La Unidad de Inteligencia Financiera es un organismo fundamental para el combate al crimen organizado, sin embargo, en la Cámara de Diputados está abierta la discusión sobre si se le deben otorgar mayores atribuciones como sugiere Morena, pues la Oposición asegura que al fortalecerla se podría utilizar también con fines políticos
- Bajo el compromiso presidencial de acabar con la corrupción, a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le fue encomendada la tarea de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita que cometan funcionarios públicos, empresas, líderes sindicales y organizaciones criminales.
- Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la UIF ha sido uno de los organismos más activos en perseguir delitos como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y defraudación fiscal, entre otros.
- Las investigaciones de la UIF han sido fundamentales para congelar cuentas millonarias a grupos del crimen organizado dedicados al tráfico de drogas o al robo de combustible; y también originaron que funcionarios de sexenios anteriores sean presentados ante jueces para explicar presuntos actos de corrupción
- Con el impulso de Morena, en el Congreso de la Unión se discute atribuirle más funciones a la Unidad de Inteligencia Financiera con el objetivo de hacer más eficiente su labor.
La intención es dotar de “superpoderes” a esta Unidad para que pueda continuar con su labor de investigar a exservidores públicos y bloquear cuentas bancarias para seguirle la pista al dinero ilícito.
La propuesta ocasionó el encono entre la Oposición y el partido mayoritario en la Cámara de Diputados.
El argumento de los detractores es que las nuevas tareas que se pretenden asignar a la UIF pueden vulnerar derechos humanos de quienes sean investigados.
El otorgamiento de más funciones a la Unidad que encabeza Santiago Nieto, está comprendido en la iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).
La propuesta establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) -a la cual está adscrita la UIF- pueda bloquear las cuentas bancarias de personas sin que esta acción se tenga que realizar por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como sucede en la Ley vigente.
Además, la reforma incluye un mecanismo para que los sujetos investigados realicen su solicitud de audiencia durante los 10 días hábiles posteriores a la notificación del congelamiento de cuenta, que será emitida por su institución bancaria.
- En San Lázaro los partidos contrarios a Morena se opusieron a que fueran las instituciones bancarias las encargadas de dar aviso a las personas indagadas, al argumentar que la Ley estipula que debe de ser la autoridad competente, es decir, la propia Unidad de Inteligencia Financiera.
- Pese a que la reforma fue aprobada en lo general el pasado miércoles, una reserva a la minuta mantiene a la Cámara baja en suspenso y la discusión continuará esta semana, debido a la falta de consensos.
- Para Patricia Terrazas Baca, diputada del PAN, la reforma a la LIC viola el artículo 16 constitucional, el cual establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente”.
Lo que dice la iniciativa es que se notifique por medio de la institución financiera, pero esta no es una autoridad competente. Y no lo puede fundar ni motivar, porque eso solo puede hacerlo una autoridad/REPORTE INDIGO-PUNTOporPUNTO
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