Si bien la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión ha aplicado medidas de austeridad respecto del presupuesto que se destina a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, aún hay retos en la administración interna, coincidieron especialistas.
- El académico de La Salle Marcos Pérez detalló que entre los pendientes para mejorar la administración de los recursos destinados al Poder Legislativo se encuentra la falta de rendición de cuentas sobre las asignaciones a los grupos parlamentarios. La bolsa “tiene la peculiaridad de que es totalmente discrecional”, indicó el experto.
“Es particularmente opaca, porque las y los ciudadanos no sabemos qué es lo que se hizo con esos recursos, salvo por un reporte genérico, sin detalles y sin ninguna especificación clara. De tal suerte que, para efectos prácticos, desconocemos el destino que se le da, y es una partida importante que llega a significar hasta 20% del presupuesto de las cámaras”, señaló.
- Cabe destacar que para el ejercicio fiscal 2018 se le otorgaron al Congreso de la Unión 15,574 millones de pesos, mientras que en el 2019 se destinaron 13,002 millones, una disminución de 16.5 por ciento. Pero en el 2020 la cifra llegará a 13,540 millones de pesos.
Pérez Esquer sostuvo que se corría el riesgo de seguir con la reducción en las Cámaras. Sin embargo, se mantuvo, lo que el experto consideró como positivo.
El académico detalló que los principales recortes se dieron en apoyos personales, por lo que en el primer año de ejercicio de la Legislatura “fue más evidente la falta de conocimiento técnico” que había para resolver muchos procedimientos, ante la falta de personal profesional en materia parlamentaria.
Baja aprobación
- De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Senado de la República 2019, de 1,200 personas entrevistadas, 42.6% desaprobó el trabajo de los legisladores, mientras que 43.6% opinó que rara vez las leyes en México se elaboran en Parlamento abierto.
- Mientras que 25.4% consideró importante el trabajo que realiza el Poder Legislativo, 30.1% le dio mayor importancia a la labor del Poder Ejecutivo, y 33.9% a las tareas del Poder Judicial.
- Asimismo, 43.1% de los consultados dijo estar en desacuerdo en que los legisladores tomen decisiones diferentes a las del presidente de la República.
Así, el profesor de la Universidad La Salle enfatizó la necesidad de dar claridad sobre los perfiles de servidores contratados por honorarios, específicamente de asesores parlamentarios.
“Sin las y los asesores, el trabajo legislativo sería prácticamente imposible de realizarse. Pero, como no hay perfiles claros, se presta para que en ese conjunto de servidores públicos se incluyan personas que no cumplen con el perfil, incluso para contratación por compadrazgo”.
Por ello, destacó la importancia de impulsar el Servicio Profesional de Carrera, tras lamentar que éste no sea una realidad, aun cuando ha habido algunos esfuerzos para concretarlo.
Respecto del número de comisiones que hay en el Congreso de la Unión, manifestó que hay una cantidad extraordinaria (más de 90 ordinarias para ambas cámaras), lo que no representa un mayor trabajo parlamentario, por el contrario, retrasa el desahogo de iniciativas.
“A veces hasta cinco comisiones intervienen en un mismo asunto y eso no necesariamente es bueno. Pareciera que sí porque se abre la pluralidad de opiniones, pero entorpece mucho el avance del proceso legislativo porque hay que poner de acuerdo a diversas condiciones en un mismo punto”.
Pago de viajes
El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal, expuso que un problema de fondo en el que se incurría para el uso discrecional de los recursos destinados al Congreso era el pago de viajes de los legisladores.
“Lo que realmente tendríamos que estar pensando es en una ingeniería más a fondo de cuáles son las funciones del Congreso y cómo se financian. Creo que eso nos permitiría hablar de un presupuesto más claro. El problema es que durante mucho tiempo se tuvo una inercia enorme”, comentó.
Consideró que incluso se podría recurrir a un despacho externo para realizar una revisión a fondo y plantear de manera clara cómo podrían trabajar las cámaras en materia presupuestaria.
Además, señaló que los congresos estatales pasan desapercibidos y no se cuestionan los gastos exagerados que en ocasiones realizan, por lo que dijo que deben incluirse en el radar para definir sus funciones y con base en ello asignar un presupuesto suficiente para realizar sus tareas.
Finalmente, enfatizó la importancia de fortalecer los centros de investigación y estudios de cada Cámara del Congreso de la Unión, siempre y cuando se defina en qué se empleará el dinero, debido a que a través de estos órganos se empleaban de manera incorrecta los recursos.
“De alguna forma fue muy inercial durante mucho tiempo (el gasto). Entonces creo que sí hay una oportunidad de hacer una revisión a fondo, pero esperemos que sea un proceso bien diseñado y no improvisado”, concluyó el directivo del CIEP./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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