RITA MAGAÑA TORRES
El panista Javier Corral, solicitó ante el pleno del Senado investigar al gobernador de Chihuahua, César Duarte, por presunta compra de acciones de un banco, y el priísta Omar Fayad, demandó una indagación al mandatario de Sonora, Guillermo Padrés, por la construcción de una presa.
Sin embargo, ambos puntos de acuerdo generaron una polémica entre las bancadas del PAN y PRI, ya que Javier Corral pugnó porque ambos fuerna considerados de urgente y obvia resolución, pero la asamblea rechazó esta postura, al no alcanzar mayoría calificada en votación nominal.
Javier Corral, en tribuna, buscaba exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México para fincar responsabilidad penal y administrativa contra César Duarte como accionista del Banco Unión Progreso y por presunto enriquecimiento ilícito.
Consideró necesario que el Senado interviniera por chihuahuenses que han apoyado con su firma la denuncia, hecha por Jaime García Chávez el pasado 22 de septiembre, porque hasta el momento no ha habido respuesta por parte de las autoridades.
“No se trata de un rumor, como se decía antes sobre el incremento exponencial de la riqueza del gobernador de Chihuahua, sino que hay pruebas presentadas”, dijo.
El mandatario de Chihuahua, agregó, es el mayor accionista del Banco Unión Progreso, hecho probado mediante el fideicomiso 744743 por 65 millones de pesos, que el gobernador constituyó con Bertha Olga Gómez, su esposa, para ser depositados en dicho banco, detalló.
Denunció que tal situación representa un conflicto de interés porque el gobierno de Chihuahua eligió esta institución financiera como la encargada de su flujo de capital, y ha realizado 381 depósitos, desde 2012 hasta octubre de 2014.
Por lo que este punto de acuerdo debería derivar en una solicitud de licencia del gobernador de Chihuahua para que enfrente la denuncia penal, dijo el senador panista.
El punto de acuerdo, es apoyado por 43 legisladores del PAN, del PRD y del PT, La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y Justicia.
Luego, Omar Fayad solicitó a diversas dependencias de Sonora un informe sobre el procedimiento legal para otorgar el permiso de construcción de una presa en el interior de un rancho, propiedad de Guillermo Padrés.
En la tribuna, el legislador del PRI enfatizó que se tiene que realizar una investigación seria, a fin de ir al fondo de un asunto que “verdaderamente escandaliza a la población”.
Dijo que aún no se sabe si con recursos propios o públicos se construía una obra con un costo de miles de millones de pesos.
Afirmó que el titular del Ejecutivo estatal decidió construir una obra millonaria que privaba de agua a los habitantes de la zona.
“Queremos que se vaya verdaderamente al fondo del asunto porque hay muchas cosas que indignan” y que tienen que aclararse”, expresó.
El legislador por Hidalgo expuso que con sólo la decisión del gobernador de la entidad, sin autorización de ningún tipo, se construyó una obra millonaria que además priva de agua a una parte importante de los sonorenses.
Las autoridades estatales argumentan que el bordo de la presa fue derribado por intensas lluvias, en tanto que otras versiones aseveran que se utilizaron explosivos para destruirla, situaciones turbias que deben ser esclarecidas, opinó.
Insistió el senador Omar Fayad, se debe realizar una investigación seria que clarifique los hechos y se vaya al fondo de un asunto que por sí mismo escandaliza a la población.
“Es un asunto que indignó a México y no queremos que se vuelva a repetir”, porque las cosas que indignan, deben ser aclaradas, dijo.
La construcción de una presa en Sonora, que le quita el vital líquido a la gente, no es poca cosa, insistió Omar Fayad, y sin hacer juicios de valor, el Senado se debe de hacer de la información veraz sobre las instancias involucradas.
Resaltó que sin acusar o señalar a nadie en lo personal, las autoridades competentes deben hacer su trabajo y si de éste resultan responsabilidad, que se actúe en consecuencia con todo el peso de la ley a quien haya cometido algo fuera de la legalidad.