Es costumbre que los cargos en política y administración pública sean ocupados por una élite, cercanos a quién ejerce el poder y, en ocasiones, desplazando al mérito y al conocimiento necesarios para su ejercicio, y que en muchas ocasiones llegan con una visión distorsionada, una ausencia de sensibilidad o peor, bajo el espejismo de un merecimiento historico o por herencia, cuando el Estado ha pagado y con creces la recompensa de servir a la nación.
Así apellidos se posicionan como colonizadores del poder político, y en muchas ocasiones, impidiendo que exista una renovación de cuadros al servicio del país.
La ríspida designación que hizo el Senado de la República sobre la persona de Rosario Piedra Ibarra, ha sido motivo de discusión en la opinión pública, cuando su militancia en el partido en el poder es un impedimento legal para llegar a la titularidad del ombusperson nacional.
Su madre, Rosario Ibarra de Piedra, ha sido activista por los derechos humanos y decidió abrazar esta bandera y fundar el Comité Eureka, cuando como madre sintió en carne propia la desaparación de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, a quién en registros de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), éste aceptó que pertenecía a la Liga Comunista 23 de septiembre con el sobrenombre «Rafael», que participó en asaltos, secuestros y homicidios, entre ellos, el del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada (Revista Proceso, mayo 4, 2003. Los últimos días de Jesús Piedra Ibarra, en https://tinyurl.com/tpoqlfa).
La desaparición de Jesús Piedra Ibarra no deja de ser un suceso deplorable, por tratarse de un acto cometido por servidores públicos en el ejercicio de una función de gobierno, cuyos actos se configuran como un delito de lesa humanidad, bajo la responsabilidad del Estado mexicano, que bajo el derecho positivo mexicano es un acto juzgado que ha causado estado, es decir, es cosa juzgada cuando la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) instituída en la administración del expresidente Vicente Fox Quesada, documentó los momentos previos y posteriores a la detención y desaparición de Piedra Ibarra, quién acusó a Luis de la Barreda Moreno, Miguel Nazar Haro y Juventino Romero Cisneros, como probables responsables del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro.
Por su parte y hasta antes de que la izquierda llegara al poder, la señora Rosario Ibarra de Piedra ha sido reconocida por la izquierda mexicana y la ha postulado como candidata a la Presidencia de la República, además ha sido dipudada federal, senadora y, recientemente galardonada con la medala Belisario Domínguez. Es decir, su esfuerzo no ha sido en vano y ha aportado su experiencia en el Congreso.
Sin embargo, la pena que embarga a la familia Piedra Ibarra se suma a la de otros desaparecidos en la guerra sucia de los 70’s, así como de cientos, o miles, de familias que en los últimos tres sexenios han sufrido la violencia en el país.
Por padecimiento familar y propio, Rosario Ibarra Piedra tiene los méritos suficientes y necesarios para ser la titular de la guarda y custodia de los derechos humanos del país, pero se equivocan quienes creen que por causas hereditarias o partidistas es merecedora a tal cargo.
Sabemos que la verdadera razón es, por su militancia en Morena, porque viene de ser candidata a una diputación federal por Nuevo León en el pasado proceso electoral federal, pero ni la aflicción familiar o personal, ni su buena voluntad, o su creencia que le corresponde por derecho de herencia, le alcanza para un desempeño ajeno e independiente al poder político que la promovió a ese cargo, en un país en donde se carece de humildad para reconocer las deficiencias propias; un país que le cuesta trabajo sujetarse a la voluntad del estado de derecho y al imperio de la ley y las instituciones que rige.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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