La pregunta estuvo acompañada de una manifestación por parte de legisladores de oposición que con caretas con el rostro del director general de la Comisión Federal de Electricidad subieron a tribuna con una manta en la que se leía: “¿Así puede ver lo que todos vemos? Bartlett Bienes raíces”, en alusión a las 25 casas con un valor de 800 millones de pesos que presuntamente el funcionario federal no declaró como parte de su patrimonio.
En respuesta, Sandoval Ballesteros aseguró que en el gobierno de la 4T “no hay filias ni fobias en la investigación que se hace sobre funcionarios ni de ésta ni de las administraciones pasadas”. Y fue clara al precisar que sí se inició la investigación contra el director de la CFE y se han recibido informes precisos por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Agregó que se está trabajando de la mano con los registros públicos de la Ciudad de México y se dará cumplimiento a las indagatorias en torno a los señalamientos contra Manuel Bartlett por enriquecimiento.
- “Son algunas de las acciones que con apego a la norma hemos estado haciendo con mucha responsabilidad, pulcritud y en tiempos que las diligencias nos exigen. No hemos dejado desperdiciada ni una hora ni un minuto en darle puntual seguimiento a las exigencias que tenemos, que nos hemos autoimpuesto, de hecho, con este caso que se encuentra en investigación y que, precisamente por ello, no puedo dar información adicional, pero ténganlo claro, sí estaremos dando puntual información y dando la cara sobre esta investigación tan relevante”, afirmó.
- Abundó que, a partir del 1 de diciembre de 2018 al 15 de octubre de este año, la Dirección General de Información e Integración de la SFP concluyo 84 expedientes que contienen análisis de evolución patrimonial de forma aleatoria, 62 de éstos fueron enviados “a una sustanciación” a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
- Esta mujer, una de las funcionarias preferidas del presidente López Obrador, dijo que su dependencia coadyuva con la Fiscalía General de la República (FGR), en particular con la Fiscalía Anticorrupción.
- “Sin dolo, pero con mucha responsabilidad y con la finalidad de inhibir prácticas ilícitas, fomentar transparencia y caminar rumbo al desarrollo de sistemas integrales de evolución patrimonial que permitan no estar desconectados o divorciados entre el Poder Judicial, la Fiscalía, el Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera”, añadió.
La titular de la Función Pública señaló que la “corrupción es un cáncer que nos lacera”, por lo que se está combatiendo estas conductas, y celebró que esta práctica volvió a ser considerada un delito grave y está en la Constitución, y se castiga con prisión.
Reiteró que en el gobierno de la Cuarta Transformación “no hay intocables ni perseguidos”, estas palabras las arrastró desde el Senado de la República, donde ya había comparecido.
- “Investigamos lo mismo a servidores públicos de la administración actual, destacados servidores públicos de la administración actual, que servidores públicos que tenían procesos abiertos en las administraciones anteriores y a los que estamos obligados también a terminar sus procesos”, puntualizó la titular de la ASF.
- Indicó que se trata de licitantes, proveedores y contratistas, por lo que se establecieron 187 sanciones y se impusieron multas por más de mil 400 millones de pesos, 25 por ciento adicional que en el periodo idéntico del año anterior.
- Por ello, aseguró, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros fue enfática en que la dependencia que encabeza ha dado muestras claras de que no se protegerá a nadie, al contrario, redoblarán la fiscalización y exigencia a funcionarios.
- En este sentido, el diputado del PAN, José Martín López Cisneros, la exhortó a que realice auditorías permanentes a las principales obras del Ejecutivo como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, con el objetivo de identificar deficiencias en los recursos públicos asignados.
- Y respondió: “No vamos a estar sujetos a los ataques sin fundamento; tenemos la responsabilidad de actuar en función de la ley. No hay consignas, no hay filias para proteger, para escudar a nadie. Pero tampoco hay fobias ni en contra de funcionarios ni de ciudadanos ni en contra de miembros de la sociedad civil. Aquí no se investiga por consigna”, aseguró Sandoval Ballesteros.
La funcionaria enfatizó que la dependencia a su cargo, entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, “ha impuesto casi 3 mil sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas”.
Al arrancar con su intervención, destacó que las auditorías por la construcción del AICM arrojaron 69 observaciones equivalentes a 16 mil millones de pesos./LA CRÓNICA-PUNTOporPUNTO
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