El programa con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca apoyar a 103,000 escuelas, en una primera etapa, para el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento de los planteles públicos le faltan 6,439.5 millones de pesos.
- Esto debido a que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 destinó apenas la cantidad de 7,280.2 millones de pesos para este rubro, esto es una tercera parte del monto total que se prevé invertir en este ciclo escolar.
- Si bien se espera que los gobiernos de los estados aporten la misma cantidad de los recursos que recibirán; es decir otros 7,280.2 mdp, esto daría un total de 14,560.4 mdp no los 21,000 mdp que ha dicho el Ejecutivo que se van a invertir.
Recursos a escuelas sin intermediarios
Al cumplir su primer año de gobierno, López Obrador aseguró que con el nuevo ciclo escolar 2019-2020, el cual dio inició en agosto pasado, comenzó también el programa La Escuela es Nuestra, el cual explicó facilita recursos para la construcción, reparación y mantenimiento de las escuelas públicas con recursos otorgados directamente a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) y sin intermediarios. Con lo que cada escuela recibirá presupuesto anual.
“Los recursos están empezando a llegar directamente de la Tesorería de la Federación a la escuela, sin intermediarios ni trámites engorrosos. Se atenderá en una primera etapa a 103,000 escuelas, de las 173,000 existentes (…) El presupuesto inicial es de 21,000 millones de pesos y estamos acordando con los gobiernos estatales que aporten la mitad; la mayoría ha respondido bien y el primero en aceptar fue el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa”, aseguró el pasado 1 de diciembre.
Si bien desde julio, el secretario de Educación Esteban Moctezuma dio a conocer este programa, fue hasta octubre pasado que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos del programa.
Esto después de que se aprobó la Ley General de Educación, que desapareció el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), en cuyos artículos 105 y 106 se establece que para el mantenimiento de los muebles e inmuebles, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos, concurrirán los gobiernos federales, estatales, municipales y, de manera voluntaria, madres y padres de familia o tutores y demás integrantes de la comunidad a través de los Comités.
“El Comité Escolar de Administración Participativa, o su equivalente, tendrá como objetivo la dignificación de los planteles educativos y la paulatina superación de las desigualdades entre las escuelas del país, el cual recibirá presupuesto anual para mejoras, mantenimiento o equipamiento del plantel educativo”, señala la legislación.
¿Qué estados aceptaron el programa?
Una vez publicados los lineamientos, el presidente López Obrador dio inicio de manera simbólica a este Programa, con la entrega de tarjetas a 10 integrantes de los CEAP de planteles en Puebla por un monto 2.5 mdp.
Moctezuma explicó en aquella ocasión que en la primera etapa se van a invertir 338.3 millones en partes iguales entre la federación y el gobierno estatal de 169 millones 175, 000 pesos para atender 1,695 planteles en todos los municipios.
- De acuerdo con la página de la SEP de La Escuela es Nuestra, hasta el momento hay 26,210 escuelas de 31 estados las que participan en el programa, el 25.4% de la meta de más de 100,000. Además de Puebla, se han hecho entregas simbólicas de cheques en Yucatán, Guerrero y Oaxaca, donde se prevé invertir 2,000 mdp para 10,000 escuelas oaxaqueñas.
- “En este programa tengo que hacer el reconocimiento al gobernador Alejandro Murat, que cuando le hicimos el planteamiento dijo: ‘Yo le entro’, y son 1,000 millones de la federación y 1,000 millones del presupuesto estatal de Oaxaca”, dijo López Obrador el 20 de octubre pasado.
- Chiapas (5,608 planteles), Oaxaca ( 4,150 planteles) y Veracruz (3,109 planteles) son los estados con el mayor número de escuelas señaladas como participantes. Mientras que Aguascalientes (1), Colima y Coahuila (8), y Baja California Sur (11) son los estados con menos escuelas que recibirán apoyo.
En la primera etapa se dará prioridad a los planteles ubicados en zonas de muy alta y alta marginación y localidades de población indígena.
Las preocupaciones
El documento con los lineamientos señala que “los gobiernos del ciclo neoliberal desatendieron esta obligación (de garantizar la educación en todos los niveles), ya fuera por medio de la subrogación a particulares o sin contemplar recursos necesarios para el mantenimiento de planteles educativos o a través de mecanismos bursátiles de deuda, con uso discrecional y clientelar”, lo que ocasionó que buena parte de los recursos destinados para la dignificación de los planteles educativos del país fuera ejercido en procesos poco transparentes.
- Esto en referencia a proyectos como Programa para la Reforma Educativa, que salió en 2015 y daba recursos a las escuelas destinados a cuatro componentes (para construir, remodelar o habilitar infraestructura, para el mejoramiento de las capacidades, para la supervisión escolar y para bebederos escolares), y para el programa Escuelas al CIEN, programa que usaba certificados bursátiles apoyar con recursos a los planteles, pero comprometía los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) hasta por 25 años.
- En el ciclo escolar 2017-2018 se ejercieron 1,066 millones 183,291 pesos en el Programa de Reforma Educativa, esto es casi seis veces menos que lo que destinará el gobierno federal para el programa la Escuela es Nuestra. Para Escuelas al CIEN se asignaron 6,817.6 millones de pesos en 2017 y 1,269.6 en 2018. Ambos se operaban a través del Inifed.
“Hemos visto de primera mano que los programas de transferencias sí pueden tener un impacto importante en las escuelas y el aprendizaje de los niños (…) pero el éxito de los programas depende del acompañamiento a las comunidades”, señaló Jennifer O’Donnoghue, directora de Mexicanos Primero.
La experta en temas educativos reconoce que si bien se apoya a las escuelas con recursos como con programas pasado, el nuevo esquema sólo se enfoca en la infraestructura y no en la gestión educativa; señala que debe haber claridad sobre quién es el responsable del buen uso de los recursos y cómo se va a garantizar que los Comités están funcionando; además que se debe fortalecer la transparencia y el ejercicio de los recursos.
“Hay mucha promesa en un programa así, pero se tiene que fortalecer desde los lineamientos y las prácticas para que lleguemos a esas promesas”, aseguró.
¿Cómo se accede a los recursos?
Los lineamientos establecen que se debe conformar un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), conformado por:
- Un Presidente, que deberá ser una madre, padre de familia o tutor, con hijo(s) inscrito(s) en alguno de los Centros de Trabajo del Plantel.
- Un Secretario Técnico que deberá ser madre, padre de familia o tutor, docente o directivo de la comunidad escolar.
- Una Tesorera, que será una madre de familia o tutora, cuando el contexto lo permita.
- Dos Vocales, que podrán ser madres, padres de familia o tutores, docentes o directivos.
- Un alumno de 4º grado en adelante, inscrito en el mismo Plantel, podrá ser electo para participar como invitado permanente con voz, pero sin derecho a voto.
Las actividades principales del CEAP son:
-Realizar primero un diagnóstico de las necesidades en la escuela.
-Elaborar después un plan de trabajo para que la asamblea escolar elija las actividades a ejecutar en cada plantel.
-Ejercer de manera ordenada y transparente los recursos.
-Llevar a cabo acciones de mantenimiento, remodelación, equipamiento, mejora y construcción en el plantel.
-Informar a la asamblea del inicio y del avance de los trabajos, así como rendirle cuentas.
-Crear un mural de información permanente.
Una vez establecidos los Comités en los planteles, se harán las transferencias definidas de la siguiente manera de cinco a 50 alumnos, 150,000 pesos por ciclo escolar; de 51 a 150, 200,000 pesos; más de 150 alumnos, 500,000 pesos.
Para O’Donoghue se está “poniendo mucha carga sobre los comités”, cuando es obligación del Estado garantizar la educación./EXPANSIÓN-PUNTOporPUNTO