El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado revisará sus procesos para determinar si funcionarios del antiguo Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y trabajadores de la actual administración se beneficiaron mediante simulación de subastas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, sudirector, Ricardo Rodríguez Vargas, señaló que junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ubican áreas de riesgo enla dependencia, es decir, los procesos en los que se pudieron cometer ilícitos, entre ellos la simulación de subastas de bienes decomisados al crimen organizado realizadas en pasadas administraciones.
- En caso de que se encuentre cualquier irregularidad, aseveró que irá al fondo del asunto y procederálegalmente contra quien sea responsable de alguna anomalía, ya sea de una administración anterior o de la actual.
- Para el instituto las subastas tienen que ser claras y transparentes; “además de que esté la posibilidad de que todos participen, que no se forme un “club de Toby” por el que sólo cinco o seis personas sean las que compren los bienes”, dijo Rodríguez Vargas.
- Sobre si alguna vez se presentó una simulación de subastas, el titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado respondió: “Estamos investigando no nada más eso, sino incluso si quienes compraron los bienes son gente ligada a la anterior administración. Eso lo estamos analizando e investigando, con el fin de ver si la gente que compraba los bienes era propia. de la institución y estaba simulando, o a través de terceros”.
“Con funcionarios anteriores y actuales no me temblaría la mano. Si hay indicios de algo incorrecto tiene que haber sanción” RICARDO RODRÍGUEZ, Director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado
Ricardo Rodríguez Vargas, direcR tor del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) —antes Instituto de Administración de Bienes y Activos del gobierno federal—, aseguró que el próximo año realizará un diagnóstico de su dependencia para saber si se cometieron actos de corrupción en administraciones anteriores.
El funcionario señaló que, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, están ubicando áreas de riesgo en la institución; es decir, los procesos en los que se pudieron cometer ilícitos. Sobre esto, Rodríguez Vargas dijo que la simulación de subastas para favorecer a funcionarios públicos será algo a investigar en 2020. Agregó que el objetivo será conocer si trabajadores del antiguo Servicio de Administración y Enajenación de Bienes —ahora Indep— sacaron ventaja de las subastas realizadas durante el pasado sexenio.
En caso de encontrar cualquier irregularidad, el titular del instituto aseveró que irá al fondo del asunto y procederá legalmente contra quien sea responsable de alguna anomalía, ya sea de una administración anterior o de la actual.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Rodríguez Vargas también se refirió a los mecanismos que pretenden construir para que la entrega de recursos recolectados con las subastas sea más transparente y ágil. En torno a la nueva facultad que tendrá el Indep de recibir y subastar objetos ligados a procesos legales abiertos, el responsable de la dependencia celebró la decisión, porque esto permitirá ahorrar recursos económicos en la administración de bienes.
¿Cómo cerraron este año?
—Cerramos con broche de oto por la reciente subasta que realizamos. Fueron seis subastas con sentido social, cuyos bienes asegurados tuvieron como fin apoyar a las comunidades más marginadas de este país. Cerramos bien por todas las subastas que ya tienen un arraigo entre la ciudadanía. El Presidente las ha difundido para que se conozca nuestra labor.
¿Antes a dónde se iba el dinero?
—La cantidad de recursos que se obtenía se destinaba a la tubería del gobierno federal, y ahí se perdía, en ese vertedero de demasías. Un día el Presidente de la República preguntó si sabíamos a dónde se había ido el dinero y le dimos un reporte en el que se señalaba que una tercera parte se fue a Salud; otra tercera parte, al Poder Judicial, y una última, a la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR).
Tuvimos que investigar 205 millones de dólares; si de esos 205 millones tú le preguntas a la Secretaría de Salud, cuando estaba Felipe Calderón, alguien dice que se fueron para unos centros comunitarios de combate a las adicciones, pero incluso eso está muy cuestionado.
¿Ya analizaron si hubo algunos casos de corrupción?
—Estamos terminando un estudio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para que nos dé parte de esto: el área de riesgo en la que puede haber indicios de que podrían existir tentaciones. Este estudio del IIJ es muy importante para nosotros, porque nos va a permitir ver dónde hay mayor vulnerabilidad en la institución para afrontarlo, mejorarlo y no arriesgarnos./EL UNIVERSAL-PUNTOporPUNTO
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