El movimiento contra la inseguridad y la violencia de género irrumpió este 2019 con fuerza en las universidades de todo el país, una ola que se prevé se intensifique el próximo año y se extienda más allá de las aulas educativas con el fin de que el Estado mexicano realmente tome acciones concretas contra estas problemáticas
- El 2019 pasará a la historia como el año en el que las y los universitarios de todo el país alzaron la voz en contra de la inseguridad y la violencia de género que viven en los planteles.
- El movimiento #MeToo en México, que tomó fuerza en el mes de marzo, fue fundamental para que las estudiantes se atrevieran a denunciar el hostigamiento y acoso sexual del que han sido víctimas
- “Visibilizó el tema, no es que no se viera, pero se visibilizó, se puso en la mesa. Más mujeres que sufrieron violencia se atrevieron a contar su caso, a pesar de que quizá ya habían iniciado un proceso interno en la universidad.
- “Muchas ya habían denunciado pero sus casos fueron desestimados o el Ministerio Público determinó que no había elementos para continuar o integrar una investigación, y al verse sin las herramientas para que los casos fueran atendidos, pues esta fue una manera de sacar a la luz lo que se estaba viviendo”, explica la abogada feminista Socorro Damián Escobar.
Desde entonces, las voces de alumnas agraviadas comenzaron a escucharse a lo largo y ancho del país.
De las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM), cientos de jóvenes han salido a las calles para exigir justicia por los feminicidios, las desapariciones, las violaciones y el acoso sexual.
También se han manifestado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), donde alumnas realizaron el tendedero del acoso, espacio en el que señalaron a maestros y alumnos de acosarlas en clase y en actividades extracurriculares.
En el sur del país, tras 10 años de ser ignoradas sus denuncias, se rescindió el contrato a un profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), por acoso, hostigamiento sexual y conductas misóginas.
Alumnas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) también denunciaron 36 casos de acoso y hostigamiento sexual por parte de sus compañeros y profesores, aunque las sanciones han sido mínimas.
Actualmente, universitarias de la Facultad de Filosofía y Letras, al igual que las comunidades estudiantiles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 7 y 9 de la UNAM, continúan en paro de labores debido a que acusan que las autoridades no han atendido sus demandas, sobre todo las relacionadas con casos de acoso sexual.
- “Yo pienso que este año fue decisivo, muchos movimientos pudieron alzar la voz. Entonces yo creo que esto tiene que llegar hasta donde pare, sinceramente no creo que todo lo que pedimos se resuelva en un mes que queda de este año”, dice una estudiante de la ENP 9, de 16 años, quien pidió ser identificada como Verónica para evitar represalias.
- La Universidad de Guanajuato (UG) fue una de las últimas instituciones en unirse a las protestas y ha sentado un precedente al obligar a las autoridades estatales y locales a entablar un diálogo y a disculparse por las omisiones en la atención de casos de estudiantes asesinados y desaparecidos.
- “A nombre del estado de Guanajuato, le ofrezco una disculpa pública a las víctimas de violencia de género y alumnos por las omisiones que hayan podido existir en los procesos de seguimiento de sus cargos”, dijo el gobernador panista, Diego Sinhue Rodríguez, el pasado lunes 9 de diciembre.
- En esa entidad, el movimiento que realizó el Comité Estudiantil obligó al Gobierno estatal, al municipal, a la fiscalía y a la rectoría a firmar un pliego petitorio con sus demandas para atender la inseguridad y la violencia de género, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
“La experiencia que deja el reciente movimiento estudiantil representa un gran reto para la Universidad de Guanajuato y, particularmente, para sus autoridades”, dijo el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, en un comunicado emitido el pasado 10 de diciembre.
El paro de labores que duró 6 días se originó por el feminicidio de la estudiante Daniela Vega, de 24 años y derivó en la renuncia de dos funcionarios de la UG: Julio César Kala, profesor e investigador de la División de Derecho; y Lourdes Elena Gazol Patiño, quien dirigía el Programa Institucional de Igualdad de Género de la UG.
“Creo que es un gran avance, aunque no lo es todo, porque habrá que darle seguimiento a los acuerdos que se están planteando dentro del mismo pliego petitorio”, señala al respecto la abogada Socorro Damián Escobar.
Para la diputada federal Lorena Villavicencio Ayala, coordinadora de la subcomisión de la Atención a los Feminicidios y Casos de Violencias de Género contra las Mujeres, el movimiento que se está generando alrededor de las agresiones contra las mujeres, no solamente visibiliza el tema, sino interpela al Estado mexicano y la ausencia de políticas públicas reales.
También la carencia de presupuesto y la falta de aplicación de la ley por parte de las autoridades evita que se puedan erradicar estas conductas.
- “Me parece que ese llamado de las mujeres convoca de manera exigente al Presidente de la República a que coloque este tema como una prioridad del Estado mexicano.
Si no se resuelve la violencia contra las mujeres no habrá pacificación del país, al contrario, se va a exacerbar la violencia y lo que queremos es justamente lo contrario, dice la legisladora de Morena/REPORTE INDIGO-PUNTOporPUNTO
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