesto de Egresos serán la solución.
Una medida para obtener recursos sin necesidad de sacrificar el presupuesto y sin necesidad de recurrir a un crédito puede ser, la moderación de la consolidación fiscal, la eficiencia de la recaudación de impuestos, la supresión de condonaciones fiscales y la devolución de recursos públicos sustraídos indebidamente por actos de corrupción.
Un ejemplo. El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), intitulado “Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano, Oportunidades de Mejora, 2009”, detectó por ejemplo, que en el 2006, 50 grandes contribuyentes, -entre empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras-, pagaron 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre el 2000 y el 2005, en promedio, entre otras barbaridades.
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