En enero, el gobierno mexicano anunció que tiene registro de 60,053 personas que han desaparecido en el país entre 2006 y 2019, una cifra que supera por mucho la estimación oficial anterior de alrededor de 40,000. El anuncio se produjo después de que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)—el organismo que coordina los esfuerzos para buscar a las personas desaparecidas—realizó una revisión exhaustiva de los datos proporcionados por las fiscalías y procuradurías a nivel federal y estatal y descubrió que no se habían incluido muchos casos de desaparición en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Al presentar la nueva estadística, Karla Quintana, titular de la CNB, remarcó que “estos son datos de horror y detrás de ellas, hay historias y relatos de gran dolor para las familias”.
Es probable que este número siga siendo una subestimación, ya que 12 de las 32 fiscalías y procuradurías estatales del país no proporcionaron información a la CNB. Sin embargo, el esfuerzo del gobierno mexicano de revisar la precisión del registro y reconocer públicamente la magnitud de la crisis de desapariciones rompe con la actitud apática de los gobiernos anteriores.
- Antes de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera el poder en diciembre de 2018, sus predecesores habían intentado a minimizar la crisis. Durante el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil lograron impulsar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General), que el Congreso mexicano aprobó en noviembre de 2017. Sin embargo, mientras la ley estableció un marco para fortalecer los esfuerzos de búsqueda e investigación en casos de desaparición, el gobierno de Peña Nieto no demostró la voluntad política necesaria para implementarla.
Ante la inacción del gobierno, las familias de personas desaparecidas han asumido la tarea de investigar la desaparición de sus seres queridos, llevando a cabo búsquedas comunitarias y excavaciones forenses en presuntas fosas clandestinas. Gracias en gran parte al trabajo de las familias, el gobierno ha registrado más de 3,631 fosas clandestinas en todo el país.
Los pasos que el gobierno mexicano ha tomado para abordar esta crisis
La búsqueda
Con un mayor presupuesto y el liderazgo de Karla Quintana desde febrero de 2019, la CNB ha intensificado las búsquedas e hizo un esfuerzo importante para implementar la Ley General aprobada en 2017. Más allá de fortalecer la precisión del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la CNB también ha lanzado una plataforma digital donde se puede denunciar de forma autónoma una desaparición directamente a la CNB. Esta herramienta es particularmente útil en los casos en que una persona teme que denunciar el delito ante las autoridades locales pueda generar represalias.
Además, la CNB está trabajando en estrecha colaboración con las familias, gobiernos estatales, organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones internacionales de desarrollo para elaborar el primer “Plan Regional de Búsqueda de Noreste” para los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango. El plan tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre las instituciones intergubernamentales y servirá como base para crear el Plan Nacional de Búsqueda, una medida ordenada por la Ley General.
La CNB ha anunciado que transferirá el 63.5 por ciento de su presupuesto para 2020, una suma de MXN$457.6 millones (USD$20.6 millones), para fortalecer las capacidades de las comisiones locales de búsqueda. (Hasta enero de 2020, 29 de los 32 estados habían instalado estas comisiones, como lo ordena la Ley General). Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019—el primer año del gobierno de López Obrador—la CNB y las comisiones locales de búsqueda localizaron 873 fosas clandestinas en todo el país. Durante este período, las autoridades exhumaron 1,124 cuerpos de estas fosas, un paso crucial para dar respuestas a las familias de las víctimas.
Si bien la mayoría de los esfuerzos de la CNB se han centrado en la búsqueda de fosas clandestinas, las familias han pedido al gobierno que no descuide la búsqueda en vida. Esto debería incluir el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades locales para responder rápidamente a las denuncias de desaparición y anular ciertos protocolos estatales que recomiendan que las autoridades esperen varias horas para iniciar una búsqueda después de recibir una denuncia. También debe incluir el fortalecimiento de búsquedas e investigaciones relacionadas con el reclutamiento forzado, una medida que algunas organizaciones criminales utilizan para forzar que las víctimas trabajen para ellas.
La identificación forense
Los esfuerzos de búsqueda y exhumación son solo el primer paso para atender la crisis de desapariciones. Para los restos humanos que se han recuperado, los expertos forenses intentan a identificar los cuerpos a través de extraer muestras genéticas y compararlas con muestras proporcionadas por personas que están buscando a un ser querido desaparecido. Miles de familias han proporcionado muestras de ADN a las fiscalías y procuradurías en los últimos años, pero México claramente carece de la capacidad forense para mantenerse al día. Hay más de 37,000 cuerpos y un número desconocido de fragmentos óseos—un total que probablemente se extiende a cientos de miles—que se encuentran en instalaciones gubernamentales y aún no se han procesado e identificado.
El gobierno mexicano reconoce que con sus capacidades e infraestructura actuales no puede enfrentar una crisis de esta magnitud por sí solo. Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, ha llamado esta situación una “emergencia forense” que requiere asistencia internacional para resolver.
- Durante el año pasado, un colectivo de familias de personas desaparecidas, llamado el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, y varios grupos de derechos humanos han abogado por la creación de un organismo temporal de expertos nacionales e internacionales para ayudar a eliminar la acumulación de restos no identificados bajo la custodia del gobierno. El 5 de diciembre, el gobierno mexicano acordó crear este organismo, llamado el Mecanismo Extraordinario para la Identificación Forense.
- El Mecanismo funcionará como un organismo gubernamental semi-autónomo adscrito al Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), pero disfrutará de plena independencia operativa y financiera. El nuevo organismo estará compuesto por expertos nacionales e internacionales en arqueología forense y antropológica, análisis de ADN, y otras áreas relevantes, así como personal administrativo.
Como medida “extraordinaria”, su mandato durará solo hasta que se elimine la acumulación de restos no identificados. Con excepciones limitadas, el Mecanismo solo tendrá la autoridad de analizar restos que ya estaban bajo la custodia del gobierno antes del 5 de diciembre de 2019, fecha de su creación. Al liberar las fiscalías del trabajo forense para estos restos, el Mecanismo permitirá que los equipos forenses mexicanos dediquen su tiempo y recursos para apoyar la investigación de casos recientes.
Además, los esfuerzos del Mecanismo para analizar los restos humanos y otras pruebas recuperadas de fosas clandestinas, como ropa y armas, pueden generar información valiosa para ayudar en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de estos delitos. La experiencia pasada muestra el poderoso impacto que el análisis forense puede tener en las investigaciones penales sobre violaciones graves de los derechos humanos. En el caso de Guatemala, la exhumación e identificación de 97 víctimas que fueron enterradas en fosas clandestinas en la década de los 80 ayudó a los fiscales nacionales a detener a 14 oficiales militares por los delitos de desaparición forzada, tortura y asesinato en 2016.
Más allá de ayudar a brindar respuestas a las familias de las personas desaparecidas, el Mecanismo Extraordinario puede desempeñar un papel en apoyar los esfuerzos de justicia penal en México. Las instituciones forenses son uno de los eslabones más débiles del sistema de justicia penal de México; los vacíos en la capacidad forense obstaculizan en gran medida los esfuerzos para combatir el crimen organizado y otras actividades criminales. En un país donde reina la impunidad, la experiencia forense del Mecanismo puede ser muy útil. Los expertos deberán emitir un informe anual que detalle sus actividades y resultados, así como recomendaciones de políticas para abordar las deficiencias en el campo forense de México. Los expertos también trabajarán en estrecha colaboración con el liderazgo del SNB para producir propuestas legislativas sobre estos temas.
AMENAZAS A LA EFECTIVIDAD DEL MECANISMO EXTRAORDINARIO
Además de un flujo adecuado de fondos, el factor central que facilitará u obstaculizará el éxito del Mecanismo será el acceso y el apoyo que recibe de la FGR y las fiscalías estatales, que ejercen control sobre las bases de datos de ADN y los restos humanos que los expertos deberán analizar.
- El acuerdo que crea el Mecanismo estipula que las fiscalías tendrán el poder de determinar sus propias pautas para colaborar con los expertos del Mecanismo y otorgarles acceso a los restos y las bases de datos. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizó el 6 de marzo de 2020 sobre la implementación del Mecanismo Extraordinario, las familias y los representantes del gobierno federal enmarcaron la posible reticencia de las fiscalías como la mayor amenaza para el éxito del Mecanismo.
Otro desafío serán las deficiencias de las bases de datos genéticos de México. Si bien la Ley General en Materia de Personas Desaparecidas estableció la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses para consolidar todas las bases de datos a nivel federal y estatal que contienen información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, esto está lejos de ser una realidad. El Subsecretario Encinas ha anunciado avances en la consolidación de la base de datos de la FGR con la de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero la FGR aún no ha informado sobre ningún esfuerzo para integrar la información almacenada en las bases de datos de los estados. En muchos casos, la ausencia de una base de datos forense centralizada dificultará el trabajo de los expertos de comparar muestras genéticas.
Además, el mandato legal del Mecanismo para operar en México dependerá completamente de la voluntad política del gobierno federal. Los contratos que permiten a los expertos internacionales permanecer en el país requerirán el apoyo continuo del gobierno de López Obrador y de los gobiernos en el futuro./WOLA-PUNTOporPUNTO
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