La empresa Pegaso Magno, representada por un militante del Partido Acción Nacional (PAN), se vio beneficiada en 2018 con un contrato de 250 mil pesos durante la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pese a caer en un conflicto de interés.
El acto fue encubierto por la Contraloría Interna, cuyos encargados militan en ese mismo partido político.
La órganos internos de control tienen la tarea de vigilar y en su caso sancionar los malos manejos administrativos por parte de los trabajadores de las entidades del servicio público.
- El actual encargado de despacho de la Contraloría Interna del Congreso, antes ALDF, Jorge Real Sánchez, no ha indagado el caso. Tampoco lo hizo su antecesor, Andrés Sánchez Miranda. Ambos son militantes del PAN.
- 250 mil pesos se asignaron en el contrato Acción Nacional es una de las fuerzas políticas dentro del Congreso y el que sus militantes obtengan contratos corresponde a un conflicto de interés.
La normatividad interna de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México indica que el conflicto de interés es cuando el interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de una persona servidora pública puede afectar el desempeño imparcial de sus funciones.
- El contrato con número de folio 092 en poder de Reporte Índigo, fue firmado en junio de 2018 por adjudicación directa a favor de la empresa Pegaso Magno S.A de C.V, cuyo representante legal es Guillermo Cerda Guillén
- Dicho documento tiene como objeto el “Mantenimiento correctivo de los equipos 1 y 2 del aire acondicionado ubicados en el recinto legislativo y al equipo instalado en el Auditorio Benito Juárez ubicado en el inmueble de Plaza de la Constitución Número 7”.
El monto total de los servicios fue de 250 mil pesos y el límite para el término de los trabajos se fijó para el mes de agosto de 2018.
- Pegaso Magno, además de ser contratada para dichos labores, fue añadida al padrón de proveedores del año 2018 de la ALDF.
- En el padrón aparece Guillermo Cerda Guillén como representante legal, quien está afiliado al PAN en la alcaldía de Tlalpan, según consta en el Registro Nacional de Militantes del blanquiazul.
- En 2018, cuando se realizó la contratación, Lucía Juárez Mejía era directora de Quejas y Denuncias de la Subcontraloría de la ALDF; anteriormente, de 2012 a 2015, fue asesora técnica del PAN en el poder legislativo local.
Mientras que Andrés Sánchez Miranda, exdiputado panista, en ese momento se desempeñaba como contralor de la ALDF.
Un excolaborador de ambos personajes, quien prefiere el anonimato por razones de seguridad, afirma que Juárez Mejía y Sánchez Miranda fueron el nexo para que la empresa de Cerda Guillén obtuviera el contrato pese a su militancia en el PAN.
Actualmente, este hecho no es investigado por el órgano de control interno del Congreso, que encabeza Jorge Real Sánchez.
Según el Registro Nacional de Militantes del PAN, Real Sánchez es parte del blanquiazul.
- Trabajó de 2015 a 2016 como director de participación ciudadana de la delegación Miguel Hidalgo que gobernó la actual senadora panista, Xóchitl Gálvez, dice la información disponible en el portal de la ahora alcaldía.
- Por otra parte, Juárez Mejía y Real Sánchez tienen un vínculo cercano, pues son fundadores de la asociación civil “Plan de Ayuda Real”, de acuerdo con el acta constitutiva a la que tuvo acceso Reporte Índigo.
- Dicha asociación civil fue conformada por ambos en septiembre de 2011 y registrada con el número de folio 110926091049.
El testimonio consultado indica que esos vínculos son los que protegen a Cerda Guillén de estar sujeto a una investigación.
Sin embargo, no solo el actual contralor del poder legislativo tiene nexos con el PAN, más allegados del blanquiazul trabajan en el órgano fiscalizador./REPORTE ÍNDIGO-PUNTOporPUNTO
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