En el 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó 69 esquemas de pensiones bajo el régimen de beneficio definido, de los cuales aseguró que no son financieramente sustentables y son un factor de vulnerabilidad para las finanzas públicas del país.
- En la segunda entrega de la Cuenta Pública 2018, indicó que dicho esquema es utilizado por 66 instituciones públicas, como el IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE y universidades públicas estatales, a pesar de su insostenibilidad.
Explicó que en el régimen de beneficio definido el monto de la pensión se establece conforme a la edad y tiempo laborado del trabajador, independientemente del monto acumulado por cuotas obrero-patronales y las aportaciones del gobierno federal, lo que implica un riesgo financiero, toda vez que las aportaciones realizadas no corresponden con el monto de la pensión otorgada.
- De esta manera, el valor de las obligaciones financieras de los 69 esquemas pensionarios representó 72.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2018, por un total de 17 billones 25,062.7 millones de pesos.
- Dicha cantidad significó tres veces el gasto neto del sector público en ese año, por 5 billones 611,559.1 millones de pesos, y 5.6 veces los ingresos tributarios que se obtuvieron por 3 billones 62,331.4 millones de pesos.
Con lo anterior, la ASF expuso que “el régimen de beneficio definido no es financieramente sustentable, ya que las provisiones y reservas para afrontar el pago no son suficientes, lo que implica una presión sobre la estabilidad de las finanzas públicas”.
Además, no se ha realizado una estimación del pasivo laboral que podría representar la población cotizante al IMSS que pueda pensionarse al amparo de la Ley del Seguro Social de 1973, esquema que presenta el mayor número de pensionados del régimen de beneficio definido, agregó.
El reporte de la Cuenta Pública detalló que, si bien el Estado implementó acciones para disminuir el déficit actuarial, mediante el cambio de régimen de beneficio definido a cuentas individuales, las causas que generan el problema aún no han sido atendidas, toda vez que al 2018 persiste un problema financiero que constituye un factor de vulnerabilidad para las finanzas públicas en el mediano y largo plazos.
La ASF enfatizó que los 69 esquemas de pensiones de beneficio definido cuentan con diversas condiciones para que el trabajador se pensione, lo que genera una fuerte fragmentación del propio sistema. “Esto puede derivar en un aumento en el costo fiscal si dichos esquemas no están debidamente fondeados y regulados”, añadió.
Por ello, urgió a la homogeneización de un sistema, el cual debe orientarse a regular las condiciones de financiamiento de los esquemas, a efecto de que las instituciones prevean y fomenten una situación financiera sustentable en el largo plazo.
Pensionados bajo el esquema de beneficio definido.
De los 22 millones 978,667 trabajadores que forman parte de la población económicamente activa y con acceso a una pensión, 34.4% son trabajadores que pertenecen al régimen de beneficio definido, un total de 7 millones 898,080.
- De este total, 79.3% se concentra en el IMSS y está denominado como el régimen de transición; 14.4% está en el ISSSTE; 3.3%, en el ISSFAM, que es el esquema de las Fuerzas Armadas; 1.8%, en Pemex; 0.6%, de CFE, y 0.6%, en universidades públicas estatales.
La ASF detalló que en el periodo 2013-2018 la población con acceso a pensión bajo el régimen de beneficio definido disminuyó en promedio anual 2.1%, al pasar de 8 millones 780,347 a 7 millones 898,080, como consecuencia de las reformas a los principales esquemas de pensiones y jubilaciones del país./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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