Con la publicación de la política que limita los espacios de energías renovables, la Secretaría de Energía (Sener) y el gobierno federal abrieron la puerta a una lluvia de amparos, demandas y litigios administrativos de empresas privadas directamente involucradas en ese ramo que operan o buscaban participar en el país.
Gonzalo Monroy, analista y socio director de la firma especializada GMEC, advirtió que no hay duda de que los recursos legales vendrán, y se van a tener que mediar no sólo en juzgados mexicanos, sino también ante instancias internacionales, lo cual, dijo, sienta un mal precedente para el sector eléctrico nacional, pero en general para la nación.
“Al involucrar a embajadores de la Unión Europea y Canadá, el asunto adquiere relevancia internacional”.
- Ana Lilia Moreno, analista en materia de competencia y regulación, consideró que el acuerdo es violatorio a tratados internacionales y normativas locales, como la Ley de la Industria Eléctrica.
- Por su parte, Aldo Flores-Quiroga, quien fue subsecretario de Hidrocarburos en la Sener, indicó: “Está confirmado: el gobierno mexicano trabaja para sus empresas nacionales de energía, no al revés. [Es] un ejemplo más de captura regulatoria del Estado. Pierden los consumidores y contribuyentes”.
- Lucía Ojeda, profesora en Competencia Económica del CIDE, dijo que los tratados internacionales protegen las inversiones extranjeras. La Sener argumentó hace dos días que el acuerdo de Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional fortalecerá a ese órgano.
La dependencia aclaró que trabaja en medidas correctivas para abordar el desbalance que existe entre la capacidad de generación eléctrica con respecto a la demanda, problema que se agravó con la pandemia del Covid-19 y provocó una reducción drástica de la demanda de los sectores industrial y comercial.
De acuerdo con datos de la secretaría, la capacidad instalada de generación de 80 mil megawatts (MW) supera en 30 mil a la demanda máxima instantánea del sistema, “que en la semana 26 de 2019 alcanzó un total de 50 mil MW.
“Eso compromete la conabilidad y continuidad del suministro eléctrico, especialmente para garantizar la operación de las actividades esenciales y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura y del sistema de Salud durante la emergencia”, se lee en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En relación con la incorporación de las energías limpias, puntualizó que ésta debe darse “mediante la intervención y apoyo necesario de centrales que tengan disponibilidad total y proporcionen reserva de planeación y operativa, así como servicios conexos que hagan viable su funcionamiento”
- A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afirmó que la política de confiabilidad no vulnera el Estado de derecho, porque no se cambian las leyes, sino que mejoran las reglas de aplicación para proteger el interés general ante la pandemia.
- En la última Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032 que publicó la administración anterior, se esperaba adicionar 30 mil 241 MW de capacidad de generación con tecnologías renovables. En 2019, según sus estimaciones, se registraría el mayor nivel de capacidad a instalar, como resultado de las tres primeras subastas eléctricas de largo plazo.
La política de la Sener impone una serie de pruebas y limitaciones a nuevas centrales de generación de energía renovable, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas
o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares considerados congestionados o con poca capacidad de transmisión.
Embajadores de la Unión Europea y de Canadá mostraron su preocupación, tras criticar que se atenta contra la inversión en el sector, estimada por ellos en 6 mil 850 millones de dólares, tomando en cuenta 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados.
Como en el Aeropuerto, Gobierno deberá indemnizarlos
Ante el acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) el 29 de abril pasado, que detiene la operación de nuevas centrales de energías renovables en México, como consecuencia de la contingencia actual por el Covid-19, especialistas jurídicos y abogados advirtieron que esta acción es irregular y provocará una defensa legal de empresas y consumidores afectados.
- Gerardo Prado, del despacho Sánchez Devanny, anticipó que “la medida causará una «lluvia» de amparos y expuso que marca una tendencia del gobierno actual de limitar la participación de privados en energías limpias y se contrapone a los compromisos que se han adquirido a nivel mundial en el impulso a la generación de electricidad mediante el uso de fuentes renovables.
«México está yendo en contra de la tendencia del mundo, al incluir sólo a las plantas contaminantes«, criticó Prado. “El acuerdo demuestra que este tipo de decisiones no se apegan a la Ley, y en todo caso la instancia que debió haber determinado esta medida era la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y no el Cenace, además de haber intervenido la Comisión Federal de Mejora Regulatoria”.
Durante el panel «Defensa legal para los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista en contra el Acuerdo del Cenace del 29 de abril del 2020», organizado de manera virtual por el Clúster Energético de Nuevo León, también estuvieron presentes los socios de los despachos Santos Elizondo y Lexoil Consultores, quienes coincidieron en la ilegalidad de dicho acuerdo y en los diversos recursos legales que tienen las empresas para defenderse.
- Alain Duthoy, de Lexoil Consultores, sostuvo que “el amparo es uno de los recursos de defensa que tienen las empresas afectadas”.
- En opinión de Jorge Arrambide, del despacho Santos Elizondo, destacó que otro recurso de defensa es pelear la medida a través de un arbitraje internacional, dado que los tratados mundiales protegen a las empresas de un trato justo, ya que la medida también podría calificarse como una «expropiación» a las empresas al impedirles operar.
Explicó que el acuerdo viola tres principios, “uno de ellos es el de legalidad de la autoridad, ya que puede hacer lo que dice la Ley, y no hay una debida fundamentación para tomar esa determinación, pues quien tiene las facultades para esta medida es la CRE, y no el Cenace.
“Uno más es el principio de irretroactividad de la ley, el cual sostiene que ninguna Ley nueva puede afectar los derechos ya adquiridos, y una tercera violación es que el acuerdo atenta contra la libre competencia provocando incertidumbre jurídica y en perjuicio de las empresas, claramente dispuesto en las leyes que nacieron con la reforma energética.
«Y también es muy preocupante que este acuerdo no habla de temporalidad, como es común en instancias del gobierno, no nos dice cuánto tiempo va a durar, puede ser para siempre, y le causa agravios directos no solo a las centrales de privados sino a la población en general por el incremento en tarifas y el impacto al medio ambiente«, criticó Arrambide.
- Luis Orlando Pérez, de Sánchez Devanny, expuso que el acuerdo es sumamente obscuro porque no expresa cuando concluirá, lo que provoca incertidumbre jurídica total, y afecta la libre competencia al impedir el ingreso de privados al Mercado Eléctrico Mayorista.
- César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, destacó que, “la suspensión de las pruebas pre-operativas de las centrales eléctricas eólicas y solares en proceso de operación, autorizado por el Cenace resultará en un alza en las tarifas eléctricas y permitirá la entrada en operación de centrales obsoletas y contaminantes de la CFE”.
- Mientras que Amado Villarreal, director del Clúster Energético de Nuevo León, lamentó que la medida fortalezca la concentración de poder de mercado para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que además del impacto empresarial el perjuicio es para toda la sociedad que pagará una electricidad más cara y con efectos negativos para el medio ambiente. /Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
