El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto por el cual ordena la desaparición de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que las dependencias públicas funjan como responsables o mandantes.
- De acuerdo con las finanzas públicas, al 30 de diciembre del 2019 había 304 fideicomisos, 27 mandatos y siete análogos que concentraban 740,572 millones de pesos.
Según la información disponible, diversas dependencias federales son responsables de dichos instrumentos. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene a su cargo el Fideicomiso de Sistema de Protección Social en Salud, que a diciembre del 2019 contaba con 105,873 millones de pesos, o la Secretaría de Hacienda, responsable del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que al último mes del año anterior contaba con 158,543 millones de pesos.
- El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que, a más tardar el próximo 15 de abril, las dependencias responsables de los fondos concentren en la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos que formen parte de dichos instrumentos.
El decreto, que entra en vigor este viernes, ordena que los ejecutores del gasto deberán abstenerse de ejercer o comprometer recursos públicos federales a estos instrumentos.
Según lo publicado en el DOF, quedan excluidos del decreto aquellos instrumentos cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.
Alberto Carrillo, consultor político, explicó que estos instrumentos que fueron creados para todo tipo de actividad gubernamental tenían la característica de que los recursos no fueran parte de un subejercicio en caso de no ser utilizados en un año fiscal; es decir, que se protegían para ciertos fines, sin importar la temporalidad de los proyectos para los que fueron creados.
“La venta de los fideicomisos permite que los recursos presupuestales sean devengados, es decir, no sean subejercidos, aunque los recursos no se gasten”.
- De acuerdo con el consultor, desafortunadamente estos instrumentos con el paso de los años concentraron recursos opacos, sin verificación del Congreso de la Unión o de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Concentraban dinero no nada más opaco, sino que sin verificación del Congreso o la ASF y lo peor es que era ocioso. Mucho de este dinero estaba en fideicomisos que no reportaban ni siquiera intereses al gobierno federal”.
Uso a discreción
Para Carrillo, con esta acción del gobierno federal, prácticamente los recursos de estos instrumentos podrán ser utilizados a discreción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin necesidad de que estén contemplados en el paquete económico del siguiente año.
“Teóricamente el recurso debería regresar a la Tesorería de la Federación para que se presupuestara para el siguiente ejercicio fiscal y se aprobara en el presupuesto. Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto creó una figura para que el dinero pueda ingresar a la Tesorería y considerarse como un gasto devengado, por lo tanto, ya no necesite pasar por el ciclo presupuestal”.
“Así, se brincan esa parte del ciclo presupuestal y el uso lo puede hacer discrecionalmente la SHCP”.
Prioridad de la 4T: programas sociales
La Federación enlistó 81 programas prioritarios, de 20 ramos, para el siguiente año. Para ellos va a solicitar una partida presupuestal al Congreso de 742 mil 205 millones de pesos, de los cuales 62 por ciento corresponde a Salud, Bienestar, Educación, Agricultura, Desarrollo Rural y Trabajo.
La bolsa total que va a pedir es 11.7 por ciento mayor a la aprobada para 2020, según los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2021 de la Secretaría de Hacienda.
- Entre los programas que destacan están la Pensión para el bienestar de adultos mayores (133 mil 540 mdp); Atención a la salud y medicamentos gratuitos (81 mil 737 mdp) y Beca para estudiantes de educación media superior Benito Juárez (34 mil 889 mdp).
- Para 2021 se espera que existan los recursos suficientes para hacer frente a esas iniciativas, ya que el sector privado y el propio gobierno esperan una recuperación de entre 2 y 4.5 por ciento de la economía, lo que daría los recursos públicos suficientes para hacerlo.
- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado, en varias ocasiones el bajo crecimiento del país, bajo el argumento de que ya hay una mejor distribución de la riqueza por esos programas sociales.
- “Está bien que exista esta ayuda para los que menos tienen; sin embargo, sin crecimiento no hay desarrollo, porque no hay empleos. Se requiere inversión en infraestructura para generar fuentes de ingreso”, comentó José Luis de la Cruz, director para el Instituto del Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic).
Hacienda estima que la economía va a caer hasta 3.9 por ciento en 2020; sin embargo, analistas como Bank of America advierten de una contracción de 8 por ciento.
Con esos estimados, el boquete de ingresos faltante va a ser de entre 500 mil y 600 mil millones de pesos, debido a la baja recaudación de impuestos y la menor renta petrolera, señaló De la Cruz.
“Una contracción de 6, 7 u 8 por ciento sería devastadora para el país, sería un sexenio perdido en lo económico, pero también con consecuencias sociales muy graves”, señaló Héctor Villareal, director general del CIEP/Agencias-PUNTOporPUNTO
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