El escándalo de corrupción en el que está inmerso el nuevo gobierno de Baja California genera datos conforme avanzan las investigaciones. Registros de la Secretaría de Economía revelan que empresarios vinculados a la Coparmex y al CCE forman parte de la empresa que solicitó contratos a la nueva administración a cambio de sobornos
Antes de que iniciara la actual administración en Baja California, una empresa intentó acaparar contratos con el gobierno a través de sobornos.
Esta compañía mantiene dentro de su registro de asociados al empresario Gustavo de Hoyos Walther, quien preside la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Rodrigo Llantada Ávila, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Mexicali.
- Así lo revelan las investigaciones que realizan de manera simultánea la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Honestidad y Función Pública de la entidad, así como los datos obtenidos a través de la plataforma del Sistema Integral de Gestión Registral (Siger) de la Secretaría de Economía (SE).
- Los documentos están en poder de Reporte Índigo y de Punto Norte Tijuana.
- Gustavo de Hoyos y Rodrigo Llantada figuran como directivos e integrantes del consejo de administración de la empresa Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla, la cual durante los meses de septiembre y octubre de este año, negociaron un contrato para la alimentación de personas internas de las prisiones estatales.
Esto a través de la entrega de aproximadamente 25 millones de pesos en efectivo y la creación de una promesa de contrato con el nuevo gobierno.
Evolución de los hechos
A raíz de la denuncia interpuesta el 25 de noviembre por Rosendo Colorado –testigo de los supuestos actos de corrupción– se abrió una investigación contra los integrantes del gabinete de Jaime Bonilla Valdez, dada la probable responsabilidad de algunos funcionarios en el cobro de participaciones millonarias para asegurar contratos con el gobierno estatal.
En la Fiscalía estatal, la carpeta de investigación se abrió bajo el número único de caso 0202-2019- 4471.
Días después de revelarse la presunta red de “moches” y corrupción –negociaciones que habrían tenido lugar meses antes de la toma de protesta del nuevo gobernador– dos funcionarios de alto nivel fueron separados de su cargo: Cynthia Gissel García Soberanes, secretaria de Bienestar y Jesús Núñez Camacho, quien se desempeñaba como Oficial Mayor.
Ambos exfuncionarios fueron identificados por Rosendo Colorado como responsables de recibir millones de pesos en efectivo por parte de Productos Agropecuarios Cachanilla –su nombre comercial–, empresa dedicada principalmente a “la producción y comercialización en los mercados nacionales y extranjeros de huevo líquido pasteurizado”, como lo indica su acta constitutiva.
- Tanto García Soberanes como Núñez Camacho habrían llegado a estos acuerdos durante el periodo de transición gubernamental y por lo tanto sin aún ser funcionarios estatales, según consta en la carpeta de investigación del caso en la Fiscalía. Razón por la que fueron separados de sus cargos el pasado 2 de diciembre, un mes después de iniciado el gobierno de Bonilla Valdez.
- Según Rosendo Colorado, el contrato sería por un monto superior a los 300 millones de pesos, por lo que dicha empresa entregaría a los funcionarios más de 24 millones de pesos.
- La investigación con repercusiones tanto penales como administrativas, no solo parte de los testimonios de Rosendo Colorado –quien fuera diputado local en 2013 y operador cercano a García Soberanes– sino de capturas de pantalla de conversaciones y audios compartidos vía WhatsApp, que ilustran cómo se fraguó la entrega del contrato los días previos al inicio del gobierno.
A la investigación se anexó el documento de “promesa de contrato”, firmado por María de Lourdes Patiño Montoya, quien es socia mayoritaria de la empresa en conjunto con su esposo Roberto Valadez García.
El empresario Valadez García fue quien mantuvo conversaciones con Rosendo Colorado para acordar el contrato con el gobierno entrante y son elementos de prueba en manos de las autoridades a cargo de la investigación por corrupción.
Coparmex involucrada
En una revisión a los Registros Públicos de Comercio de la SE, realizada por Punto Norte Tijuana, se reveló que dentro de las actas constitutivas y de asambleas de Productos Agropecuarios Cachanilla participan como integrantes del consejo de administración, desde el año 2015, tanto el presidente nacional de Coparmex como el titular del CCE de Mexicali.
El 1 de diciembre de 2015, dos días antes de que Gustavo de Hoyos Walther fuera electo por unanimidad como presidente nacional del organismo empresarial, este se integró al Consejo Administrativo de Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla bajo el cargo de “secretario”.
Una responsabilidad superada en jerarquía únicamente por Roberto Valadez, quien fue designado presidente del Consejo.
Esto quedó asentado en el acta de asamblea registrada ante la Secretaría de Economía el 16 de febrero de 2016 bajo el folio mercantil electrónico 37756./REPORTE INDIGO-PUNTOporPUNTO
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