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Por: Anaiz Zamora Márquez
Familiares de víctimas de feminicidio y violencia sexual, acompañadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), exigieron conocer –antes de su dictaminación– la investigación por violencia feminicida que el Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional –integrado por representantes de dependencia federales– realiza en el Estado de México.
Además sostuvieron que tal grupo cuenta con la información suficiente para declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, ya que se le han hecho llegar datos y testimonios que confirman la alta inseguridad en la que viven las mexiquenses, y la negligencia con la que trabajan las autoridades responsables de investigar y sancionar los delitos.
Ayer, durante la manifestación que el OCNF realizó en la ciudad de Toluca (capital del Edomex) para reclamar al gobernador Eruviel Ávila Villegas que atienda la violencia contra las mujeres y se declare la AVG, María de la Luz Estrada, coordinadora de la organización, dijo que se ha entregado al Grupo Multidisciplinario datos y testimonios que dan cuenta del patrón sistemático de falta de acceso a la justicia, impunidad, discriminación y revictimización que se vive en el estado.
Cabe recordar que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) está obligado a indagar la violencia feminicida en esa entidad, luego de que en 2012 activistas ganaron un amparo para que se declarara la AVG.
En mayo pasado el Sistema informó al Juez Noveno de Distrito –que otorgó el amparo– que las pesquisas en el Edomex correrán a cargo de un “Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional”, creado en 2009 a partir del acuerdo 04-24/04/2009, y cuyos resultados serán evaluados por un “Grupo Dictaminador” instaurado con el mismo acuerdo. Ambos grupos están conformados sólo por dependencias federales.
Estrada leyó una carta enviada a Aída Marina Arvizu Rivas, titular de la dirección general adjunta de Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); Aurora del Río Zolezzi, directora adjunta de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (Ss); Hilda Tellez Lino, directora adjunta de Quejas y Reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y María Teresa Medina Villalobos, de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes integran el Grupo que desde abril pasado realiza la indagación.
En la misiva, madres y padres de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes de violencia sexual solicitan que, “atendiendo a sus derechos como víctimas”, les sea permitido revisar el informe final del Grupo previo a su entrega al Comité Dictaminador.
Ello luego de que el pasado 22 de noviembre acudieran a una comparecencia con las y el funcionario para compartir sus testimonios.
En la carta –cuya copia tiene Cimacnoticias– sostienen que aunque saben que la comparecencia no tendrá efectos legales sobre sus casos, consideran necesario “que en el informe se retome de manera fiel, clara y certera los hechos narrados en nuestros testimonios, donde es claro que existe un patrón sistemático de falta de acceso a la justicia, impunidad, discriminación”.
María de la Luz Estrada contó que las y los servidores públicos se mostraron sorprendidos con los testimonios de las familias. “Nos dijeron que no comprendían cómo tales cosas podían ocurrir en el estado”, precisó.
Para la defensora de Derechos Humanos, la sorpresa que mostraron las y los integrantes del Grupo no debería de existir, pues “se supone que desde abril pasado están realizando la investigación; a estas alturas ya debían saber la forma negligente en la que trabajan los ministerios públicos y la Procuraduría (General de Justicia del Estado de México)”.
Confió en que el informe final –que según lo dicho a Estrada por las autoridades será enviado en breve a dictaminación– apunte a que se declare la AVG, pues los grupos civiles y activistas “han demostrado hasta el cansancio” el clima de inseguridad, machismo y misoginia en el que viven las mexiquenses.
Según datos del OCNF –obtenidos mediante recursos de transparencia–, en dos años (2012 y 2013) se cometieron 4 mil 855 violaciones sexuales y 535 asesinatos dolosos de mujeres.
Desde que se tipificó el feminicidio en el Edomex (2011), hasta diciembre de 2013 sólo se abrieron 140 expedientes por este delito, de los cuales únicamente 10 han terminado en sentencia.
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