Con ello, Bonilla se convirtió en el quinto representante de Morena en conseguir el cargo Ejecutivo más alto en un estado y el primero que rompe la tradición de 30 años ininterrumpidos de gobiernos panistas en la entidad del extremo noroeste del país.
- Un cargo cuya duración, hasta el cierre de esta edición, sigue siendo indeterminada.
Después de su contundente victoria el pasado 2 de junio, la imagen de la nueva administración, así como la de sus representantes, entraron en periodo de desgaste debido al impulso y defensa de la llamada Ley Bonilla –la reforma a la Constitución local que amplía el periodo de mandato del nuevo gobernador de dos a cinco años.
La modificación fue rechazada a nivel nacional e impugnada por los principales partidos de oposición, y se encuentra actualmente bajo análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), órgano que emitirá el veredicto definitivo sobre el tiempo que deberá gobernar el morenista.
La Ley Bonilla es un tema que transformó la visión de gran parte de los bajacalifornianos, quienes además de perder el entusiasmo ante el histórico cambio de régimen, se mantienen en la incertidumbre de no saber qué otros cambios podría traer el régimen de la Cuarta Transformación a la franja fronteriza.
(La nueva administración) no emitió un discurso de respeto a la Constitución federal ni a la del estado, sino uno de autoritarismo poderoso y controlador. Y eso inhibe la participación cívica de los ciudadanos. Percibo que hay inconformidad, inquietud y temor en la entidad
El también diputado federal, quien en 1989 -abanderado por el PAN– encabezó el primer gobierno de alternancia en el país y que sentó un precedente para que su partido administrara la entidad por 30 años, considera que esta transición es totalmente opuesta a la de entonces, al tomar en cuenta no solo el rechazo social por la ampliación de mandato, sino por el pequeño margen de maniobra que tienen para entregar resultados.
- “Efectivamente, un gobierno de dos años es de una pequeña transición; es difícil contemplar planes de gobierno importantes en ese lapso y seguramente mucho del ánimo del nuevo gobernador (respecto a la Ley Bonilla) está inscrito en que sabe que la efectividad de su gobierno va a ser escasa”, menciona.
Ruffo Appel enfatiza que por la parte jurídica, Jaime Bonilla únicamente fue electo para gobernar por un periodo de dos años, por lo que cualquier resolución contraria correspondería a una manipulación de la SCJN.
Horas antes de la sucesión, los mariachis tocaron Las Golondrinas afuera de su todavía despacho oficial, música que enmarcó el cierre de la gubernatura de Francisco Vega de Lamadrid.
El hoy exmandatario se despidió de los bajacalifornianos llevando a cuestas seis años de acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, fallas en la administración y desatención de problemas básicos de infraestructura y seguridad en la entidad.
El gobierno de Vega dejó una deuda multimillonaria en el sector educativo –más de mil 500 millones de pesos a la Universidad de Baja California– y que recibió críticas severas por megaproyectos como la desalinizadora en Rosarito, cuyo costo superó los 76 mil millones de pesos.
- “El gobierno saliente de Kiko Vega dejó las finanzas de la entidad en alfileres. Se dedicaron a, como me gusta decirlo, sacar una tarjeta de crédito para pagar otra. Y así se la llevaron y nunca arreglaron los problemas estructurales”, dice Ernesto Elorduy Blackaller, presidente de Coparmex en Mexicali.
Para el titular del organismo empresarial en la región, la gestión saliente tuvo deficiencias en el desarrollo de infraestructura y en la administración de los recursos públicos, lo que llevó a al gobierno anterior a endeudar a la entidad. Es por ello que Jaime Bonilla se verá en aprietos, pues su margen financiero será corto a la hora de emprender proyectos propios.
El gobierno deberá administrar los recursos públicos de forma responsable, ante el adverso panorama financiero que enfrenta BC
No obstante, el representante de la Coparmex confía en que el problema pueda solucionarse, aunque asegura que “se necesita un liderazgo político con mayor responsabilidad a diferencia del que tuvo el gobierno saliente”.
Con respecto a la Ley Bonilla, Elorduy Blackaller afirma que de momento la incertidumbre no afecta el crecimiento económico de la región debido a que en Baja California “la economía sigue adelante, impulsada por el sector privado, independientemente de quién esté en la silla del gobernador”
El presidente de la Coparmex del estado añade que si la SCJN resuelve el tema a favor de Jaime Bonilla, se estaría dejando un precedente para que las reglas del juego pueden cambiarse aún después de concluida una elección.
“Si se llega a decidir que la gubernatura va a ser de cinco años sí nos podría afectar porque se estaría mandando una señal a todo el país –no solo a Baja California– de que el Estado de Derecho es endeble y estará sujeto a los intereses políticos del momento. Eso sería una señal negativa que afectaría a la imagen del estado y el gobernador”, añade Blackaller./REPORTE INDIGO-PUNTOporPUNTO
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