En el primer recorrido que realizaron por las comunidades que se encuentran en los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi, funcionarios federales descubrieron que el gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó un segundo derrame de tóxicos mineros, la existencia de más de mil enfermos “no reconocidos” en la zona, y que el agua de ese importante caudal sigue contaminada.
José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), reveló el primero de los secretos mejor guardados sobre la contaminación de esas cuencas, que afectó a más de 22 mil personas en siete municipios ribereños.
“Recuerden que hubo dos sucesos: un convenio se firmó por el derrame del 6 de agosto (de 2014), pero 40 o 42 días después hubo otro derrame, del que sus acuerdos no están establecidos en ningún convenio, por lo que todo hay que revisarlo”, externó.
El funcionario federal expuso que ese otro vertimiento –desconocido para todos– aconteció entre el 16 y el 18 de septiembre del mismo año.
“Fue un pequeño escape, no comparable con el primero, pero sí se sumó a él”, afirmó Novelo Baeza.
- Este segundo “escape”, dijo, se suscitó porque había un “resquebrajamiento” en la estructura del represo Tinajas 1 y el represo Tinajas 2. “Todavía no estaba terminado; había unas válvulas que todavía no estaban instaladas y ahí ocurrió”.
- La revelación se dio mientras el grupo de funcionarios recorría el Hospital General de Ures, después de visitar la infraestructura –en obra negra– de lo que sería la Unidad de Vigilancia Epidemiológica.
- El titular de Cofepris expresó que hasta ahora no se había hecho pública la información del segundo derrame porque la investigación se encuentra en “litigio”, pero los afectados –subrayó– pueden hacerse de la información a través de sus autoridades municipales o estatales. “No la puede solicitar cualquiera”, aclaró.
En el primer recorrido también participó Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), quien descubrió que además de los 381 afectados a los que se les ha dado atención tras el derrame, se tiene registro de otros mil enfermos “no reconocidos” por el Fideicomiso Río Sonora, la empresa Grupo México y las estadísticas del gobierno federal.
En esto cinco años, apuntó, la atención médica de este millar de afectados corrió a cargo de los gobiernos federal y estatal (en caso de ser derechohabientes de algún servicio de salud) y del propio bolsillo de los enfermos.
La información se obtuvo cuando Ferrer Aguilar recorría las instalaciones de la Clínica de Vigilancia Epidemiológica y preguntó al titular de ese espacio de atención, Joel López Villagómez, por el uso que se le daba a un pequeño cuarto al fondo del traspatio.
- El director de la clínica respondió que se trataba de un archivero, y al abrirlo explicó el contenido de los documentos allí guardados.
- Eran los mil expedientes de los que no se sabía públicamente. Habían sido resguardados en ese lugar bajo el argumento de que ese millar de personas no estuvo en “contacto directo” con el agua contaminada, ya sea por “inhalarla”, “ingerirla” o “presentar algún padecimiento” en el periodo comprendido del 6 de agosto al 6 de octubre de 2014.
“Estos mil (casos) que no entraron en ese rango no fueron reconocidos. Presentan los mismos padecimientos, muy similares”, confesó Joel López Villagómez.
Y después justificó: “La Cofepris en su momento definió una estrategia operacional de cada caso. A esos mil (no reconocidos) los atendíamos y los derivábamos a los centros de salud estatales y federales”.
Tras el recorrido, los funcionarios enviados a Sonora por instrucción directa del presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron con los afectados de los siete pueblos ribereños, quienes se dieron cita en el auditorio de la ciudad que lleva por nombre Jesús “El Chobi” Ochoa, en honor al histrión sonorense./PROCESO-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
