En la primera semana de septiembre de este año dará inicio el proceso electoral ordinario 2020-2021 en México, es decir, en poco más de noventa días comenzará uno de los comicios más grandes de la historia nacional reciente; en este proceso concurrente se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, se elegirán 15 nuevas gubernaturas y habrá elecciones locales en las 32 entidades de la República. Esta concurrencia no se presentó siquiera en la elección presidencial de 2018.
En este contexto se presentan algunos pendientes relevantes de cara al inicio del proceso, que deben ser resueltos para garantizar los principios rectores de la materia electoral. Hay que recordar que se encuentran vacantes cuatro lugares en el Consejo General del INE, ya que se interrumpió la designación que debe hacer la Cámara de Diputados dada la emergencia sanitaria por COVID-19 en el país; desde el mes de abril pasado concluyeron el mismo número de Consejeros en su encargo y se requiere su designación para que el Consejo pueda operar correctamente. Por ejemplo, el INE debe desinar a miembros de los órganos electorales locales que a su vez se encuentran vacantes y son esenciales para que éstos puedan dar inicio a sus comicios respectivos.
La Jornada de Sana Distancia que se aplicó para evitar mayores contagios por coronavirus, obligó al INE a cerrar módulos de atención para la expedición de credenciales para votar con fotografía, con lo que la actualización de la Lista Nominal y Padrón Electoral se vio afectada; estos instrumentos electorales son fundamentales para garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos.
El otorgamiento de registro de nuevos partidos políticos también se encuentra pendiente de resolver por parte del INE, ya que los procesos de validación y fiscalización de los promotores de éstos, se interrumpió por la misma causa. El registro de nuevos partidos es significativo dado que, quienes alcancen esta prerrogativa, podrán acceder a la composición del nuevo poder público nacional y local.
El INE debe realizar, en virtud de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un ejercicio para que personas privadas de libertad, no sentenciadas, puedan emitir su voto en este proceso electoral, para, en su caso, más adelante se pueda contar con método para que estas personas puedan ejercer el derecho al sufragio, como lo hacen los mexicanos residentes en el extranjero.
Se trata de una serie de pendientes que se originaron con motivo de la emergencia sanitaria y que han venido a trastocar la operación de los comicios en puerta; se requiere de procesos legislativos e institucionales para darles solución a la brevedad posible y, desafortunadamente, restan pocas semanas para alcanzar acuerdos y resoluciones que favorezcan este propósito.