LOS MUNICIPIOS donde sus alcaldes han sido señalados por cometer delitos o tienen un comportamiento cuestionable son los mismos en donde más se ha incrementado la inseguridad y prevalecen condiciones de marginación
El 6 de mayo de 2018, en pleno proceso electoral, fue detenido Alfonso Miranda Gallegos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia para la presidencia municipal de Amacuzac, Morelos.
- El municipio es identificado por las autoridades como la cuna del grupo criminal Los Rojos, y el candidato fue señalado de ser familiar directo de Santiago Miranda Hernández, El Carrete, líder de la banda.
Pese a su captura, el morenista apareció en la boleta electoral y fue elegido por los pobladores. Aunque nunca tomó protesta por su situación legal, de todas formas desde una celda en el penal federal de Durango inauguró obras de infraestructura, daba indicaciones y hasta dio el Grito de Independencia, el pasado 15 de septiembre, a través de una llamada telefónica.
El 2 de octubre sus derechos políticos le fueron suspendidos y fue entonces que tomó protesta un presidente municipal sustituto, Ramiro Iturbe Parra. Pero en sólo dos meses el nuevo alcalde ha recibido amenazas y su vehículo fue incendiado con bombas molotov.
Esta no es la única historia. ejecentral detectó 25 casos de alcaldes que no tienen ni un año en el cargo y ya ha sacaron el cobre. En su mayoría han sido denunciados penalmente o acusados públicamente de delitos cometidos como servidores públicos, faltas o actos poco éticos y hasta procesos de revocación de mandato.
Un entorno sin desarrollo
- Las acusaciones no distinguieron partidos o ideologías políticas. En el último año, al menos 25 alcaldes de diferentes municipios han sido señalados, detenidos, encarcelados o enjuiciados por su presunta relación con diversos delitos.
- Los municipios que gobiernan se caracterizan, principalmente, por tener poca población, pero un alto porcentaje de pobreza, pobreza extrema y de rezago educativo, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
- Al cruzar los datos, se observa que en esos municipios los delitos de alto impacto para la comunidad, en los últimos cuatro años, han aumentado de manera considerable, de acuerdo con los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Tal es el caso de robos, secuestros o extorsiones, por ejemplo.
Los munícipes por su parte, en medio de ese contexto social y criminal, acumulan desde señalamientos públicos por delitos menores, amenazas, agresiones, insultos, gastos innecesarios, pero también denuncias penales por narcotráfico, delincuencia organizada, secuestro y hasta homicidio.
Algunos casos
Los alcaldes y toda la estructura municipal son la autoridad más cercana a los habitantes, deben resolver sus problemas, generar bienestar y aplicar la ley. Cuando la autoridad municipal sufre un ataque, vive bajo amenaza, comete delitos o forma parte de un grupo criminal, comienza la fractura entre gobierno y población. Por ejemplo, uno de los alcaldes fue acusado de la desaparición de al menos 20 personas en su municipio San Felipe Jalpa de Díaz, Oaxaca. Al momento de su detención se le encontró un arsenal de armas. Pero un juez determinó que su detención fue “ilegal” y las pruebas no eran sólidas, por lo que una semana bastó para liberarlo. Recuperó su cargo.
- San Felipe Jalpa tiene 21 mil habitantes y el 92% de sus pobladores vive en situación de pobreza, y sólo un poco más de la mitad ha tenido acceso a la educación. El homicidio vio un aumento significativo de 2015 a 2019, al crecer en 566% en sólo cuatro años. Mientras que las carpetas por secuestro, aumentaron 100 por ciento.
- El alcalde de Bácum, Sonora, Rogelio Aboyte Limón, del partido Morena, enfrenta la pobreza de la mitad de su población. Quiso hacer el viaje de sus sueños a Disney, pero el viaje le salió caro. Intentó ingresar a Estados Unidos con un pasaporte falso, fue detenido y durante la investigación se dio a conocer que en 2010 purgó una condena por tráfico de cocaína en ese país y nadie lo sabía cuando fue electo.
La sentencia fue de 15 meses en prisión, pero para impedir perder su cargo llamó por teléfono y pidió permiso para separarse por tres meses, porque supuestamente estaba enfermo y necesitaba tratamiento en Estados Unidos. No tuvo éxito, fue removido de su cargo.
Otro morenista, Felipe Patjane Martínez, de Tehuacán, Puebla, no pudo llegar a su boda por culpa de una orden de aprehensión por malos manejos en su administración y que las autoridades cumplimentaron en el aeropuerto en vísperas de contraer nupcias. Al mismo tiempo enfrenta dos solicitudes de revocación de mandato/EJE CENTRAL-PUNTOporPUNTO
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