Juez ordenó al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo aplicar medidas cautelares en los 13 Centros Penitenciarios de la Ciudad de México para prevenir el contagio de Covid-19 en la población privada de su libertad.
Esta orden corresponde al amparo presentado por Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C., mismo que se publicó en El Sol de México.
- Además el gobierno de la Ciudad de México tiene un lapso de 24 horas a partir de este día 14 de abril para informar cuales son las medidas que ya están aplicando para prevenir ingrese la enfermedad del coronavirus a los penales.
- Asimismo la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, a través de la subdirección de Información y Estadística de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, dio a conocer que está llevando a cabo la identificación de posibles candidatos con auxilio del Sistema Integral de Información Penitenciaria (SIIP), haciendo especial énfasis en que la situación jurídica y condición de vulnerabilidad concuerde con las hipótesis previstas en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
«Para que una vez que se cuente con dicha información, se instruya a las y los directores de los Centros Penitenciarios para que proporcionen las facilidades al personal de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales designado para dictaminar los expedientes que correspondan y de ser procedente se hagan las gestiones pertinentes ante los Jueces de Ejecución», se lee en el documento firmado por Antonio Hazael Ruiz Ortega, encargado del Sistema Penitenciario.
Para Ángela Guerrero, coordinadora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia -CEA Justicia- Asociación Civil no es tan conveniente aplicar el artículo 146 de la Ley Nacional pues en la capital mexicana ya se ha realizado y duraron seis meses en dejar libre a alrededor de 30 mujeres y el punto es que por la urgencia que se está viviendo por el coronavirus en otras cárceles en el mundo y en México pues lo que debería utilizar la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo es la figura de indulto pues el trámite es más corto.
- «La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 146 lo que prevé es un criterio humanitario para la salida de personas que están prisión, sin embargo ese criterio únicamente aplica a delitos no graves, esto significa que son los delitos que no están establecidos dentro del catálogo de prisión preventiva oficioso con lo cual por ejemplo el robo a casa habitación que es un delito común en la Ciudad de México no podrían salir aunque tuvieran una situación de alta vulnerabilidad», expuso.
Agregó: «Se están haciendo diferencias por los delitos y no por la gravedad, la facilidad que se le podría dar es por un indulto para hacerlo de manera muy ágil porque el Poder Judicial está detenido prácticamente en su totalidad en la Ciudad de México con lo que se tardarían alrededor de seis meses en dar una respuesta por ese criterio humanitario que fue justo el que utilizaron el año pasado».
Reiteró que la solución sería en todo caso un indulto por parte de la jefa de gobierno o bien una ley de amnistía local con lo que se agilizará este proceso porque si se aplica la preliberación no podrán dejar salir a personas con más de 70 años aunque tengan diabetes y estén por el delito de robo a casa habitación.
- Guerrero recordó que la última vez que se presentó una ley de amnistía fue aprobada y promulgada en 2018 con el exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera pero el más rápido es el indulto, obviamente este solamente aplica para los delitos que son del fuero común no del fuero federal y son los únicos en los que la jefa de gobierno tiene atribución.
- Precisó que cuando hay un indulto la Consejería Jurídica es quien está facultada y obligada a tramitar las que se concedan, aunque no hay una temporalidad específica para que se libere el proceso pero que sin duda es más corta porque interceden menos poderes y autoridades, después la ley de amnistía pero prevé un proceso legislativo y en último lugar es la preliberación porque el Poder Judicial debe involucrarse para revisar los expedientes y eso lleva mucho tiempo.
«Tiene estas tres posibilidades y de alguna manera las tres tendrían que ponerse a trabajar y ver cuál de estas pueden aplicar de mejor manera para la Ciudad de México tomando en cuenta la crisis penitenciaria que inevitablemente tendremos en las próximas semanas por algún contagio de Covid-19», subrayó.
Para María Sirvent abogada en Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C. indicó que los seis meses de trámite de las preliberaciones podrían reducirse si la autoridad le da un trámite de urgencia pues en la propia Ley de Ejecución Penal permite que ciertos trámites se hagan urgentes y en caso de que el gobierno capitalino mandara de inmediato ya una lista de expedientes al juez de ejecución; el juez de ejecución de inmediato pudiera estarlo determinando pero todo depende la prioridad que se le dé.
«La ley de amnistía también se podría aplicar para ciertos delitos, de acuerdo a lo que dice la Ley, o sea, tenemos como varias opciones jurídicas por un lado la Ley de Ejecución Penal Nacional por otro lado la Ley de amnistía que también habla sobre liberaciones sobre personas con delitos menores, sobre cuestiones de mujeres y mujeres embarazadas, entonces es utilizar el fundamento jurídico que más les convenga pero el chiste es que se aplique», asumió.
Dijo que otros estados de la República ya están empezando a checar esto de las preliberaciones como Coahuila y Estado de México pero es cuestión de hacerlo nada más porque una vez que empieza haber casos de Covid-19 en los penales esto ya va a ser incontrolable.
- Después que la Secretaría de Gobierno encargado del Sistema Penitenciario en la Ciudad de México anunció que dividieron las visitas familiares en los penales, mencionó que ese no es sólo el problema, pues en el Estado de México fue el personal que contagió a los personas privadas de su libertad pues entran y salen todos los días.
«Es urgente revisar expedientes para iniciar preliberación en la Ciudad de México para despresurar las cárceles como lo ha pedido también la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y esto va a facilitar la situación aunque no por eso no puede suceder una tragedia al interior de los penales», señaló./EL SOL DE MÉXICO-PUNTOporPUNTO
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