Durante el año pasado, las corporaciones policiacas de estados y municipios del país reportaron, en conjunto, el robo o extravío de 800 armas.
El saldo negativo equivale a un promedio de hasta dos pérdidas por día, informó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Leonel Cota Montaño.
- Se pierden y luego aparecen en el mercado negro o en algún otro lado, comentó a La Jornada.
- Ante esta situación, dijo, es urgente la definición de reglamentos y lineamientos en estados y municipios, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, para ordenar y proteger estas armas que forman parte de los registros de licencias colectivas de portación y uso de armamento.
Lo anterior porque, en vez de disminuir, los faltantes han aumentado en años recientes. Sólo en 2018 la pérdida fue de poco más de 500, y ahora hay un tercio adicional, tanto de pistolas como de armas largas perdidas o reportadas como robo.
A petición del gobierno federal, autoridades locales se han comprometido a tener sitios adecuados para el resguardo de armamento.
Hay veces que los policías se llevan las armas a sus casas porque no hay un sitio adecuado, ordenado y seguro para dejarlas, se dijo esta semana durante una reunión de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
- El SNSP ha puesto énfasis también en la necesidad de hacer compras conjuntas o consolidadas del equipamiento, para reducir los costos y reforzar el control en el resguardo.
- Sólo para adquirir y renovar armas, las entidades gastarán más de mil millones de pesos en 2020, esto es, 15 por ciento del total de subsidios federales en la materia, según proyecciones del SNSP.
- La compra consolidada de armas es un compromiso tomado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en julio de 2019. Este año vamos a profundizar el proceso de compras consolidadas y/o contratos marco con los estados, para que mejoremos las condiciones de adquisición y la compra de todo el equipamiento y los servicios que requiere la seguridad de los estados, anticipó Cota Montaño.
En esta mesa de análisis participan, además de las autoridades estatales, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad, así como la Guardia Nacional.
- Los mil millones de pesos en referencia son apenas una base relacionada con dos subsidios: Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Esta transferencia de recursos a entidades tiene como objetivo apoyarlas en el cumplimiento de las estrategias nacionales de seguridad pública.
Ahí se incluye el rubro de compras de aparatos y equipos para la operación policial, así como el fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.
En las reuniones de nivel municipal y estados realizadas el año pasado, los funcionarios locales manifestaron por escrito su acuerdo en mejorar y estandarizar la compra de armas, así como apoyar otros proyectos del gobierno federal como la prevención de adicciones, el registro nacional de detenidos e incluso regularizar los pagos de licencias colectivas y multas por uso de armamento./LA JORNADA-PUNTOporPUNTO
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